La asociación Aproded-Andalucía, nacida para englobar las peticiones de docentes opositores con discapacidad, estudia trasladar a la Fiscalía varios casos en los que considera que la Junta de Andalucía no ha garantizado la igualdad de condiciones en los procesos selectivos. El colectivo, presidido por Javier Aguilar Riqueni, ha elevado sus reclamaciones a la Consejería de Educación y a la Presidencia del Gobierno andaluz y denuncia que, pese a mantener reuniones con responsables de la Junta, sigue sin obtener respuestas a buena parte de sus peticiones.

Según explica el colectivo, en la especialidad de Organización y Gestión Comercial se convocaron 46 plazas, aunque el 13 de julio se asignaron provisionalmente 45. De ellas, 40 correspondían al turno general, cinco al de discapacidad y otra figuraba como "Reserva discapacidad pendiente". No es algo nuevo que queden desiertas estas plazas, pero la asociación cuestiona que esa distribución se realizara cuando todavía continuaba participando un aspirante del turno reservado y no se conocía el resultado de la segunda prueba. Finalmente, el opositor no consiguió plaza y la vacante terminó incorporándose al turno ordinario.

El colectivo identifica una situación semejante en Intervención Sociocomunitaria, con 75 plazas convocadas y 74 asignadas provisionalmente. En cambio, señala que otras especialidades, como Estética, Procesos Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos o Análisis y Química Industrial, presentaron distribuciones diferentes. Aguilar reclama conocer los criterios utilizados y sostiene que se pudieron incumplir las bases de la convocatoria, relativas, según su denuncia, a la asignación de plazas y los plazos para convocar a los aspirantes. También cuestiona la falta de motivación de sus calificaciones y asegura que ha solicitado el expediente completo de su especialidad por distintas vías, incluida la judicial, sin obtener la documentación reclamada.

La respuesta de Educación

La administración autonómica ofrece otra versión. En declaraciones a lavozdelsur.es, la Consejería sostiene que ha aplicado los procedimientos establecidos, que algunas de las reclamaciones ya han recibido respuesta administrativa y que determinadas propuestas planteadas por los afectados no están contempladas en la normativa vigente. El conflicto afecta a varias oposiciones docentes y recoge situaciones diferentes: plazas reservadas a personas con discapacidad, adaptaciones durante los exámenes, composición de tribunales y motivación de las calificaciones. Algunos expedientes se encuentran ya en los tribunales de justicia. 

Según la Junta, el aspirante comunicó que había cometido un error "material" en su solicitud de destinos provisionales y pretendía modificarla durante el periodo de alegaciones, algo que la administración considera que no resulta posible. Educación asegura que ya respondió al recurso relacionado con esta cuestión y a un escrito del Defensor del Pueblo. También incide en que el director general del Profesorado recibió personalmente a Aguilar el 16 de septiembre.

La Consejería señala que durante aquella reunión pudo trasladar propuestas de mejora que serán estudiadas para futuros procedimientos. Añade que algunos asuntos dependen de competencias estatales, a ministerios como Función Pública, y que deben dirigirse al Ministerio de Educación.

Aguilar discrepa. Afirma que el 21 de septiembre recibió la resolución de un recurso de reposición presentado en agosto y sostiene que la decisión perjudicó sus posibilidades de trabajar. Según su versión, ocupa la primera posición en la bolsa de su especialidad de Inglés y se ha adjudicado una sustitución a una posición posterior.

Una sentencia favorable y un tribunal cuestionado

El segundo caso corresponde a otro aspirante de Inglés que consiguió una resolución judicial favorable para repetir la segunda prueba con adaptaciones relativas a la temperatura y la hidratación.

Aproded denuncia que, pese a constituirse un nuevo tribunal, cuatro de sus cinco integrantes habían participado en el anterior. El afectado solicitó modificar su composición y, según la asociación, no obtuvo una respuesta favorable. El colectivo añade que había mantenido conversaciones previas con la presidenta del tribunal a través de Facebook y que la resolución administrativa posterior a la sentencia indicaba "nombrar un nuevo tribunal".

La Consejería ofrece una interpretación distinta. En su respuesta a lavozdelsur.es, precisa que la sentencia ordenaba repetir la segunda prueba, pero no exigía sustituir al tribunal. Según Educación, el examen volvió a celebrarse sin modificar su composición, siguiendo el procedimiento habitual, y el aspirante no aprobó. La Junta confirma que el docente ha presentado una solicitud de revisión de oficio y que actualmente se encuentra en fase de tramitación.

Otro expediente sería un caso general y paradigmático de estos procesos, y corresponde a las adaptaciones concedidas para realizar las oposiciones de un opositor que ha acudido numerosas veces a los procesos para reclamar. La Consejería asegura que recibió las medidas contempladas por la normativa y que sus propuestas alternativas no responden a las disposiciones aplicables a unos procedimientos de acceso a cuerpos de funcionarios estatales. Aproded, por el contrario, sostiene que lleva años reclamando ajustes adecuados a sus necesidades y señala que ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Una reunión que la asociación considera insuficiente

Las discrepancias han continuado mediante nuevos escritos dirigidos a la Presidencia de la Junta. Todo, porque "ser recibidos" por miembros de la Consejería "no equivale a obtener una respuesta, y mucho menos a alcanzar una solución", sostiene la asociación en una de sus comunicaciones. El colectivo afirma que durante aquella reunión planteó cuestiones pendientes y que volvió a solicitar información por correo electrónico el 18 de septiembre, sin obtener las contestaciones esperadas. 

Entre sus propuestas figuran grabar las pruebas orales, incorporar docentes con discapacidad a determinados tribunales, mejorar la motivación de las notas y preservar la confidencialidad de los aspirantes para evitar su identificación durante los exámenes. Asimismo, plantea estudiar bolsas diferenciadas para los turnos ordinario y de discapacidad, una medida que, según le trasladaron desde Educación, podría requerir modificaciones normativas. La asociación insiste en que sus reclamaciones no persiguen únicamente solucionar expedientes individuales. Pretende conseguir cambios que eviten situaciones semejantes en futuras convocatorias.

Por ahora, mantiene su petición de audiencia con la consejera, reclama respuestas expresas y no descarta acudir al Ministerio Fiscal para que valore si procede alguna actuación. Aproded insiste en su disposición al diálogo, pero advierte de que la reunión celebrada el 16 de septiembre no puede sustituir las soluciones que continúa reclamando: "La mera constatación de que se ha celebrado una reunión no puede sustituir la obligación de abordar y responder las cuestiones que fueron objeto de ella".