El Estado reparte mensualmente más de 13.500 millones de euros en pensiones. De esa cifra, cerca de 2.000 millones se destinan a Andalucía, que se sitúa como la segunda comunidad autónoma que más recibe, solo por detrás de Cataluña.
Las pensiones no se consideran un gasto territorializado, ya que se asignan de forma individual en función de los años cotizados, la base reguladora y la modalidad correspondiente: jubilación, incapacidad, viudedad u orfandad. Sin embargo, su repercusión económica en el territorio donde residen los perceptores es significativa.
Estas prestaciones suponen una inyección de dinero constante en la economía local, afectando no solo al bienestar de los beneficiarios, sino también al consumo, la fiscalidad y el tejido económico de los municipios donde viven.
Andalucía, el 14,7 % del gasto total
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondientes al mes de abril, la Seguridad Social abonó 10,3 millones de pensiones a 9,3 millones de pensionistas (4,7 millones de hombres y 4,6 millones de mujeres), con un desembolso total de 13.515,2 millones de euros.
De ese total, Andalucía recibió 1.989,6 millones, lo que representa el 14,7 % del conjunto nacional. En número de prestaciones, se abonaron 1.692.247 pensiones, el 16,39 % del total. Solo Cataluña se sitúa por encima en ambos indicadores, mientras que Madrid y la Comunidad Valenciana ocupan el tercer y cuarto lugar.
En términos comparativos, comunidades como el País Vasco o Castilla y León, con menor población, también reciben cantidades destacadas debido al mayor envejecimiento de su población. En el caso vasco, por ejemplo, el gasto ascendió a 941 millones de euros en abril.
A pesar del elevado volumen que recibe, Andalucía percibe menos de lo que le correspondería por su peso demográfico. Con el 17,7 % de la población nacional, concentra solo el 14,7 % del dinero y el 16,39 % de las pensiones, lo que supone diferencias de 3 y 1,3 puntos porcentuales, respectivamente.
Este desfase se explica por factores como el menor nivel salarial medio y la estructura demográfica más joven de la comunidad, que influye en la cuantía media de las pensiones y en la proporción de personas que las perciben actualmente.
Rendimiento por comunidades
En contraste, el País Vasco, con sueldos más altos y una población más envejecida, concentra el 7 % del gasto y el 5,6 % de las pensiones, con solo el 4,6 % de los habitantes del país. Es decir, 2,4 y 1 punto más, respectivamente, de lo que le correspondería por población.
Este patrón revela un efecto redistributivo del sistema, que beneficia especialmente a zonas rurales y envejecidas como Castilla y León o Galicia. La primera, con el 4,9 % de la población, absorbe el 6,1 % tanto del dinero como de las pensiones, mientras que la segunda, con el 5,5 % de los habitantes, acapara el 6,6 % del gasto y el 7,6 % de las prestaciones.
En conjunto, las cuatro comunidades más pobladas —Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana— suman el 59,7 % de la población, pero reciben solo el 56,6 % del gasto y el 56,44 % del número de pensiones, más de tres puntos por debajo en cada caso.