Una aspirante a las oposiciones a docente en Andalucía ha denunciado públicamente una situación que, según ella, pone en duda la imparcialidad y el nivel de exigencia de los tribunales examinadores. La opositora, de nombre Tamara, explicó que su programación fue invalidada por contener faltas de ortografía. “Acepto mi error, lo que me sorprende es el nivel de rigidez y exigencia corrigiendo de algunos tribunales cuando ni ellos mismos tienen esa excelencia profesional”, afirmó.
Un justificante con errores emitido por el propio tribunal
Según su relato, tras ser descalificada y no poder acceder al examen oral, solicitó un justificante de asistencia. Al leerlo, descubrió que el documento oficial contenía “seis faltas de ortografía”. La imagen del certificado, firmada por el secretario y la presidenta del tribunal, muestra varias palabras con errores de acentuación. “Poco más que decir…”, concluyó la aspirante, visiblemente decepcionada por lo que considera una falta de equidad.
Este caso añade más ejemplos al debate entre aspirantes y docentes sobre la falta de criterios uniformes entre tribunales, algo que se ha convertido en una queja recurrente en este proceso selectivo en Andalucía. La aspirante, que asegura que ocupaba el puesto número siete de un total de dieciocho plazas, se mostró sorprendida no solo por la penalización, sino por el contraste con el nivel de revisión en los documentos oficiales.
La importancia de una evaluación justa y coherente
Numerosos candidatos han señalado en redes sociales y foros especializados que las diferencias de criterios entre tribunales pueden marcar la diferencia entre aprobar o ser excluido del proceso. En un sistema altamente competitivo como el actual, donde la puntuación se decide por décimas, los errores administrativos o las valoraciones subjetivas pueden tener consecuencias determinantes.
La queja de Tamara se suma a otras similares que apuntan no solo a la dureza del proceso, sino a la falta de autocrítica institucional. “Si se exige perfección al aspirante, también debería exigirse al evaluador”, comentan algunos opositores, que consideran que los tribunales deben mantener una coherencia profesional equivalente a la que demandan. El error humano es comprensible, aseguran, pero lo que resulta inaceptable es que ese margen de fallo no se contemple para quienes se presentan, mientras sí se tolera en la documentación oficial.
Una oposición marcada por la presión y la falta de respuesta
El proceso de oposiciones de este año ha estado acompañado por un elevado nivel de presión y nerviosismo entre los candidatos. A ello se suma, según algunos testimonios, la falta de información clara, respuestas oficiales ante errores y canales eficaces de reclamación. Mientras tanto, el caso de Tamara pone sobre la mesa una cuestión incómoda, pero urgente: ¿quién supervisa la calidad de quienes juzgan? Y, sobre todo, ¿cómo se garantiza que todos los aspirantes compiten en condiciones realmente iguales?
