Minuto a minuto | Pedro Sánchez llama a votar "en masa" 
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La fábrica de motos eléctricas de Utrera quiebra casi antes de empezar y ahora busca a la desesperada un comprador que la salve 
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Precio de la luz hoy domingo 8 de noviembre: los precios se encarecen mientras hace más frío, pero hay un tramo más ahorrador 
Cuestionar la oportunidad de una huelga general no tiene por qué significar una crítica ni al derecho de huelga, faltaría más, ni a las causas que han llevado a su convocatoria. Una cosa es defender ese derecho constitucional y otra muy distinta renunciar a preguntarse por qué se ejerce precisamente ahora.
Cuestionar que, a las puertas del inicio de la campaña electoral de unas elecciones generales, se convoque una huelga general es algo tan legítimo como su defensa. Más aún cuando se presenta como una circunstancia inédita en nuestra democracia para una convocatoria estatal de los grandes sindicatos con las elecciones ya anunciadas. Existe el derecho, por tanto, a que alguien se pueda hacer preguntas sin que lo machaquen por ello.
Por ejemplo, ¿por qué ahora y no hace un año, o dos, o tres? Porque el problema de la vivienda y de los bajos salarios no nació el pasado octubre, por desgracia. Durante esta legislatura la construcción de vivienda protegida ha estado lejos de cubrir las necesidades del país, pese a los sucesivos anuncios gubernamentales. Y, sin embargo, la protesta, al decir de María Jesús Montero, destacada dirigente socialista, “es una huelga general contra la oposición”.
- Octavillas en un coche en favor de la huelga.
- -
- MANU GARCÍA
Bien, una huelga general contra la oposición. Tiene su mérito la expresión de la coordinadora de campaña socialista y ex candidata a la presidencia de la Junta. Los gobiernos son los que administran los recursos, impulsan las políticas públicas y deben responder por sus resultados. La oposición puede bloquear propuestas en el Parlamento y también merece críticas por ello. Pero resulta difícil entender que la principal destinataria de una huelga por la vivienda sea la oposición y no quienes llevan años al frente del Ejecutivo. Al menos, merece una explicación.
Los antecedentes alimentan el cuestionamiento. Mariano Rajoy gobernó entre 2011 y 2018 y CCOO y UGT convocaron dos huelgas generales de 24 horas, el 29 de marzo y el 14 de noviembre de 2012. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia, en 2018, no habían convocado conjuntamente otra de esas características. Sí ha habido huelgas generales promovidas por otros sindicatos y conflictos laborales de toda clase, que conviene no borrar del relato. Pero la diferencia en la actuación de las dos grandes centrales es llamativa. Porque quedamos en que la del próximo miércoles, aunque se celebre bajo el mandato de Sánchez, es “contra la oposición”, ¿no?
La huelga del 11-N surgió al calor del caso de Maricarmen, que en paz descanse, convertido en símbolo de la crisis de vivienda. La escasez de un parque público suficiente y el alto precio de los alquileres atenazan sobre todo a los jóvenes, pero el problema afecta a muchas más personas. Es un drama para millones de españoles, trabajadores incluidos. Hay motivos para exigir soluciones urgentes, desde luego. Lo discutible no es la gravedad del problema, sino la oportunidad de la respuesta y su evidente lectura electoral.
Estamos ante una suerte de huelga que, además de servir como test de las elecciones, puede lanzar un mensaje a quienes aspiran a gobernar. Un aviso preventivo a un eventual Ejecutivo de derechas. Todavía no se han abierto las urnas y algunos parecen prepararse ya para combatir las políticas de un Gobierno que ni siquiera existe. Que los sindicatos reivindiquen derechos es natural; que la movilización se interprete como el prólogo de una oposición callejera a un resultado electoral posible es otra cuestión.
Ya lo dijo en sede parlamentaria Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña: “En las calles de Madrid no va a haber paz”. Después explicó que hablaba del malestar social y negó que estuviera amenazando a nadie. Conviene recoger también esa explicación. Pero cuesta encontrar una expresión menos afortunada en un momento de tanta tensión. Los responsables públicos deberían medir las palabras, especialmente cuando anuncian movilizaciones masivas.
Puestos a justificar una huelga por asuntos que afectan de lleno a los trabajadores, hace tiempo que debería haberse planteado una movilización de semejante alcance en defensa del transporte público. No sólo por los trágicos accidentes de Adamuz y Urda, cuyas víctimas y familias merecen toda nuestra solidaridad, sino por años de retrasos, cancelaciones, averías y denuncias sobre las infraestructuras. Millones de personas dependen cada día de trenes y otros servicios para acudir a trabajar. ¿Por qué no ha merecido esa realidad una respuesta comparable?
En la huelga general del 11-N los principales sindicatos se juegan mucho. Tal vez una parte del prestigio que han perdido entre quienes los consideran demasiado complacientes según quién gobierne. Su imagen se ha deteriorado para un sector de la ciudadanía, y eso, al igual que el descrédito de los partidos, no es bueno para una democracia. El sindicalismo ha sido decisivo en la conquista de derechos y sigue siendo muy necesario. Precisamente por eso debería cuidar su independencia y evitar cualquier apariencia de utilización partidista.
Con semejante planteamiento, en una sociedad fuertemente polarizada y con dos bloques políticos enfrentados, sólo cabe expresar preocupación. ¿Estamos realmente en el mejor momento para un movimiento así? ¿No están las calles lo suficientemente caldeadas como para echar más leña al fuego? No se trata de presentar a los huelguistas como una amenaza. La inmensa mayoría ejercerá pacíficamente sus derechos. Pero tampoco podemos ignorar que una convocatoria de esta dimensión puede ser aprovechada por quienes buscan el enfrentamiento.
En anteriores huelgas generales los llamados piquetes informativos han dejado episodios de coacción que no deben repetirse. Informar de una convocatoria es legítimo; amenazar a quien quiere trabajar, bloquear por la fuerza un negocio o intimidar a sus empleados, no. Tan constitucional es el derecho de huelga como necesario resulta proteger a quienes decidan no secundarla. Los sindicatos y las autoridades tienen la obligación de garantizar ambas libertades, sin presiones empresariales ni sindicales a los trabajadores a la hora de decidir.
Son sólo preguntas. Por supuesto, allá cada cual con su responsabilidad. A saber quién gana con esto. Un incidente grave, en plena recta final de la campaña, podría desviar toda la discusión hacia la violencia y sus consecuencias. Nadie debería utilizar ese riesgo como argumento para impedir una protesta pacífica, pero tampoco sería sensato ignorarlo. Mucho menos alimentar desde la política un lenguaje que pueda entenderse como una invitación o aliento a la confrontación.
Las encuestas publicadas dibujan un escenario difícil para Pedro Sánchez y sus socios (pese a la dimisión del ministro Óscar Puente) aunque serán los ciudadanos quienes decidan el 29-N. A ello se suman el desgaste de los años de Gobierno, los escándalos y detenciones relacionados con distintos ministerios, las tragedias de Adamuz y de Urda y la crisis de Ceuta. En ese contexto, la movilización social puede resultar políticamente útil a la izquierda: permite desplazar parte del debate desde el balance de gestión del Gobierno hacia las políticas que podrían impulsar sus adversarios.
En lugar de discutir únicamente qué ha hecho Sánchez durante estos años, se invita a preguntarse qué ocurriría si gobernaran el PP y Vox. Es una estrategia comprensible desde el punto de vista electoral, pero cuestionable cuando se confunde con la finalidad de una huelga general. Los sindicatos no están para salvar campañas ni para adelantar la oposición a un Gobierno hipotético. Están para defender a los trabajadores, gobierne quien gobierne.
El miércoles veremos una movilización cuyo resultado será discutido por todos. Habrá cifras de seguimiento, fotografías, acusaciones cruzadas y lecturas interesadas. Pero sería un error convertir el 11-N en un ensayo del 29-N, como si la presencia en la calle pudiera anticipar o sustituir la decisión de las urnas. Una democracia necesita protestas libres y elecciones libres; ninguna de las dos cosas debe utilizarse para deslegitimar la otra.
Todavía no se han celebrado las elecciones, pero algunos parecen prepararse ya para combatir las políticas de un Gobierno que ni siquiera existe. De ahí que esta huelga tenga algo de preventiva. Ojalá transcurra sin incidentes y sirva, al menos, para recordar la urgencia de los problemas que dice denunciar. Porque las calles permiten expresar el descontento, pero son las urnas las que deciden quién gobierna. Pues eso, calles frente a urnas.
Cuestionar la oportunidad de una huelga general no tiene por qué significar una crítica ni al derecho de huelga, faltaría más, ni a las causas que han llevado a su convocatoria. Una cosa es defender ese derecho constitucional y otra muy distinta renunciar a preguntarse por qué se ejerce precisamente ahora.
Cuestionar que, a las puertas del inicio de la campaña electoral de unas elecciones generales, se convoque una huelga general es algo tan legítimo como su defensa. Más aún cuando se presenta como una circunstancia inédita en nuestra democracia para una convocatoria estatal de los grandes sindicatos con las elecciones ya anunciadas. Existe el derecho, por tanto, a que alguien se pueda hacer preguntas sin que lo machaquen por ello.
Por ejemplo, ¿por qué ahora y no hace un año, o dos, o tres? Porque el problema de la vivienda y de los bajos salarios no nació el pasado octubre, por desgracia. Durante esta legislatura la construcción de vivienda protegida ha estado lejos de cubrir las necesidades del país, pese a los sucesivos anuncios gubernamentales. Y, sin embargo, la protesta, al decir de María Jesús Montero, destacada dirigente socialista, “es una huelga general contra la oposición”.
- Octavillas en un coche en favor de la huelga.
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- MANU GARCÍA
Bien, una huelga general contra la oposición. Tiene su mérito la expresión de la coordinadora de campaña socialista y ex candidata a la presidencia de la Junta. Los gobiernos son los que administran los recursos, impulsan las políticas públicas y deben responder por sus resultados. La oposición puede bloquear propuestas en el Parlamento y también merece críticas por ello. Pero resulta difícil entender que la principal destinataria de una huelga por la vivienda sea la oposición y no quienes llevan años al frente del Ejecutivo. Al menos, merece una explicación.
Los antecedentes alimentan el cuestionamiento. Mariano Rajoy gobernó entre 2011 y 2018 y CCOO y UGT convocaron dos huelgas generales de 24 horas, el 29 de marzo y el 14 de noviembre de 2012. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia, en 2018, no habían convocado conjuntamente otra de esas características. Sí ha habido huelgas generales promovidas por otros sindicatos y conflictos laborales de toda clase, que conviene no borrar del relato. Pero la diferencia en la actuación de las dos grandes centrales es llamativa. Porque quedamos en que la del próximo miércoles, aunque se celebre bajo el mandato de Sánchez, es “contra la oposición”, ¿no?
La huelga del 11-N surgió al calor del caso de Maricarmen, que en paz descanse, convertido en símbolo de la crisis de vivienda. La escasez de un parque público suficiente y el alto precio de los alquileres atenazan sobre todo a los jóvenes, pero el problema afecta a muchas más personas. Es un drama para millones de españoles, trabajadores incluidos. Hay motivos para exigir soluciones urgentes, desde luego. Lo discutible no es la gravedad del problema, sino la oportunidad de la respuesta y su evidente lectura electoral.
Estamos ante una suerte de huelga que, además de servir como test de las elecciones, puede lanzar un mensaje a quienes aspiran a gobernar. Un aviso preventivo a un eventual Ejecutivo de derechas. Todavía no se han abierto las urnas y algunos parecen prepararse ya para combatir las políticas de un Gobierno que ni siquiera existe. Que los sindicatos reivindiquen derechos es natural; que la movilización se interprete como el prólogo de una oposición callejera a un resultado electoral posible es otra cuestión.
Ya lo dijo en sede parlamentaria Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña: “En las calles de Madrid no va a haber paz”. Después explicó que hablaba del malestar social y negó que estuviera amenazando a nadie. Conviene recoger también esa explicación. Pero cuesta encontrar una expresión menos afortunada en un momento de tanta tensión. Los responsables públicos deberían medir las palabras, especialmente cuando anuncian movilizaciones masivas.
Puestos a justificar una huelga por asuntos que afectan de lleno a los trabajadores, hace tiempo que debería haberse planteado una movilización de semejante alcance en defensa del transporte público. No sólo por los trágicos accidentes de Adamuz y Urda, cuyas víctimas y familias merecen toda nuestra solidaridad, sino por años de retrasos, cancelaciones, averías y denuncias sobre las infraestructuras. Millones de personas dependen cada día de trenes y otros servicios para acudir a trabajar. ¿Por qué no ha merecido esa realidad una respuesta comparable?
En la huelga general del 11-N los principales sindicatos se juegan mucho. Tal vez una parte del prestigio que han perdido entre quienes los consideran demasiado complacientes según quién gobierne. Su imagen se ha deteriorado para un sector de la ciudadanía, y eso, al igual que el descrédito de los partidos, no es bueno para una democracia. El sindicalismo ha sido decisivo en la conquista de derechos y sigue siendo muy necesario. Precisamente por eso debería cuidar su independencia y evitar cualquier apariencia de utilización partidista.
Con semejante planteamiento, en una sociedad fuertemente polarizada y con dos bloques políticos enfrentados, sólo cabe expresar preocupación. ¿Estamos realmente en el mejor momento para un movimiento así? ¿No están las calles lo suficientemente caldeadas como para echar más leña al fuego? No se trata de presentar a los huelguistas como una amenaza. La inmensa mayoría ejercerá pacíficamente sus derechos. Pero tampoco podemos ignorar que una convocatoria de esta dimensión puede ser aprovechada por quienes buscan el enfrentamiento.
En anteriores huelgas generales los llamados piquetes informativos han dejado episodios de coacción que no deben repetirse. Informar de una convocatoria es legítimo; amenazar a quien quiere trabajar, bloquear por la fuerza un negocio o intimidar a sus empleados, no. Tan constitucional es el derecho de huelga como necesario resulta proteger a quienes decidan no secundarla. Los sindicatos y las autoridades tienen la obligación de garantizar ambas libertades, sin presiones empresariales ni sindicales a los trabajadores a la hora de decidir.
Son sólo preguntas. Por supuesto, allá cada cual con su responsabilidad. A saber quién gana con esto. Un incidente grave, en plena recta final de la campaña, podría desviar toda la discusión hacia la violencia y sus consecuencias. Nadie debería utilizar ese riesgo como argumento para impedir una protesta pacífica, pero tampoco sería sensato ignorarlo. Mucho menos alimentar desde la política un lenguaje que pueda entenderse como una invitación o aliento a la confrontación.
Las encuestas publicadas dibujan un escenario difícil para Pedro Sánchez y sus socios (pese a la dimisión del ministro Óscar Puente) aunque serán los ciudadanos quienes decidan el 29-N. A ello se suman el desgaste de los años de Gobierno, los escándalos y detenciones relacionados con distintos ministerios, las tragedias de Adamuz y de Urda y la crisis de Ceuta. En ese contexto, la movilización social puede resultar políticamente útil a la izquierda: permite desplazar parte del debate desde el balance de gestión del Gobierno hacia las políticas que podrían impulsar sus adversarios.
En lugar de discutir únicamente qué ha hecho Sánchez durante estos años, se invita a preguntarse qué ocurriría si gobernaran el PP y Vox. Es una estrategia comprensible desde el punto de vista electoral, pero cuestionable cuando se confunde con la finalidad de una huelga general. Los sindicatos no están para salvar campañas ni para adelantar la oposición a un Gobierno hipotético. Están para defender a los trabajadores, gobierne quien gobierne.
El miércoles veremos una movilización cuyo resultado será discutido por todos. Habrá cifras de seguimiento, fotografías, acusaciones cruzadas y lecturas interesadas. Pero sería un error convertir el 11-N en un ensayo del 29-N, como si la presencia en la calle pudiera anticipar o sustituir la decisión de las urnas. Una democracia necesita protestas libres y elecciones libres; ninguna de las dos cosas debe utilizarse para deslegitimar la otra.
Todavía no se han celebrado las elecciones, pero algunos parecen prepararse ya para combatir las políticas de un Gobierno que ni siquiera existe. De ahí que esta huelga tenga algo de preventiva. Ojalá transcurra sin incidentes y sirva, al menos, para recordar la urgencia de los problemas que dice denunciar. Porque las calles permiten expresar el descontento, pero son las urnas las que deciden quién gobierna. Pues eso, calles frente a urnas.
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