La condena al Fiscal General del Estado en el juicio desarrollado en el Tribunal Supremo ha convulsionado la vida de este país. Dirán muchos que no es para tanto y que se está magnificando, por unos y otros, las consecuencias de una sentencia que conoceremos en su literalidad “hechos probados…” en las próximas semanas. Pero sí, es para tanto. Se puede decir que con esta decisión, el Tribunal –Marchena y compañía– ha decretado una nueva dimensión, una nueva frontera para lo que hasta hace bien poco entendíamos como Estado de Derecho, Democracia Liberal y tantos términos que comenzamos a vislumbrar hace 50 años, justos los años que hace que murió el Dictador, fecha aprovechada por el Tribunal de Sala para dar esa vuelta de tuerca inaugurando un nuevo sistema político más acorde con sus gustos. En el año 1976 se acuñó por el entonces Presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, el concepto de “de la Ley a la Ley” para establecer el proceso de demolición de la legislación franquista sin violentar la misma: se redactó una Ley Fundamental que podía, y así fue, derogar al resto. Fue el famoso harakiri de los procuradores franquistas.
En estos momentos, varias décadas después, volvemos a lo mismo, pero con argumentos modernizados, estrategias depuradas y con el objetivo, también en este caso, de cambiar el régimen, y si hace 50 años fue para pasar de la autocracia autoritaria del régimen del terror de Franco a una democracia liberal donde nos pudiéramos homologar al resto de países europeos, en esta ocasión es al revés: pasar de una democracia liberal, de un Estado de Derecho garantista e igualitario, a una nueva denominación que hace furor en estos tiempos que corren y que tienen ya países tan importantes como Estados Unidos, Hungría, Rusia… como primeros practicantes: Democracia Iliberal a través de una figura de autócrata que va absorbiendo los otros poderes del Estado hasta hacerlos indistinguibles del Ejecutivo aunque en apariencia sigan siendo independientes.
El poder legislativo elegido por un sufragio en el que es prácticamente imposible que salga una opción diferente a la de los defensores de las democracias no liberales a través del control económico, de los medios de comunicación, del vaciamiento de derechos a la población no afecta… y el poder judicial como brazo armado que se estructura, al contrario de lo que en una democracia es exigible, como un poder independiente pero no neutral. No es que haya muerto Montesquieu, es que se le combate: los jueces se convierten en los ejecutores de las personas o ideas que no son del agrado de los otros poderes, haciendo inviable un sistema democrático.
En el caso que nos ocupa da la impresión que lo que la gente intuimos es real: La condena del Fiscal General del Estado estaba cantada porque no se trataba de consignar si había delito o no, cosa que ya se sabía desde hace tiempo que no iba a ocurrir porque realmente no lo hubo, sino en demostrar que no había paso atrás, que podían hacer y lo hicieron como solicitó Aznar, que había que conseguir el objetivo de cargarse al Fiscal para asfixiar a Sánchez y, de camino, dar un escarmiento a quienes osen a mentar el nombre de su “diosa” –Ayuso– en vano.
Objetivos cumplidos, a ellos les viene de lujo que, como saben, ahora el condenado vaya al Constitucional y a la Justicia Europea y que incluso en esas instancias se decrete, en buena lógica, la absolución del Fiscal, “que lo absuelvan ellos, el daño ya lo hemos hecho y ya tenemos otro argumento más para debilitar al gobierno: que el Constitucional está contra las decisiones de los órganos jurisdiccionales”, por ejemplo. Qué más les da que nosotros, los ciudadanos de a pie que ni siquiera somos expertos en Derecho, seamos capaces de llevarnos las manos a la cabeza de haber asistido a un juicio al que se ha llegado a través de una Instrucción absolutamente fuera de lo que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fuera de los parámetros de la Justicia democrática: No se puede llevar a juicio a nadie si no hay indicios y, mucho menos, si en la instrucción se han conculcado sus derechos constitucionales.
Un juicio donde no se ha podido establecer ni una solo prueba en contra del acusado, es más, todas las intervenciones de los testigos, incluidos los que llevaban las acusaciones, nos han llevado, sin necesidad de ser Catedráticos en Derecho Penal, pero tampoco como ellos creen, lerdos, a la conclusión de que todo esto no ha sido otra cosa que un diseño elaborado por distintos actores, una estrategia diseñada, como ya he dicho, para conseguir por los medios más expeditivos acabar con el gobierno progresista y, de camino, establecer unas nuevas reglas del juego que impidan en un futuro que pueda volver un gobierno de corte progresista.
Atado y bien atado. Con el control –decían que por la puerta de atrás, pero ya ni con disimulo– del Tribunal Supremo se aseguran el pasar no de La Ley a La Ley sino del régimen democrático, de la igualdad de derecho, del in dubio pro reo, de la separación de poderes, del derecho al juicio justo, a un Estado de catástrofe donde los ciudadanos estamos a merced de lo que quieran los poderosos, esos que se han cansado de una democracia que daba poder al conjunto de la población.
Vienen tiempos duros, es posible que estemos asistiendo a la demolición del Estado de Derecho en España tal y como lo estamos viendo destruir en Estados Unidos y lo veremos en otros países de nuestro entorno. La era de la pos-verdad se ha transformado en la de la pos-realidad: da igual lo que sea real porque no se actuará conforme a ella, serán sus resultados. Así, dos personas son intocables en este país: El Rey y Ayuso. El Rey por su condición de inviolable de nati vitate y Ayuso, ya han visto: Si denunciaban la corrupción de su familia, de su hermano, el que lo hacía, Pablo Casado, fue fulminado. Ahora su novio que entre irse de España o suicidarse escogió comprarse un ático con el resultado de sus robos, consigue que Ayuso vuelva a meter en cintura a quienes le descubrieron su corrupción. Y así todo.
Por cierto, mucha gente se pregunta cómo es posible que los poderes económicos, judiciales, medios de comunicación… apoyen de esta manera a la Presidenta de la Comunidad de Madrid cuando todos, ellos también, son conscientes de su escasa capacidad, su nulo conocimiento de ningún aspecto de lo que es la gobernanza, de su torpeza, de su incapacidad intelectual. Una persona que tiene que llevar pinganillo para que le “soplen” las respuestas cuando le inquieren periodistas o tiene que hacer una intervención en la Asamblea. Una persona que tiene el cuajo de despotricar contra la justicia social porque dice que eso es comunismo y al día siguiente dice que ella se denomina políticamente como Humanista Cristiana sin saber que precisamente el humanismo cristiano bebe de la doctrina social de la iglesia y del concepto de justicia social. Pues por eso la apoyan, sirve a los intereses de esos poderes ocultos –ya no tan ocultos– y es lo suficientemente estúpida y poco consistente que la pueden quitar en cuanto quieran. La colman de beneficios: roba cuanto quieras, y así nosotros mientras tú estás entretenida jugando a ser política, los verdaderos amos del “cotarro” hacemos lo que nos de la gana. No hay otra explicación.
Ante esto, ¿qué hacer?: Impedirlo, seguir denunciando y cuando llegue la hora de la verdad, las elecciones, no dejar que nos venzan a través del desánimo y el discurso del “alea jacta est”. Es una cuestión muy sencilla, o seguimos en democracia o volvemos al túnel al que muchos nos quieren volver a meter para seguir ellos con sus odios, sus robos… Puede que hayan intentado escribir la sentencia que condena a la democracia, seguirán otras, pues se trata de hacer inviable una respuesta futura (quedan otras sentencias, Begoña Gómez... el hermano de Sánchez…), pero si somos capaces de mostrar igual contundencia, si somos lo suficientemente fuertes, no lo conseguirán. Y en esto deberían estar no solo las personas progresistas de este país, lo de izquierda, hablo de todos, también de la derecha democrática.