La consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha defendido en el Parlamento el proceso de oposiciones para docentes, calificándolo como el más "transparente a nivel nacional". Actualmente, existe un aluvión de críticas por parte de los aspirantes.
Las últimas hacen referencia a las portadas de la programación didáctica. Primeramente, la Consejería expulsó del proceso a quienes no habían puesto la fórmula 'Cuerpo de maestros' o equivalentes en ese documento. Este miércoles, en cambio, decidió readmitir al considerar que no estaba del todo claro en la normativa. La Junta ha dado explicaciones sobre ese cambio de criterio, pero hay aspirantes que se han visto perjudicados porque, al tratarse de un proceso competitivo, la readmisión implica ser 'pasados' en la lista por gente que trae mejores calificaciones. En la práctica, para muchos acabará significando quedarse sin la codiciada plaza.
No ha sido ni mucho menos la única polémica. Hay quejas sobre el exceso en la parte ortográfica, o multitud de incidencias ante los tribunales, desde una chica con la regla que denuncia que no le dejaron salir al baño para cambiarse.
Castillo ha reconocido que existen "incidencias lógicas" para un procedimiento "de esta envergadura". Casi 38.000 aspirantes que se presentaron en junio para maestros y profesores (este año se unían infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP). Han pasado a la segunda prueba la mitad, 18.729, ha explicado la consejera en comisión parlamentaria. "Haremos una evaluación final con el objetivo de seguir mejorando".
Pero la propia Castillo ha reconocido que el sistema en sí es problemático. "Hemos pedido al Ministerio en reiteradas ocasiones que modifique y actualice el sistema de oposiciones porque entendemos que es obsoleto, pero el Gobierno central no lo entiende así y seguimos a expensas de su criterio".
Castillo ha reconocido el esfuerzo que hacen los profesionales para que el proceso salga adelante, y que implica al personal propio de la Consejería, y también a muchísimos docentes que forman parte de los profesionales. "Eso no quita para que pueda haber errores o incidencias, pero nos hemos dotado de herramientas para subsanarlos y garantizar la integridad del procedimiento".
El proceso "más transparente"
Pero en cualquier caso ha dicho que es el proceso "más transparente" del país. Ha enumerado el derecho acceso a la copia del primer examen, a solicitud de los opositores, una posibilidad que no existe en otras comunidades autónomas, ha insistido. También conocen "los criterios y las rúbricas con antelación (Orden de 21 de febrero), así como la aplicación de estos en su prueba, y conocen qué nota han recibido en cada apartado de cada uno de los miembros del tribunal", explica la Consejería en una nota.
También ha valorado la consejera que en 2023 se creó un proceso para anticiparse a la reclamación de errores materiales en las pruebas, con un plazo tras finalizar los exámenes, algo que no ocurre en otras comunidades.
"Asimismo, se publican al finalizar el procedimiento todas las pruebas prácticas planteadas, así como las estadísticas del procedimiento y, una vez finalizado, sigue abierta la vía de la reclamación en vía administrativa y contenciosa para quien lo estime oportuno", insisten desde la Consejería de Desarrollo Educativo.
En definitiva, la Junta reconoce errores pero los circunscribe a circunstancias puntuales, si bien abiertos a cambios para el futuro e incluso animando a repensar a nivel estatal cómo se abordan estas pruebas.