El 25 de abril de 1998 quedará en la historia como una fecha negra en el medio ambiente de Andalucía. La rotura de la Balsa Minera de la empresa Boliden en Aznalcóllar está considerada la gran catástrofe medioambiental que la comunidad ha sufrido en su historia contemporáea.
Aquel accidente se tradujo en el vertido de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre unas 4.400 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana.
Tras varios años intentando llegar a un acuerdo, un cuarto de siglo después se ha celebrado el juicio en el que la Junta ha exigido a la empresa sueca que asuma su responsabilidad y pague los daños causados en un municipio que se encuentra en el entorno del Parque Nacional de Doñana, la 'joya de la corona' de Andalucía.
En medio de todo está Aznalcóllar, un pueblo de la provincia de Sevilla que apenas supera los 6.000 habitantes. Tras dos semanas de juicio (el proceso finalizó el jueves), el alcalde de la localidad, Juan José Fernández (IU), tiene claro que es el momento de reparar el daño y mirar al futuro en una localidad con una amplia tradición minera.
Fernández ha aprovechado este juicio para señalar que la reapertura de la mina será el "pistoletazo de salida para el futuro de la localidad y de la comarca, así como un antes y un después en la minería moderna del siglo XXI", implicada con el medio ambiente como ha reiterado. Está prevista una inversión de más de 300 millones de euros y la cración de 2.000 empleos.
El juicio se ha celebrado en varias jornadas y antes de su comienzo desde Boliden trasladaban que tras 25 años era bueno que se celebrase el proceso después de mucho tiempo negociando sin acuerdo. "Afortunadamente, ambas partes pueden presentar sus argumentos", explicaba un directivo de la empresa sueca. Al mismo tiempo desde Boliden reconocían que habían tenido "discusiones con la Junta y durante muchos años, no ha sido posible llegar a un acuerdo, así que es reconfortante tener una tercera parte que revise los argumentos".
El ténico especialista que ha participado en el juicio ha llegado a decir existen estudios según los cuales en la zona afectada por el vertido, la calidad del aire era "mejor que en la ciudad de Sevilla" en lo que se refiere a la concentración de partículas de metales pesados; señalando el caso de cangrejos en los que fue detectada la presencia de metales pesados "por encima de lo normal", aunque sin relación con el vertido, extremo que ha conectado con los "muchos años" de actividad minera en Sierra Morena y Río Tinto y los "residuos" que tal extremo haya dejado.
Las reclamaciones de la Junta
Una de las comparencias más relevantes era la de la Junta de Andalucía. La administración pública se personó en el proceso con una reclamación de 89,9 millones de euros por los costes de restauración ambiental afrontados desde la Junta. Según el Gobierno andaluz, las comparecencias testificales y periciales del juicio han "acreditado la alarma social y económica" derivada de este macro vertido cuya gran "extensión" alcanzó "el límite del parque nacional de Doñana" y afectó a cultivos de girasol, arroz o algodón, por ejemplo, así como a la fauna del entorno.
El equipo jurídico de la Junta de Andalucía invocó el "principio" de la política medioambiental de la Unión Europea (UE) de "quien contamina, paga", un "principio inspirador del derecho comunitario" aplicable en este caso tan sólo por ser Boliden "la titular de la explotación" de los derechos mineros.
Las abogadas de la Junta han expuesto que la legislación en materia de minería, en concreto el artículo 81 de la Ley de Minas, determina que los titulares de los derechos de actividad minera, en este caso Boliden-Apirsa, tienen "la obligación de responder de los daños que deriven de sus trabajos"; sin que para ello sean "precisos otros requisitos, como una conducta dolosa".
Esta postura ha sido respaldada por Ecologistas en Acción, organización que también ha estado presente en el proceso. El portavoz Isidoro Albarreal cree que, por su parte, la interpretación que ha realizado la empresa acusada de este artículo es "cínica". Los ecologistas han aplaudido la dura argumentación de la Junta de Andalucía afirmando que se han "demostrado fehacientemente los daños (al medio ambiente), la responsabilidad de Boliden y su conglomerado de empresas para intentar disgregar la responsabilidad" por el mencionado siniestro.
Boliden niega su responsabilidad
La defensa de la multinacional, por su parte, ha negado la mayor. Los abogados de Boliden han defendido durante el juicio que en el año en el que sucedió la catástrofe ninguna norma obligaba a pagar la restauración ambiental. Además, ha definido la demanda como una "construcción inventiva".
Un auditor de Boliden llamado Robert Gibb afirmó en su declaración que para la empresa hubo costes de 115 millones por el vertido y una salida ordenada de la mina. Algo que, según su versión, obligó a la empresa a una ampliación de capital para afrontar los costes.
Boliden directamente ha defendido la "buena fe" de la empresa en la retirada del vertido al mismo tiempo que ha asegurado que la filial española, Boliden-Aprisa, "no fue responsable de la rotura". Otro de los argumentos utilizados es que no existió un expediente sancionador por parte de la Junta de Andalucía por la gestión de la balsa.