El juicio por el desastre de la balsa de Aznalcóllar ha quedado visto para sentencia y las espadas están en este momento en todo lo alto, después de que las dos partes, Junta de Andalucía y Boliden, hayan esgrimido sus razones en este nuevo juicio, que podría ser el definitivo. Dentro de unas semanas se sabrá si la Justicia atiende el planteamiento de la Junta o el de la multinacional sueca Boliden, propietaria, por entonces (1998), de la mina de la que cedió una de las balsas de decantación con sustancias tóxicas y altamente contaminantes que, además, estuvieron a punto de alcanzar el Parque Natural de Doñana. El vertido de Aznalcóllar está considerado como la peor catástrofe ecológica producida en Andalucía.
Es curioso, debe ser casualidad, que este nuevo juicio haya tenido inicio veinticinco años después de que se produjera el desastre que a punto estuvo de causar un daño difícilmente reparable en Doñana y su entorno.
La Junta de Andalucía reclama del orden de 90 millones de euros por los gastos que tuvo que realizar para parar ese vertido y la posterior regeneración (en la medida de lo posible, ya que hay cultivos que no han podido volver) de la zona afectada. Mientras, Boliden, la multinacional sueca explotadora de la mina a través de un conglomerado empresarial –en el que ha habido una sucesión de quiebras que, de alguna manera, siempre terminan disipando responsabilidades– pide su libre absolución y además enarbola la teoría de que, sin tener obligación legal, acometió aproximadamente el 80% de los trabajos de regeneración del entorno.
Simplificando, la acusación de la Junta se ha basado en la premisa del que la hace la paga, mientras que la multinacional se retrotrae a la legislación existente en materia medioambiental que había por entonces, que no contemplaba este tipo de reposición económica, aunque fue precisamente este accidente el que 'agitó' la legislación al tratarse de un accidente que por sus dimensiones, no tenía precedente en España.
Todo indica que la línea argumental de la Junta de Andalucía ha sido muy seria, bien basada y documentada, así lo ha reconocido por ejemplo Ecologistas en Acción, que espera una sentencia ejemplarizante que marque, de una vez por todas, el fin de la impunidad de la minería. En ese sentido, es muy interesante el planteamiento de la ONG de que no solo está en el banquillo de los acusados la multinacional sueca, sino que simbólicamente está toda una forma "espúrea" de operar en el sector de la minería.
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