El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Fiscal, ha informado este viernes de que su formación ha presentado una denuncia en las ocho inspecciones de Trabajo de las provincias andaluzas a fin de que se compruebe si los auxiliares de playa contratados por la Junta de Andalucía para prevenir el Covid-19 "no están dados de alta en al Seguridad Social".
En declaraciones a los periodistas antes de visitar la empresa de cultivo de arándanos Atlantic Green, Fiscal ha avisado que de no estar dados de alta sería "muy grave". "Mas allá del cachondeo que ha supuesto la contratación de estas 3.000 personas o lo presuntos tratos de favor que ha habido con muchos de ellos relacionados con los partidos que gobiernan, tenemos noticia de que ni están dados de alta", ha abundado.
Por eso, los socialistas han presentado denuncia en las inspecciones de Trabajo de las ocho provincias andaluzas, porque se trata de "una cuestión absolutamente grave".
Fiscal ha insistido en que la contratación de estas personas "se ha hecho con nocturnidad, alevosía y sin que todas las personas que podían optar legítimamente a trabajar ahí hayan tenido las mismas oportunidades, con un presunto trato de favor que analizamos para ver si vamos más allá y acudimos a la Justicia".
Para terminar, el portavoz socialista ha recalcado que la gestión del Gobierno andaluz del PP-A y Cs en este asunto es "un completo desastre, un desbarajuste y supone una invasión de competencias municipales".
24 horas para contratar a 3.000 vigilantes
En la entrevista que este medio publicaba el pasado 27 de junio con el parlamentario por Cádiz del PSOE-A, Manuel Jiménez Barrios, el veterano socialista ya abordaba este tema poniendo encima de la mesa varias cuestiones. "¿Cómo se contrata en la administración en 24 horas por una página web? En esas 24 horas, se presentan 80.000 personas como candidatas a vigilantes de playa, ¿quién decide cómo se elige, cuál es el mérito y la capacidad que les acompaña, cuál es la comisión de evaluación que lo hace…? De eso no explican nada", señalaba el que fuera vicepresidente de la Junta.
Y tras apuntar los continuos devaneos de la administración de Moreno Bonilla respecto al sueldo que iban a percibir finalmente los vigilantes, ponía en duda la legitimidad de la contratación y la falta de transparencia. "Todo el mundo tiene derecho a pensar que ha sido un agujero muy negro y por tanto una oportunidad para el enchufismo, que ellos practican a menudo".
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