Un colegio electoral en el pasado referendúm cubano sobre la Constitución.
Un colegio electoral en el pasado referendúm cubano sobre la Constitución.

El domingo 24 de febrero acudieron a las urnas más de 7.800.000 cubanos (el 84,41% del censo electoral) para participar en el referéndum sobre la nueva Constitución de Cuba, que fue aprobada con el 86,85% de los votos.

Antes de este referéndum, entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre de 2018, se emprendió un proceso de consulta en el que participaron casi 9.000.000 de ciudadanos cubanos. Durante estos meses se elevaron alrededor de 800.000 propuestas a la Comisión Redactora de la Constitución, lo que derivó en la modificación del 60% de los artículos del anteproyecto, lo cual representa una muy elevada participación del pueblo cubano en la redacción de su nueva Carta Magna.

La nueva Constitución cubana continúa un proceso de actualización de su sistema económico y social que tuvo su punto de inflexión, probablemente, en la aprobación de los lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba en 2012. En ese momento, por primera vez desde el triunfo de la Revolución en 1959, se aprobaron reformas tan importantes como el reconocimiento del cuentapropismo (lo que en España conocemos como autónomos) y otras formas de propiedad diversas a la estatal (aunque la coexistencia de la propiedad estatal con otras formas de propiedad ya se reconocía desde la Constitución de 1976).

Un colegio electoral en el pasado referendúm cubano sobre la Constitución.

La actual Ley de Leyes también declara el carácter irreversible del socialismo, cláusula que había sido introducida en 2002, y define a Cuba en su artículo 1 como un Estado socialista de Derecho y de Justicia Social. Desde luego que se reconoce una cierta apertura económica, lo cual no hace más que plasmar en la Norma Suprema una realidad que ya estaba vigente en la sociedad cubana, pero también enfatiza que el Estado sigue siendo el impulsor, director y planificador de la economía. En 2018 ya había 593.000 trabajadores por cuenta propia. Elevar este reconocimiento a nivel constitucional conlleva una mayor dignificación y ampliación de este sector para un mejor desarrollo económico del país. Esta fuente de empleo ya representa el 13% del total de los ocupados laboralmente en Cuba. Además, ello supone una disminución de la carga estatal y provoca que el Estado pueda concentrarse en actividades verdaderamente trascendentes para el desarrollo económico.

Sin embargo, uno de los mayores problemas que conlleva este reconocimiento de la propiedad privada es la posible acumulación de riquezas. Como consecuencia del bloqueo económico de Estados Unidos, Cuba se vio obligada a adoptar un sistema de doble moneda en el cual los funcionarios del Estado cobran en peso nacional y los turistas pagan en los negocios con peso cubano convertible. De esta manera el país puede obtener divisa extranjera. La instauración del cuentapropismo ha supuesto que muchos cubanos hayan comenzado a cobrar en moneda convertible, no nacional (el salario medio de un cubano trabajador del Estado con titulación universitaria puede estar en torno a unos 15-20 pesos cubanos convertibles al mes –unos 17€-), por lo que existe un riesgo real de una creciente desigualdad en la isla, lo que allí se conoce como pirámide social invertida. En este sentido, la Constitución establece de nuevo en su artículo 65 el principio “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”, pero está por ver cómo se puede resolver este problema que podría generar quiebras en el sistema socialista.

En conclusión, esta Carta Magna se es fuente legitimadora de los cambios a raíz de la actualización del modelo socioeconómico y, al mismo tiempo, se convierte en brújula del cambio y en dinamizadora de la sociedad. Como en cualquier Estado, Cuba está emprendiendo reformas para contextualizar su sistema social y económico. Pero siempre ha de ser el pueblo cubano quien se autodetermine y quien decida sobre su futuro, sin que se puedan tolerar injerencias extranjeras de ningún otro país.

Andrés Iván Dueñas Castrillo es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid y actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Martha Loyda Zaldívar Abad es profesora titular de Derecho Constitucional y Teoría General del Estado en la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba.

Ambos son Especialistas en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha.

 

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