El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, se enfrenta a partir de este lunes a los siete años y nueve meses de prisión que le pide la Fiscalía Anticorrupción por las adjudicaciones presuntamente irregulares por un importe de más de 355.000 euros concedidas por el Ayuntamiento de Jerez en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004. Este juicio, que se prolongará hasta septiembre, comienza una semana después de que el empresario conociese la condena a seis años y nueve meses de cárcel por los sobornos a directivos de Aena.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene previsto juzgar estos hechos que forman la pieza separada del caso Gürtel los contratos con el ayuntamiento jerezano en 19 sesiones, que se celebrarán en varios días de junio, julio y septiembre, según el auto dictado por la Sección Segunda.
Además de Correa, se sentarán en el banquillo de los acusados su 'número dos', Pablo Crespo; la que fuera administradora de sus empresas Isabel Jordán, y el empleado Javier Nombela. También serán juzgadas las entonces interventoras municipales del Ayuntamiento de Jerez; el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad; una empleada de este organismo; y el antiguo secretario del Consistorio.
Anticorrupción pide para los dos líderes de la trama Gürtel y los dos empleados de las empresas de Correa, siete años y nueve meses de prisión por prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y falsedad en documento mercantil; mientras que para los trabajadores municipales, excepto una de las interventoras, solicita siete años de cárcel por los mismos delitos, salvo el de falsedad en documento mercantil. Para la otra interventora del Consistorio, sólo se piden de dos años de cárcel por prevaricación y fraude en las administraciones.
"Groseras ilegalidades"
En este caso, el procedimiento versa sobre la contratación de tres empresas vinculadas a Correa (Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio) para el montaje del expositor de la ciudad jerezana en Fitur 2004 por más de 355.000 euros mediante adjudicaciones "sin concurso público" que incurrieron en "groseras ilegalidades", tal y como explicó el juez instructor José de La Mata en el auto con el que enviaba la pieza a juicio en enero de 2016.
Según concluyó, las sociedades comenzaron a ejecutar sus servicios incluso antes de que el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad los concediese formalmente, pese a que no era el órgano competente para ello. Además, los contratos y expedientes administrativos —que en ocasiones se trataron como si fuesen "menores sin publicidad"— se elaboraron una vez finalizada la feria, lo que demostraría que "se construyeron" ad hoc y que "las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas".
De la Mata considera que hay indicios suficientes de que el secretario del Ayuntamiento y las interventoras suscribieron los documentos para "dar apariencia de legalidad" a las actuaciones; mientras que el entonces director del IPD justificó "indebidamente" las memorias del organismo para acudir a un "procedimiento de urgencia" y Montenegro intervino en la elaboración de la documentación incorporada a los expedientes.
La adjudicación del 'stand' de Fitur y su promoción con publicidad y propaganda llevaron aparejados sendos presupuestos de 162.806,37 y 141.367,56 euros, el espectáculo ecuestre de la Plaza Mayor costó 39.366,92 euros y la muestra de flamenco, 11.855,08 euros.
Archivo para la exalcaldesa
Asimismo, el juez De la Mata atribuyó a la exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo la "consciente adopción" de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.
Sin embargo, al estar entonces aforada, fue el Tribunal Supremo quien investigó a García Pelayo y acordó, casi cuatros meses después de que el juez de la Audiencia Nacional decidiese sentar en el banquillo a Correa y los otros ocho investigados, archivar la causa contra ella. El magistrado instructor del alto tribunal Antonio del Moral reconoció en su auto que existen "datos abrumadores" de irregularidades en la adjudicación de contratos del Consistorio, pero entendió que la entonces regidora no tenía por qué saber lo que firmaba.
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