El pasado 20 de octubre se cumplió el decimoquinto aniversario del anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA. Quince años, como recordaba este periódico, desde que aquella banda de asesinos comunicó que dejaba de matar, que no es poco, aunque tampoco conviene confundir el final de sus atentados con la desaparición del daño que causó durante décadas. Y mucho menos olvidar lo que fue ETA, por más que algunos se empeñen ahora en pasar determinadas páginas de nuestra historia con una facilidad que resulta, cuando menos, preocupante.

Para empezar, llamemos a las cosas por su nombre: lo de ETA fue terrorismo puro y duro. No fue una "lucha armada", como todavía se empeñan en denominarla quienes jugando con las palabras pretenden justificar o suavizar su pasado criminal. Fue una organización que asesinó, secuestró, extorsionó y amenazó para imponer mediante la violencia un proyecto político. Así de sencillo. Y así de terrible. No caben matices.

Las cifras hablan por sí solas, aunque detrás de cada una de ellas haya una historia que ninguna estadística puede explicar del todo. A ETA se le atribuyen 853 asesinatos y 2.658 personas heridas en atentados cometidos en 31 provincias españolas. A eso hay que añadir los secuestrados, los empresarios extorsionados, los amenazados y miles de familias que tuvieron que acostumbrarse a vivir mirando debajo del coche antes de arrancarlo o a cambiar sus costumbres por miedo a que cualquier día les tocara a ellos. Muchas terminaron abandonando su tierra y algunas encontraron refugio en Andalucía.

Porque aquí también sufrimos el terrorismo etarra. Un estudio publicado en Andalucía en la Historia contabiliza 54 atentados y trece personas asesinadas en nuestra comunidad. La distancia con el País Vasco no sirvió de protección para quienes trabajaban en una prisión, desempeñaban un cargo público o sencillamente tuvieron la desgracia de encontrarse en el lugar donde unos criminales decidieron colocar una bomba.

La primera vez que muchas personas tuvimos conciencia de que las fronteras de ETA no acaban en el País Vasco fue cuando asesinó al doctor Alfredo Jorge Suar Muro un 15 de octubre de 1983 en Cádiz. Tenía solo 37 años. Su ‘delito’, no firmar un informe falso para facilitar la fuga de un preso de ETA del centro penitenciario de El Puerto. Su familia y descendientes, muchos de los cuales residen en esta ciudad, no pueden olvidar 43 años después.

Entre aquellas víctimas que nos resultan más cercanas también están Alberto Jiménez-Becerril y su mujer, Ascensión García Ortiz. Tuve la suerte de conocerlos porque veraneaban en El Puerto, muy cerca de donde vivo. Dos personas maravillosas. Extraordinarias. De las que te dejan huella para siempre cuando tratas con ellas. La madrugada del 30 de enero de 1998 regresaban a su casa después de cenar con unos amigos cuando fueron asesinados a tiros en pleno centro de Sevilla. Alberto era concejal del Partido Popular y tenía 37 años. Ascen, procuradora, 39. Dejaron tres hijos de cuatro, siete y ocho años. Todavía recuerdo sus rostros jugando con mi hijo y me resulta imposible no pensar en ellos cuando alguien habla con una ligereza pasmosa de pasar página.

¿Pasar página de qué? ¿De unos niños que se quedaron sin padre y sin madre porque unos terroristas decidieron que sus vidas valían menos que sus ideas? Cuánto bien habrían hecho a nuestra sociedad Alberto y Ascen de haber seguido entre nosotros y no nos los hubiesen arrebatado quienes hablaban en bien de ‘su’ pueblo.

También conocí por mi trabajo a Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, asesinado por ETA hace ahora 26 años. Coincidimos en bastantes ocasiones en los pasillos del Alto Tribunal andaluz con motivo del juicio a Pedro Pacheco por la expropiación de los terrenos de Los Garciagos para construir aquel proyecto llamado Sherryworld. Portero, otra gran persona, cercana pese a su delicado trabajo, amable, a quien un cobarde tiro etarra en la nuca arrebató la vida a las puertas de su casa.

Cuando has conocido personalmente a algunas de las víctimas, cuando dejan de ser nombres en una relación de asesinatos y tienen rostro, voz y recuerdos compartidos, resulta todavía más difícil comprender determinadas actitudes de hoy.

Pérez Rubalcaba, un diputado por Cádiz decisivo

Por eso conviene recordar también cómo se llegó al final de ETA. Porque no fue una concesión graciosa de los terroristas ni un repentino ataque de arrepentimiento colectivo. Fueron décadas de trabajo policial y judicial, cooperación internacional, resistencia de las instituciones democráticas y, por supuesto, el valor de una sociedad que terminó por plantar cara al terror.

En este recorrido merece un reconocimiento especial Alfredo Pérez Rubalcaba, diputado por Cádiz durante años y a quien precisamente esta semana se le ha rendido un merecido homenaje póstumo en el Congreso. Durante su etapa al frente del Ministerio del Interior, entre 2006 y 2011, las detenciones de dirigentes etarras como Thierry, Txeroki, Aitzol Iriondo o Mikel Carrera Sarobe fueron debilitando hasta límites insostenibles la capacidad operativa de la organización. No fue mérito exclusivo suyo, naturalmente, pero su contribución resultó fundamental.

Quienes tuvimos la oportunidad de conocerle y tratarle durante sus frecuentes visitas a Cádiz conservamos muchos recuerdos personales de Rubalcaba, gran conversador sobre fútbol. Y no puedo evitar preguntarme, como muchas personas, qué diría él hoy de los acuerdos del PSOE con EH Bildu en numerosas instituciones o del apoyo parlamentario de los herederos políticos de Batasuna para sostener al Gobierno de España. Me gustaría escuchar su opinión. Mucho.

ETA desapareció como organización terrorista. Sin duda es una conquista de la democracia española que nadie debería poner en cuestión. Pero una cosa es que desaparezca una organización y otra bien distinta que desaparezcan todas las ideas, actitudes y comportamientos que sirvieron para justificar sus crímenes. Y ahí es donde, quince años después, empiezan a aparecer cuestiones que merecen bastante más atención de la que reciben.

Porque siguen existiendo casi cada semana homenajes a antiguos terroristas, manifestaciones de apoyo a presos condenados por asesinatos y discursos que presentan a quienes empuñaron las pistolas como protagonistas de una causa política en lugar de como responsables de delitos gravísimos. Se podrá discutir sobre política penitenciaria, reinserción o derechos individuales, faltaría más, pero lo que no debería admitirse es que la memoria de las víctimas termine siendo un estorbo para determinadas estrategias políticas.

Una democracia tiene la obligación de vigilar a quienes pudieran pretender recuperar métodos violentos para alcanzar objetivos políticos

Que quedan todavía, ahí es nada, 379 asesinatos sin resolver. Hoy.

Precisamente estos días hemos conocido las detenciones de dos personas a las que la investigación judicial vincula con la organización radical abertzale Jardun y que han ingresado en prisión provisional por presuntos delitos de terrorismo, con fuertes vínculos incluso familiares con antiguos dirigentes etarras. Las pesquisas incluyen referencias a antiguos zulos e información sobre miembros de las fuerzas de seguridad.

Habrá que esperar a que la Justicia determine qué hay detrás de todo ello, respetando, por supuesto, la presunción de inocencia. Pero tampoco parece razonable mirar hacia otro lado.

¿Significa esto que ETA ha vuelto? No. No existen elementos suficientes para sostener semejante afirmación. ¿Significa que debemos despreocuparnos porque ETA anunció su disolución en 2018? Tampoco. Una democracia tiene la obligación de vigilar a quienes pudieran pretender recuperar métodos violentos para alcanzar objetivos políticos, sin criminalizar por ello a organizaciones que actúan dentro de la legalidad. De cualquier signo.

¿Qué valor tiene el arrepentimiento si no va acompañado de un reconocimiento sincero del daño causado? ¿Y cuánto se escucha a las víctimas cuando ponen en duda esa sinceridad?

Y aquí conviene distinguir. Organizaciones de la izquierda radical vasca como GKS o Jardun que campan hoy a sus anchas por las calles no tienen necesariamente las mismas trayectorias ni los mismos planteamientos, y sería injusto atribuirles colectivamente una condición terrorista. Pero a todas, absolutamente a todas, hay que exigirles algo tan elemental como el respeto a las libertades, el rechazo de la intimidación, la condena expresa de los asesinatos y otros atentados de ETA y la aceptación de que ninguna reivindicación política justifica una agresión, una amenaza o la persecución de quien piensa de manera diferente.

Otro asunto que merece una reflexión es el de los presos de ETA. No es lo mismo cumplir una condena que acceder al tercer grado o conseguir la libertad condicional. Son situaciones jurídicas distintas y cada una tiene sus requisitos. Tampoco disponemos de un balance completo y contrastado que permita establecer cuántos antiguos terroristas han salido de prisión desde junio de 2018 sin mostrar arrepentimiento. Sería poco riguroso aventurar una cifra. Pero eso no impide plantear una pregunta: ¿qué valor tiene el arrepentimiento si no va acompañado de un reconocimiento sincero del daño causado? ¿Y cuánto se escucha a las víctimas cuando ponen en duda esa sinceridad?

La colaboración entre PSOE y EH Bildu

Y llegamos a la política. Porque, nos guste o no, el pasado de ETA sigue teniendo consecuencias en la vida pública española y hablar de ello no significa necesariamente tratar de sacar un rédito electoral sino llamar a las cosas por su nombre. La colaboración entre el PSOE y EH Bildu se ha extendido a distintas instituciones mediante acuerdos de gobierno, investiduras, presupuestos y apoyos parlamentarios. Ahí están los casos de Viana, Pamplona, Vitoria, otros municipios del País Vasco y Navarra, el propio Parlamento navarro y el Congreso de los Diputados. No todos los acuerdos son iguales ni tienen el mismo alcance, pero sería absurdo negar una realidad política que está perfectamente documentada y que genera una legítima preocupación e incluso indignación.

¿Son legales esos pactos? Por supuesto. EH Bildu es una formación legal que participa en las instituciones democráticas y cuyos representantes han sido elegidos por los ciudadanos, pero esa no es la cuestión. La cuestión es si todo lo que resulta legal debe quedar automáticamente al margen del debate moral y político. Y, sobre todo, si la necesidad de sumar votos para gobernar puede terminar relegando a un segundo plano la memoria de quienes fueron asesinados precisamente por defender la democracia y sus instituciones.

No se trata de negar derechos políticos a nadie ni de sostener que quienes integran hoy EH Bildu sean responsables directos de los crímenes de ETA. Se trata de exigir claridad, memoria y una condena inequívoca de aquellos asesinatos

No se trata de negar derechos políticos a nadie ni de sostener que quienes integran hoy EH Bildu sean responsables directos de los crímenes de ETA. Se trata de exigir claridad, memoria y una condena inequívoca de aquellos asesinatos. De que el reconocimiento de la injusticia del terrorismo no se convierta en una formalidad que se despacha cuando conviene y se guarda en un cajón cuando estorba. De que en las escuelas no sólo del País Vasco sino de toda España se enseñe que ETA fue una organización criminal y no “libertadora” de ese pueblo que forma parte de nuestro país, como se pretende reescribir desde el nacionalismo vasco a cambio de apoyos legislativos.

Porque los votos son necesarios para gobernar, naturalmente. Pero no deberían servir para decidir qué episodios de nuestra historia conviene recordar y cuáles es preferible dejar de mencionar. EH Bildu no puede decidir qué pasó en España durante los años sangrientos de ETA, imprimirlo en los libros de texto que estudian los alumnos y crear una historia paralela a cambio de un apoyo al Gobierno, en este caso el de Pedro Sánchez. Es un precio demasiado alto a pagar y un insulto a miles de víctimas.

Hay algo que preocupa especialmente de todo esto: el paso del tiempo. Quince años pueden parecer pocos para quienes vivimos aquella época, pero son una eternidad para los jóvenes que hoy tienen veinte o veinticinco años. Muchos apenas recuerdan el anuncio del final de ETA y otros ni siquiera habían nacido cuando asesinaron a Alfredo Jorge, Alberto, Ascen o Luis. Para ellos, aquellos años pueden terminar siendo una referencia lejana, un capítulo de los libros de Historia o, peor todavía, una versión edulcorada de lo que realmente sucedió. Y eso sería un error de enormes proporciones.

La memoria de ETA no puede depender de que sobrevivan quienes padecieron directamente su violencia, de que sigan vivos los familiares de las víctimas o de que los medios de comunicación dediquemos unas páginas a recordarlo cada vez que llega un aniversario redondo. Hay que explicar a las nuevas generaciones, también en todas las escuelas, qué fue aquella organización, por qué asesinaba, a quiénes perseguía y cómo consiguió durante tantos años que miles de españoles vivieran bajo la amenaza permanente de una pistola o una bomba. Películas como las que se han rodado hasta nuestros días sobre Miguel Ángel Blanco, el joven concejal del PP de Ermua cuyo cruel asesinato hace 30 años fue el principio del fin de ETA, son una necesaria herramienta para luchar contra ese deseo del amnesia y amnistía.

Dicen que la memoria es selectiva. Pero si defendemos por principios democráticos, por respeto a la legalidad y a las víctimas que la memoria histórica, como debe hacerse con la Guerra Civil española, es una cuestión necesaria, no podemos distinguir ni entre guerras ni entre terrorismos

Quince años después, sigo recordando a Miguel Ángel Blanco, concentrado con mis compañeros y amigos en la plaza del Arenal esperando ingenuamente un último gesto de misericordia de los terroristas que no llegó. Y a Alfredo, Alberto, a Ascensión, a Luis y a tantas otras víctimas cuyos nombres forman parte, con mayúsculas, de nuestra Historia. También a sus familias, a sus hijos, a quienes tuvieron que marcharse de su tierra y a quienes todavía hoy viven entre nosotros con las consecuencias de aquellos años les debemos esa memoria.

Porque me hago una pregunta que seguramente también se harán muchos de ellos: ¿de verdad hemos llegado al punto de que recordar lo que hizo ETA puede resultar políticamente incómodo? Porque si es así, si plantear estas cuestiones tan elementales se considera innecesario o incluso reaccionario, tenemos un problema. Y no precisamente pequeño.

Dicen que la memoria es selectiva. Pero si defendemos por principios democráticos, por respeto a la legalidad y a las víctimas que la memoria histórica, como debe hacerse con la Guerra Civil española, es una cuestión necesaria, no podemos distinguir ni entre guerras ni entre terrorismos. Ni olvidar ni pasar página, que es la mejor forma de contribuir a que la historia no vuelva a repetirse.