El juez de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha acordado continuar como procedimiento abreviado una pieza separada del caso ERE centrada en ayudas presuntamente ilícitas concedidas a SOS Cuétara S.A. por un importe de, al menos, 4.277.701,62 euros. La decisión afecta a cuatro investigados. Entre ellos se encuentran el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, dos directivos de la mediadora Vitalia y una mujer incluida como beneficiaria de pólizas pese a no tener relación laboral con la empresa, que además era suegra del fallecido ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

El auto está fechado el 3 de noviembre. El magistrado adopta esta decisión "por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos" de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Ahora, la causa pasa a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones personadas. Dispondrán de veinte días para pedir la apertura de juicio oral y presentar acusación, solicitar el sobreseimiento o reclamar excepcionalmente diligencias complementarias indispensables para formular acusación.

Dos investigados quedan fuera

El instructor ha acordado, en cambio, el sobreseimiento provisional para otros dos investigados, un representante de la empresa y un dirigente de CCOO. El juez considera que "no hay motivos suficientes para atribuirles participación" en los delitos investigados y que tampoco existen "indicios sólidos que permitan atribuirles participación -relevante penalmente- en los hechos por los que se procede". Aunque ambos habrían intervenido en reuniones con Francisco Javier Guerrero, el magistrado señala que las declaraciones practicadas no permiten establecer con suficiente solvencia hasta qué punto pudieron influir en los responsables de la Consejería de Empleo para financiar las pólizas de manera irregular.

La pieza investiga ayudas sociolaborales abonadas entre 2004 y 2010 por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y vinculadas al proceso de reestructuración de SOS Cuétara. Según el auto, el importe ascendería al menos a 4.277.701,62 euros, destinados a indemnizaciones de 34 trabajadores afectados por el ERE 5/2003 y a la financiación de pólizas de seguro.

La investigación aborda también la inclusión como beneficiaria de la suegra de Guerrero. El juez sostiene que no estaba afectada por el ERE ni mantenía relación laboral con SOS Cuétara en el momento de su incorporación a las pólizas. El auto señala que Guerrero, "aprovechando la absoluta carencia de control y fiscalización de la ayuda anterior", habría introducido a su suegra en el coste del estudio de rentas, presuntamente con la participación de la propia beneficiaria y de responsables de Vitalia investigados en la causa.