A las ocho de la mañana, con el aula llena y la agenda saturada, incluso habiendo ya tenido que separar a dos menores que se han tirado literalmente de los pelos a la entrada con escasa o nula presencia policial, muchos docentes andaluces ya saben que el día será cuesta arriba. No es una intuición: es una certeza construida a base de ratios imposibles, burocracia interminable y una sensación persistente de abandono institucional. Lo que durante años se ha asumido como "parte del oficio" empieza a revelarse como un problema estructural que amenaza el propio corazón de la educación.
Rafael lo sabe bien. Es maestro en un CEIP de la provincia de Sevilla que prefiere no mencionar. "Por miedo a represalias", aclara sin dramatismo, como quien constata un hecho. Lleva más de quince años en las aulas, pero últimamente algo se ha roto. "He llegado a plantearme irme a la empresa privada", confiesa. "Y no lo digo con desprecio. Lo digo porque allí tendría un horario, unas funciones claras y, sobre todo, no me acostaría cada noche con la sensación de que he fallado a treinta niños porque no he podido atenderlos como merecen".
Rafael no está solo. Esa realidad, tantas veces silenciada, queda ahora reflejada en cifras. Más de 13.000 docentes de todo el Estado han participado en un macroestudio impulsado por el sindicato Ustea y el sindicato estatal Stes, cuyos resultados correspondientes a Andalucía dibujan un escenario especialmente preocupante. El trabajo, realizado el pasado noviembre, confirma lo que se vive a diario en los centros: aulas tensionadas, condiciones laborales deterioradas y un malestar que ya no es individual, sino colectivo.
85% del profesorado andaluz trabaja en clima conflictivo
El 85,23% del profesorado andaluz califica el clima de trabajo en el aula como conflictivo o complicado. No se trata de episodios aislados: se trata de una dinámica sostenida que sitúa a Andalucía por encima de la ya elevada media estatal. Detrás del dato hay alumnado diverso con necesidades crecientes y docentes que intentan sostener el sistema con recursos claramente insuficientes.
"Tengo 28 alumnos en clase. Cinco con necesidades educativas especiales. Uno con TDAH sin diagnosticar oficialmente. Dos que no hablan español porque acaban de llegar. Y yo, solo", explica Rafael. "El orientador viene una vez a la semana. La PT está compartida con otro centro. Y mientras tanto, la Consejería de Educación sigue diciendo que todo funciona".
La percepción de abandono por parte de la Administración autonómica es casi unánime. El 89,02% del profesorado considera que no existe una apuesta real por la educación pública. Una sensación que brota de la experiencia cotidiana: apoyos que no llegan, refuerzos que se diluyen y centros que funcionan al límite de sus capacidades.
Ratios que matan la calidad educativa
Las ratios se consolidan como uno de los principales nudos del problema. El 92,90% de los docentes andaluces afirma que el número de alumnos por aula impide una atención educativa adecuada. Un porcentaje que supera incluso la media estatal y que refuerza una idea incómoda: cuando enseñar se convierte en gestionar masas, la calidad educativa se resiente.
"Hay días en que solo puedo corregir exámenes, poner notas y apagar fuegos", confiesa Rafael. "Preparar una clase decente, innovar, hacer un seguimiento personalizado... eso quedó para la teoría. En la práctica, sobrevivo. Y mis alumnos también".
A ello se suma una sobrecarga laboral creciente. Más del 82% del profesorado afirma sufrir un exceso de jornada, mientras que el 95,88% denuncia una burocracia que absorbe el tiempo destinado a preparar clases, innovar o acompañar al alumnado. Desde Ustea alertan de que la burocracia ha dejado de ser un complemento administrativo para convertirse en un obstáculo estructural que vacía de sentido la tarea docente.
"Paso más tiempo rellenando documentos que hablando con mis alumnos", resume Rafael. "Informes, actas, protocolos, plataformas digitales que se caen cada dos por tres... Todo para justificar lo que hago. Como si no bastara con estar ahí cada día".
Agresiones, bajas y pérdida de vocación
El impacto de este contexto no se limita al plano profesional. El estudio vincula directamente estas condiciones con el deterioro de la salud física y emocional del profesorado. En paralelo, se detecta un aumento de las agresiones verbales y físicas tanto por parte del alumnado como de las familias, un fenómeno que contribuye a normalizar la tensión y el desgaste. Las consecuencias ya son visibles: incremento de bajas laborales y una pérdida progresiva del atractivo de la profesión docente.
Rafael lo ha vivido en carne propia. "El año pasado una madre me amenazó delante de todo el mundo porque su hijo había suspendido. Me dijo que iba a ir a la Inspección Educativa. No pasó nada, claro. Pero yo me quedé dos semanas sin dormir bien”. El miedo a las represalias, la falta de respaldo institucional y la sensación de soledad profesional están minando una vocación que, en muchos casos, sigue viva pero cada vez más enterrada bajo capas de frustración.
Ustea reclama medidas urgentes a la Junta
Para Ustea, los datos no dejan lugar a dudas. El malestar docente en Andalucía no es coyuntural ni anecdótico. Del estudio se sonsaca que son el resultado de decisiones políticas mantenidas en el tiempo: plantillas insuficientes, ratios elevadas, falta de recursos, exceso de burocracia y escaso reconocimiento profesional, a pesar de la nueva ley de autoridad del profesorado.. Un cóctel que amenaza con profundizar aún más el deterioro del sistema educativo andaluz.
El sindicato reclama a la Junta de Andalucía medidas urgentes y estructurales: reducción real de ratios, aumento de plantillas, simplificación administrativa y mejora de las condiciones laborales y salariales del profesorado. No como parches temporales, sino como una apuesta clara por un modelo educativo sostenible. Rafael escucha estas demandas con escepticismo. "Lo llevan diciendo años. Pero mientras tanto, aquí seguimos. Aguantando. Resistiendo. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?”.
La Junta defiende su apuesta por la educación pública
Desde la Junta de Andalucía, sin embargo, la lectura es radicalmente distinta. El Gobierno andaluz sostiene que “nunca ha habido una apuesta tan firme y real por la educación pública en Andalucía como con el actual Ejecutivo”, y respalda esa afirmación en los datos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma aprobados desde 2019. Según la Consejería de Desarrollo Educativo, la inversión en educación pública andaluza ha aumentado en 2.700 millones de euros, lo que supone un incremento del 48,5 % del presupuesto educativo. Del total aprobado para 2026 —9.339 millones de euros—, 8.257 millones corresponden a la red pública (el 88,4 %), frente a 1.082 millones destinados a la educación concertada (11,5 %).
Ese esfuerzo presupuestario, defiende la Junta, se ha traducido en un aumento de las plantillas docentes en Andalucía: 6.800 profesores más hasta alcanzar casi 109.000 docentes en el sistema público. De ellos, 3.000 corresponden a Formación Profesional, para dar respuesta al incremento de casi 50.000 nuevas plazas de FP y la implantación de 880 nuevos ciclos formativos. El Ejecutivo autonómico subraya además que la caída sostenida de la natalidad, con 120.000 alumnos menos, ha permitido situar las ratios escolares en Andalucía “en las más bajas de la serie histórica”.
En este contexto, recuerda el acuerdo firmado con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, que establece a partir del curso 2026-2027 una ratio máxima de 22 alumnos en Educación Infantil, límite que se extenderá progresivamente a Educación Primaria.
En materia de atención a la diversidad, la Junta destaca que el acuerdo contempla un incremento de más de 6.000 profesionales educativos en los próximos años, especialmente orientados al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), que computará como doble para la asignación de refuerzos educativos en los centros.
Respecto a las condiciones salariales del profesorado, el Gobierno andaluz afirma haber cumplido el acuerdo de equiparación salarial, con una inversión anual de 300 millones de euros, lo que ha permitido que los docentes andaluces, que hasta 2018 se situaban entre los peor remunerados del país, se encuentren actualmente por encima de la media nacional. En cuanto a la burocracia en los centros educativos, la Consejería asegura estar trabajando en una normativa específica de simplificación administrativa, elaborada a partir de propuestas sindicales, con el objetivo de reducir la carga documental del profesorado.
La pregunta que nadie quiere responder
La pregunta ya no es si el profesorado aguanta, sino cuánto tiempo más puede hacerlo. Escuchar a quienes sostienen cada día las aulas es, en boca de muchos docentes, una responsabilidad política y social. Porque Rafael, y miles como él, no deberían tener que plantearse cambiar las aulas, su verdadera vocación, por otro trabajo para recuperar la dignidad profesional.