El juez Juan Carlos Peinado prevé dictar antes de finales de septiembre el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, con lo que culminaría la fase de instrucción y el procedimiento pasaría a la Audiencia Provincial de Madrid. El juicio, que se celebraría con jurado, está previsto para 2027.

Según fuentes jurídicas citadas por EFE, el siguiente paso llegará después de que el abogado de Gómez, Jaime Campaner, presentara el pasado viernes su escrito de conclusiones provisionales. Era el último documento pendiente para que Peinado pueda convocar la audiencia previa, en la que las partes serán escuchadas antes de dictar el auto de apertura de juicio oral, una resolución que no es recurrible.

El magistrado tiene previsto completar este trámite antes del 27 de septiembre, fecha en la que cumple 72 años y en la que debe jubilarse por ley. De esta forma, cerraría una fase de instrucción que comenzó el 16 de abril de 2024 y trasladaría el procedimiento a la Audiencia Provincial, donde se abriría una fase intermedia. Primero se deberá determinar, mediante reparto ordinario, cuál de las quince secciones penales será la encargada de enjuiciar el caso.

Durante esta etapa, las partes podrán plantear cómo debe desarrollarse el juicio y defender la incorporación de determinados testigos o pruebas periciales. No existe un plazo concreto para esta fase y, una vez que el procedimiento llegue a la Audiencia, el periodo habitual hasta la celebración del juicio oscila entre cuatro y ocho meses, en función, entre otros factores, de la carga de trabajo de la sección y de la duración prevista de la vista oral.

Un juicio en 2027

Por ello, el juicio se celebraría previsiblemente en 2027, aunque todavía no puede determinarse si tendrá lugar antes, durante o después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de ese año. Begoña Gómez se enfrentará a acusaciones por presunto tráfico de influencias y malversación, mientras que su asesora, Cristina Álvarez, está acusada de presunta malversación. La Audiencia Provincial mantuvo el juicio con jurado, pero sobreseyó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida atribuidos inicialmente por el juez. Además, separó al empresario Juan Carlos Barrabés para que la investigación sobre la legalidad de las adjudicaciones de contratos públicos continúe en otra causa. Esta decisión obligó a reordenar el procedimiento, anulando lo practicado desde abril y haciendo que las partes presentaran de nuevo sus escritos.

De cara al juicio, Begoña Gómez pide su absolución y niega haber utilizado «su vínculo matrimonial» con el jefe del Ejecutivo para conseguir una cátedra universitaria o beneficiarse económicamente de ella. También rechaza haberse apropiado de un ‘software’ de la Universidad Complutense de Madrid o haber utilizado a su asesora para tareas indebidas. Cristina Álvarez reclama igualmente la absolución y considera "disparatada" la acusación. La Fiscalía pedirá la absolución de ambas al no apreciar delito, mientras que la acusación popular, liderada por Hazte Oír, solicita 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez, frente a los 24 y 22 años que reclamaba inicialmente. Por su parte, la Universidad Complutense reclama a Gómez más de 113.000 euros de responsabilidad civil por el ‘software’ creado para la cátedra que codirigió.