El PSOE de Sevilla ha mostrado su respaldo a las once familias de Palmete que reclaman una solución urgente para poder seguir viviendo en sus VPO de alquiler asequible situadas en la calle Verdad 54. La amenaza de desahucio planea sobre estos vecinos después de que el inmueble haya sido adquirido por un fondo de inversión.
La concejala socialista Natalia Buzón ha participado este sábado en la manifestación convocada por las familias afectadas junto a diversas organizaciones sociales y sindicales. La marcha partió desde la Gran Plaza y finalizó ante la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, a la que también se le reclama intervención para garantizar estabilidad y seguridad residencial.
Menores y dependientes entre los afectados
Buzón ha subrayado que entre los residentes del edificio hay menores y personas dependientes, lo que, a su juicio, agrava la situación y exige una respuesta inmediata de las administraciones.
La edil ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que actúe con “transparencia” y adopte una solución definitiva que permita a estas familias mantener sus alquileres en condiciones asequibles y evitar su expulsión del barrio.
El Grupo Municipal Socialista ha defendido en la Comisión de Fiscalización y Control del Gobierno una moción para que Emvisesa adquiera el inmueble. Según Buzón, esta es “la única vía para garantizar que esta vivienda de protección oficial siga cumpliendo su función social hasta el año 2043”.
El precedente de 2021
La concejala ha recordado que en 2021, cuando el PSOE gobernaba en el Ayuntamiento de Sevilla, Emvisesa ejerció el derecho de tanteo y retracto para evitar una situación similar. Entonces, la empresa municipal invirtió 2,2 millones de euros y logró incorporar 28 viviendas al parque público, impidiendo que sus residentes fueran desalojados.
“Si se hizo en 2021, se puede hacer ahora”, ha señalado Buzón, quien ha insistido en que la empresa pública no puede convertirse en “la empresa municipal que permite desahucios en Sevilla”.
Para el PSOE, la compra del edificio permitiría blindar el carácter social de estas viviendas de protección oficial, evitando que el cambio de propiedad derive en la pérdida de alquileres asequibles y en la salida forzosa de las familias.
La movilización de este sábado visibiliza un conflicto que pone el foco en el papel de las administraciones ante la vivienda protegida y en la exigencia de medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna en barrios como Palmete.
