La última convocatoria de oposiciones al cuerpo de docentes en Andalucía ha desatado una oleada de críticas tras evidenciarse contradicciones en la aplicación de criterios de exclusión, lo que ha puesto en entredicho la transparencia del proceso. Según las bases, los aspirantes que no incluyeran en la portada de su programación la mención explícita al cuerpo de maestros debían quedar automáticamente invalidados. En algunos tribunales, esta norma se aplicó de forma tajante; en otros, sin embargo, se permitió continuar con la exposición para más tarde declarar la invalidez.
Esta disparidad ha generado una fuerte controversia, ya que la convocatoria especificaba que los opositores invalidados no podrían pasar a la fase de exposición oral. Tal contradicción ha obligado a la administración a recular, permitiendo eliminar este criterio tras reconocer lo que muchos denuncian como una irregularidad de origen. En este contexto, un aspirante ha realizado en redes una reflexión: “Si todos los tribunales hubiesen invalidado y no permitido exponer, no habría habido problema, más allá de la estupidez que supone eso".
Acusaciones a la Consejería y exigencia de equidad
La gestión de la convocatoria ha reavivado el malestar en un colectivo que acumula ya numerosas quejas en los últimos años. Para muchos, el verdadero problema no reside en los aspirantes, sino en una Consejería de Educación que, según denuncian, ha incumplido sus propios criterios. “Se ha saltado sus propios criterios”, subrayan, lo que ha generado una pregunta inevitable entre los afectados: “Si te saltas ese criterio, ¿por qué no te saltas otros también absurdos como haber dejado media página en blanco entre la conclusión y la bibliografía?”
Los afectados insisten en que no se debe cargar la responsabilidad sobre los compañeros. “Los culpables aquí no son los compañeros. Dejad de mataros entre vosotros”, ha comentado el opositor referido anteriormente. La crítica se centra en la falta de coherencia institucional y en una política de cribado que muchos consideran desproporcionada e injusta.
Entre los errores más recordados está el episodio en el que unas 4.000 personas quedaron fuera del proceso por no poder subir su programación debido a fallos técnicos en la web oficial. Una situación que, según recuerdan ahora, fue aceptada sin mayor escándalo porque afectó a un sector diferente. “¿Eso era justo? Claro que no, pero no me afectaba”, lamentan, subrayando la falta de solidaridad cuando no se es directamente perjudicado.
La convocatoria actual, lejos de aportar claridad, ha dejado a muchos aspirantes con la sensación de haber sido víctimas de un sistema mal diseñado y peor gestionado. La frustración se extiende entre quienes han cumplido estrictamente con cada apartado formal, y también entre quienes han quedado fuera por detalles cuestionables. La mayoría coincide en una idea: “La justicia no se busca en echar mierda en los compañeros, sino en estar unidos en buscar al responsable de todo esto”.
