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Como todas las historias de los grandes proyectos empresariales, la de Scoobic Factory en Utrera fue bonita mientras duró, aunque ha durado poco. La fábrica situada en las afueras de la localidad sevillana, de 15.000 metros cuadrados y dentro de un complejo industrial de más siete hectáreas que incluye hasta un circuito de pruebas para los vehículos eléctricos que fabrica, acaba de entrar en un concurso voluntario de acreedores con la ilusión de encontrar un comprador que le permita dar continuidad a su actividad aprovechando todo en lo que ha invertido tanto en estos últimos años: no solo en la compra del solar para sus instalaciones, sino en todo la maquinaria, el equipamiento industrial, todavía flamantes, una flota de 700 unidades operativas y los derechos de propiedad industrial e intelectual, incluidas patentes internacionales y registros tecnológicos.
No en vano, la empresa de José María Gómez, que comenzó en un pequeño garaje y que ha acabado colocando a Scoobic como una empresa puntera en innovación, industria avanzada y compromiso medioambiental dentro y fuera de Andalucía e incluso de España, llegó a invertir casi 26 millones de euros, con la previsión inicial -hace tres años- de fabricar 60.000 unidades anuales, aunque esa previsión se quedara en la mitad poco después y finalmente en mucho menos. Lo mismo ha ocurrido con los trabajadores necesarios, que iban a ser en principio 150 y actualmente la complicada situación afecta solo a 35. O con la facturación, que en 2024 alcanzó los 10 millones de euros, en 2025 iban a ser 30 millones y finalmente han sido solo cuatro.
Ese fue el motivo por el que la compañía sevillana de vehículos eléctricos de última milla –ligeras motos e isocarros- acudió la pasada primavera al Juzgado Mercantil de Sevilla para presentar un plan de reestructuración de su deuda financiera, que entonces –hace seis meses- alcanzaba los 14 millones de euros –contraída sobre todo con el Banco Santander. Como entonces se amplió ya su capital en ocho millones más, la deuda ha crecido hasta superar los 21 millones, porque además los principales planes de la empresa no han salido como se esperaban.
El primero, un contrato de 20 millones por parte de los servicios postales de Francia que se adjudicó pero que no se firmó finalmente porque, según declaró en su momento Gómez, “el Gobierno francés optó por un competidor galo a pesar de que nosotros habíamos superado las homologaciones y teníamos incluso mejor precio”. El segundo, otra alianza con Nimo Grupo por la que se iba a vender al por menor 10 millones de euros en vehículos eléctricos a lo largo de 2025 pero solo se ha logrado vender un millón.
Ni siquiera pudieron afrontar el pago del crédito ICO Covid que firmaron para levantar la fábrica, pues se financiaron 12 millones de euros con el compromiso de que al finalizar la obra se haría una hipoteca sobre la fábrica y así se pagaría el préstamo, pero el problema ha sido que Endesa no les ha facilitado el suministro eléctrico y han tenido que funcionar con grupos electrógenos y, sin luz, tampoco han podido conseguir licencia de ocupación para poder tener hipoteca.
El 20 de noviembre se saldrá de dudas
El efecto dominó ha sido perverso. Y el resultado ha sido que la empresa ha solicitado ahora un concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla porque no ha podido sacar adelante el deseado plan de reestructuración para afrontar sus compromisos económicos. La prórroga es ahora de 15 días para que se presenten ofertas de compra y estudiarlas, y los trabajadores se agarran a la esperanza de que “algún comprador surgirá”, según han declarado algunos de ellos a lavozdelsur.es.
“Estamos mandando un mensaje positivo porque la fábrica no se ha paralizado en ningún momento ni en producción ni en atención ni en relación con proveedores, pues seguimos con los mismos y con los mismos sistemas”, asegura uno de ellos, que prefiere mantener el anonimato porque “la consigna de la empresa es que no se dé más información que la publicada hasta ahora en el BOE”.
El procedimiento judicial contempla, pues, un plazo de 15 días para que empresas e inversores interesados puedan presentar sus propuestas de adquisición, y ese plazo terminará el próximo 20 de noviembre a las 15.00 horas. A partir de ahí, la administración concursal analizará las ofertas recibidas –a través de la plataforma Gobid.es, especializada en la gestión y venta de activos mediante subastas online- y la operación deberá contar en todo caso con autorización judicial.
Ni bolsa ni mercado estadounidense
La posible venta –o no- abre una incógnita sobre el futuro de una de las instalaciones industriales de mayor capacidad productiva construidas en Utrera en las últimas décadas. Uno de los planes de Scoobic era cotizar en el Nasdaq en 2025, aunque ya a finales del año anterior se reprogramó el calendario de su salida a bolsa con la intención de consolidarse primero en el mercado estadounidense.
El 60% de la compañía sigue en manos de la familia del sevillano José María Gómez Márquez, aunque un 20% corresponde a Álea (Persán) y otro 20% se distribuye entre inversores menores entre los que destaca el expresidente de la CEOE hasta 2018, Joan Rosell.
Hace justo un año, Scoobic Factory convocó al Círculo de Empresarial de Negocios Sur (Searo), a representantes del Ayuntamiento utrerano y hasta de la Junta de Andalucía para un evento de sinergia empresarial en el que el joven director técnico de ingeniería, Juan Hermoso, relató la historia de la empresa desde que nació en 2016 inspirada en la necesidad del sector logístico de disponer de vehículos intermedios entre la moto y la furgoneta para optimizar el reparto urbano.
De esa idea original surgió el primero prototipo de Scoobic y más tarde su línea de vehículos eléctricos diseñados para el transporte de última milla, desde operadores logísticos hasta servicios municipales de limpieza. El directivo de Scoobic se refirió entonces también a la apuesta de la compañía por una economía circular completa que abarca desde la fase de diseño en I+D hasta la segunda vida de las baterías y vehículos.
Como todas las historias de los grandes proyectos empresariales, la de Scoobic Factory en Utrera fue bonita mientras duró, aunque ha durado poco. La fábrica situada en las afueras de la localidad sevillana, de 15.000 metros cuadrados y dentro de un complejo industrial de más siete hectáreas que incluye hasta un circuito de pruebas para los vehículos eléctricos que fabrica, acaba de entrar en un concurso voluntario de acreedores con la ilusión de encontrar un comprador que le permita dar continuidad a su actividad aprovechando todo en lo que ha invertido tanto en estos últimos años: no solo en la compra del solar para sus instalaciones, sino en todo la maquinaria, el equipamiento industrial, todavía flamantes, una flota de 700 unidades operativas y los derechos de propiedad industrial e intelectual, incluidas patentes internacionales y registros tecnológicos.
No en vano, la empresa de José María Gómez, que comenzó en un pequeño garaje y que ha acabado colocando a Scoobic como una empresa puntera en innovación, industria avanzada y compromiso medioambiental dentro y fuera de Andalucía e incluso de España, llegó a invertir casi 26 millones de euros, con la previsión inicial -hace tres años- de fabricar 60.000 unidades anuales, aunque esa previsión se quedara en la mitad poco después y finalmente en mucho menos. Lo mismo ha ocurrido con los trabajadores necesarios, que iban a ser en principio 150 y actualmente la complicada situación afecta solo a 35. O con la facturación, que en 2024 alcanzó los 10 millones de euros, en 2025 iban a ser 30 millones y finalmente han sido solo cuatro.
Ese fue el motivo por el que la compañía sevillana de vehículos eléctricos de última milla –ligeras motos e isocarros- acudió la pasada primavera al Juzgado Mercantil de Sevilla para presentar un plan de reestructuración de su deuda financiera, que entonces –hace seis meses- alcanzaba los 14 millones de euros –contraída sobre todo con el Banco Santander. Como entonces se amplió ya su capital en ocho millones más, la deuda ha crecido hasta superar los 21 millones, porque además los principales planes de la empresa no han salido como se esperaban.
El primero, un contrato de 20 millones por parte de los servicios postales de Francia que se adjudicó pero que no se firmó finalmente porque, según declaró en su momento Gómez, “el Gobierno francés optó por un competidor galo a pesar de que nosotros habíamos superado las homologaciones y teníamos incluso mejor precio”. El segundo, otra alianza con Nimo Grupo por la que se iba a vender al por menor 10 millones de euros en vehículos eléctricos a lo largo de 2025 pero solo se ha logrado vender un millón.
Ni siquiera pudieron afrontar el pago del crédito ICO Covid que firmaron para levantar la fábrica, pues se financiaron 12 millones de euros con el compromiso de que al finalizar la obra se haría una hipoteca sobre la fábrica y así se pagaría el préstamo, pero el problema ha sido que Endesa no les ha facilitado el suministro eléctrico y han tenido que funcionar con grupos electrógenos y, sin luz, tampoco han podido conseguir licencia de ocupación para poder tener hipoteca.
El 20 de noviembre se saldrá de dudas
El efecto dominó ha sido perverso. Y el resultado ha sido que la empresa ha solicitado ahora un concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla porque no ha podido sacar adelante el deseado plan de reestructuración para afrontar sus compromisos económicos. La prórroga es ahora de 15 días para que se presenten ofertas de compra y estudiarlas, y los trabajadores se agarran a la esperanza de que “algún comprador surgirá”, según han declarado algunos de ellos a lavozdelsur.es.
“Estamos mandando un mensaje positivo porque la fábrica no se ha paralizado en ningún momento ni en producción ni en atención ni en relación con proveedores, pues seguimos con los mismos y con los mismos sistemas”, asegura uno de ellos, que prefiere mantener el anonimato porque “la consigna de la empresa es que no se dé más información que la publicada hasta ahora en el BOE”.
El procedimiento judicial contempla, pues, un plazo de 15 días para que empresas e inversores interesados puedan presentar sus propuestas de adquisición, y ese plazo terminará el próximo 20 de noviembre a las 15.00 horas. A partir de ahí, la administración concursal analizará las ofertas recibidas –a través de la plataforma Gobid.es, especializada en la gestión y venta de activos mediante subastas online- y la operación deberá contar en todo caso con autorización judicial.
Ni bolsa ni mercado estadounidense
La posible venta –o no- abre una incógnita sobre el futuro de una de las instalaciones industriales de mayor capacidad productiva construidas en Utrera en las últimas décadas. Uno de los planes de Scoobic era cotizar en el Nasdaq en 2025, aunque ya a finales del año anterior se reprogramó el calendario de su salida a bolsa con la intención de consolidarse primero en el mercado estadounidense.
El 60% de la compañía sigue en manos de la familia del sevillano José María Gómez Márquez, aunque un 20% corresponde a Álea (Persán) y otro 20% se distribuye entre inversores menores entre los que destaca el expresidente de la CEOE hasta 2018, Joan Rosell.
Hace justo un año, Scoobic Factory convocó al Círculo de Empresarial de Negocios Sur (Searo), a representantes del Ayuntamiento utrerano y hasta de la Junta de Andalucía para un evento de sinergia empresarial en el que el joven director técnico de ingeniería, Juan Hermoso, relató la historia de la empresa desde que nació en 2016 inspirada en la necesidad del sector logístico de disponer de vehículos intermedios entre la moto y la furgoneta para optimizar el reparto urbano.
De esa idea original surgió el primero prototipo de Scoobic y más tarde su línea de vehículos eléctricos diseñados para el transporte de última milla, desde operadores logísticos hasta servicios municipales de limpieza. El directivo de Scoobic se refirió entonces también a la apuesta de la compañía por una economía circular completa que abarca desde la fase de diseño en I+D hasta la segunda vida de las baterías y vehículos.
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