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El Consejo de Ministros prevé aprobar el martes un real decreto de ayudas para los afectados por elaccidente ferroviario de Urda (Toledo). En esa misma reunión, Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, presentará un informe sobre lo sucedido, según fuentes del Gobierno.
Será el primer Consejo tras el siniestro. La previsión es que Puente comparezca después en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa para explicar tanto el contenido del informe como las ayudas destinadas a las víctimas.
Dos comparecencias para explicar el accidente
Horas después, el ministro acudirá a la Diputación Permanente del Congreso, donde también informará de los datos de los que dispone sobre el accidente.
Pedro Sánchez ya anunció el jueves en Toledo que la Administración General del Estado destinaría apoyo económico a los afectados, además de atender la emergencia y trabajar para esclarecer lo ocurrido.
El informe recogerá, previsiblemente, detalles de las explicaciones ofrecidas por Puente el viernes. En aquella comparecencia, el ministro volvió a descartar su dimisión y anunció medidas para reducir la posibilidad de fallos técnicos y "recuperar la confianza" en el sistema ferroviario.
Sánchez reconoció ese mismo viernes que esa confianza está "quebrada" tras los accidentes de Urda y Adamuz.
Las ayudas aprobadas tras Adamuz
El precedente es el decreto aprobado nueve días después del accidente de Adamuz, ocurrido el 18 de enero. Aquella norma contempló algo más de 210.000 euros por fallecido entre ayudas inmediatas y adelantos.
El reparto incluía 72.000 euros a fondo perdido, otros 72.000 como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 más correspondientes al seguro obligatorio.
Puente explicó entonces que los procedimientos ordinarios y los plazos judiciales no siempre responden a la urgencia de una tragedia y que las víctimas necesitan recibir apoyo económico sin esperar.
Por lesiones, las cantidades se fijaron según el baremo existente: desde 2.400 euros para los casos de menor entidad hasta más de 84.000 para los más graves. Se abonarían en un único pago y estarían exentas de tributación.
El Consejo de Ministros prevé aprobar el martes un real decreto de ayudas para los afectados por elaccidente ferroviario de Urda (Toledo). En esa misma reunión, Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, presentará un informe sobre lo sucedido, según fuentes del Gobierno.
Será el primer Consejo tras el siniestro. La previsión es que Puente comparezca después en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa para explicar tanto el contenido del informe como las ayudas destinadas a las víctimas.
Dos comparecencias para explicar el accidente
Horas después, el ministro acudirá a la Diputación Permanente del Congreso, donde también informará de los datos de los que dispone sobre el accidente.
Pedro Sánchez ya anunció el jueves en Toledo que la Administración General del Estado destinaría apoyo económico a los afectados, además de atender la emergencia y trabajar para esclarecer lo ocurrido.
El informe recogerá, previsiblemente, detalles de las explicaciones ofrecidas por Puente el viernes. En aquella comparecencia, el ministro volvió a descartar su dimisión y anunció medidas para reducir la posibilidad de fallos técnicos y "recuperar la confianza" en el sistema ferroviario.
Sánchez reconoció ese mismo viernes que esa confianza está "quebrada" tras los accidentes de Urda y Adamuz.
Las ayudas aprobadas tras Adamuz
El precedente es el decreto aprobado nueve días después del accidente de Adamuz, ocurrido el 18 de enero. Aquella norma contempló algo más de 210.000 euros por fallecido entre ayudas inmediatas y adelantos.
El reparto incluía 72.000 euros a fondo perdido, otros 72.000 como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 más correspondientes al seguro obligatorio.
Puente explicó entonces que los procedimientos ordinarios y los plazos judiciales no siempre responden a la urgencia de una tragedia y que las víctimas necesitan recibir apoyo económico sin esperar.
Por lesiones, las cantidades se fijaron según el baremo existente: desde 2.400 euros para los casos de menor entidad hasta más de 84.000 para los más graves. Se abonarían en un único pago y estarían exentas de tributación.
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