El Decreto 209/2025 de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado ha entrado en vigor esta semana en Andalucía tras su aprobación en Consejo de Gobierno. La Junta de Andalucía lo presenta como una norma clave para “consolidar el estatus del profesorado como autoridad pública” y garantizar “asistencia jurídica y psicológica gratuita”, además de crear la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia.
El contexto en el que aterriza la norma es, sin embargo, especialmente delicado. Más del 85% del profesorado considera que el clima de trabajo en las aulas es conflictivo y los estudios recientes de la Fundación SM dibujan una profesión exhausta: uno de cada tres profesores abandona la enseñanza durante los primeros cinco años y solo un 24 % mantiene la ilusión. Entre el profesorado novel, el 30% no se ve en las aulas dentro de una década; en Secundaria, el porcentaje ronda el 20 %.
El propio decreto reconoce la gravedad de la situación cuando afirma que "la mejora de la convivencia en los centros educativos y el aumento de la calidad de la enseñanza pasan por el refuerzo de la autoridad del profesorado". Sobre esta premisa se articula una norma que desarrolla la Ley 3/2021 y que pretende blindar jurídicamente una profesión cada vez más cuestionada.
Autoridad, protección y apoyo: lo que refuerza el decreto
Uno de los pilares del decreto es el reconocimiento explícito del profesorado como autoridad pública. El artículo 5 establece que «todo el personal docente (…) será considerado autoridad pública», una condición que, según subraya la Junta en su nota oficial, busca reforzar “la consideración y el respeto debidos al personal docente en el ejercicio de sus funciones”. Ese reconocimiento no se queda en lo simbólico. El texto otorga a los hechos constatados por el profesorado "valor probatorio y presunción de veracidad iuris tantum". En la práctica, supone un respaldo legal frente a un escenario cada vez más habitual: la impugnación sistemática de la palabra del docente por parte de alumnado y familias.
El decreto reconoce también el derecho del profesorado "a adoptar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces" para mantener un clima adecuado de estudio y aprendizaje. Una medida que conecta directamente con la realidad diaria de las aulas, donde la lentitud administrativa suele traducirse en pérdida de autoridad efectiva. Otro de los elementos centrales es la asistencia jurídica y psicológica gratuita. La Junta destaca que la norma garantiza la defensa legal del profesorado tanto en procedimientos iniciados contra él como en aquellos promovidos en defensa de sus derechos ante amenazas, coacciones o agresiones. El decreto va un paso más allá al comprometerse a "promover ante la Fiscalía la calificación como atentado" de las agresiones graves contra docentes, un mensaje político y jurídico de calado.
La asistencia psicológica se concibe, además, como una respuesta directa al impacto emocional del conflicto escolar, destinada a "reducir el efecto de las agresiones o situaciones de conflicto en la salud y el rendimiento laboral". Una medida especialmente relevante en un colectivo donde el desgaste emocional se ha convertido en una de las principales causas de abandono. El decreto crea igualmente la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia, presentada por la Consejería como una “herramienta fundamental para garantizar que los centros educativos sean entornos seguros y respetuosos”. Estas unidades deberán atender de forma individualizada al profesorado afectado, tramitar las solicitudes de asistencia, evaluar el grado de conflictividad y proponer acciones preventivas.
Un paso necesario que no aborda el fondo del problema
Pese a los avances, el propio decreto evidencia sus límites. La norma busca "procurar un clima de convivencia y de respeto", pero no entra en las causas estructurales que explican el deterioro del clima escolar: ratios elevadas, sobrecarga burocrática, falta de recursos humanos o precariedad laboral. Desde sectores sindicales, el texto se valora de forma positiva, pero insuficiente. Se reconoce el avance que supone reforzar la autoridad docente y dotarla de protección jurídica y psicológica, pero se subraya que no cumple plenamente las expectativas ni las propuestas planteadas durante su tramitación.
Uno de los puntos más criticados es la exclusión del Personal de Administración y Servicios y del Personal Complementario Titulado de los centros privados concertados. Aunque la Disposición Adicional Segunda extiende la asistencia al PAS dependiente de la Consejería de Educación, deja fuera a estos colectivos, pese a que desarrollan su labor en los mismos centros y afrontan riesgos similares. Para los sindicatos como USO, se trata de una desigualdad difícil de justificar.
También genera debate la complejidad del procedimiento para acceder a la asistencia jurídica y psicológica. La resolución puede demorarse hasta tres meses, un plazo que contrasta con la urgencia de muchas situaciones de conflicto grave y que puede actuar como freno en momentos de especial vulnerabilidad.
La Junta defiende que el decreto impulsará la valoración social del profesorado mediante campañas informativas, premios y formación en competencias emocionales. Sin embargo, en un contexto en el que mucho profesorado se plantea abandonar la docencia, el reconocimiento simbólico corre el riesgo de quedarse corto si no va acompañado de mejoras reales en las condiciones de trabajo.
El Decreto 209/2025 es, en definitiva, "un paso necesario, pero no suficiente", afirman muchos docentes que han hablado con lavozdelsur.es. "Refuerza la autoridad, protege al profesorado y crea estructuras de apoyo inéditas, pero no afronta el fondo de una crisis que llevamos aguantando años", sostienen. Cuando enseñar se ha convertido, para muchos docentes, en resistir, la ley ofrece respaldo. La escuela, sin embargo, sigue necesitando algo más que autoridad.
