Una manifestación ha recorrido este sábado Sevilla para exigir el cese de los vertidos mineros al estuario del Guadalquivir. Participaron unas 1.000 personas, según la Policía Nacional, y 3.000, según las entidades organizadoras, que reclaman paralizar las autorizaciones y evaluar sus consecuencias mediante un panel científico independiente.

La marcha partió a las 12.00 horas del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, y concluyó en las Setas de la Encarnación bajo el lema "No a los vertidos mineros".

La convocatoria reunió a la Plataforma Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace, Ecologistas en Acción y ocho ayuntamientos de la zona. También participaron la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, FACUA Andalucía, COAG y Marea Blanca.

Una advertencia sobre la salud y la economía del estuario

Las entidades organizadoras alertan de una "crisis ambiental sin precedentes" tras la autorización autonómica para verter unos 130.000 millones de litros de aguas residuales con metales pesados.

A su juicio, proyectos como la reapertura de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces amenazan la salud pública y espacios protegidos como la ZEC Bajo Guadalquivir y el Parque Nacional de Doñana. También advierten de riesgos para el cultivo de arroz, la pesca artesanal y el marisqueo.

La protesta se produce después de investigaciones de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada que revelan concentraciones de metales tóxicos de "récord mundial" en peces capturados cerca de la mina de Cobre Las Cruces, en Gerena.

La presidenta de Salvemos el Guadalquivir, Antonia Herrero, defendió que la movilización trasciende la protección del territorio. "Tenemos que salvar la vida de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Más allá de la defensa del territorio, en el fondo de todo está la vida de las personas que vivimos en el estuario. Somos millones los que estamos ahí y los que tienen en riesgo su vida", manifestó.

Moratoria y evaluación científica independiente

El alcalde de Coria del Río, Modesto González, advirtió de que, si se producen los vertidos autorizados, "prácticamente terminaría con la vida en el río; podría llegar a ser un río muerto".

Por ello, pidió la creación urgente de un comité científico independiente que estudie unas consecuencias que, según las investigaciones físicas y químicas citadas, "permanecerán en el estuario durante décadas".

La parlamentaria de Adelante Andalucía Begoña Iza también cuestionó las autorizaciones. "El mensaje hoy es un clamor popular: no queremos que el Guadalquivir sea una alcantarilla a cielo abierto", afirmó, antes de responsabilizar a las políticas de la Junta.

Iza recordó además lo que denunció como impunidad del desastre de Boliden de 1998 y reclamó a la Administración autonómica y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una moratoria inmediata y la no concesión del permiso de aguas para vaciar las cortas de Aznalcóllar.

Las organizaciones participantes exigieron la paralización cautelar de todas las autorizaciones vigentes, la aplicación del principio de precaución y la constitución de un panel científico independiente.