La decisión de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía de readmitir a opositores excluidos por no indicar “Cuerpo de Maestros” en la portada de sus exámenes ha generado una fuerte división entre los propios candidatos a las plazas docentes. Esta medida ha sido entendida por una parte del colectivo como una alteración injustificada de las reglas del proceso selectivo.
Numerosos opositores que sí superaron la fase de examen conforme a los criterios establecidos han mostrado su rechazo, al considerar que se está vulnerando el principio de igualdad. “El proceso está regido por una ley. Las reglas de la convocatoria son claras y hay gente que sí las hemos cumplido”, señalan. A su juicio, las excepciones actuales suponen una desventaja para quienes respetaron los requisitos desde el inicio.
Denuncias por vulneración del procedimiento legal
Según el grupo de aspirantes afectados, “los perjudicados somos los que sí hemos cumplido con la convocatoria y no es justo que nos quite la plaza alguien que está invalidado por no cumplir la convocatoria”. La queja colectiva considera que se ha roto el principio de seguridad jurídica y se ha creado un agravio comparativo al modificar de facto las normas del proceso.
La polémica ha motivado una recogida de firmas que ya supera las 800 adhesiones. En la carta a la administración educativa, los firmantes denuncian que la readmisión de opositores invalidados “es contraria a los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en cualquier proceso selectivo convocado por una administración pública”.
Los reclamantes citan expresamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señalando que “los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” son nulos de pleno derecho. En concreto, argumentan que se ha incumplido el criterio de invalidación recogido en el apartado 8.1.2.c) de la Orden del 21 de febrero de 2025, referente a la identificación del cuerpo en la portada del examen.
Desde el colectivo de afectados se exige a la Consejería una respuesta formal, así como una explicación pública sobre el fundamento legal que respalda esta decisión. “Solicitamos que se revise de inmediato esta decisión y se garantice que no se consolide una injusticia que puede alterar el resultado de la oposición”, afirman.
Ante la falta de respuesta oficial, los opositores no descartan elevar la queja al Defensor del Pueblo Andaluz e incluso acudir a instancias judiciales. Reivindican una gestión transparente que respete las reglas del proceso y proteja los derechos de quienes se han preparado durante años para acceder a la función pública docente.