El paro en España tiene rostro de mujer. De los 2,4 millones de personas registradas como desempleadas, casi 1,5 millones son mujeres, el 60,3 % del total. Pero el dato que debería incomodar a cualquier responsable público está en los márgenes: el colectivo de demandantes de primer empleo (personas que nunca han cotizado un solo día) asciende a 226.169, y dos tercios son mujeres. ¿Por qué tantas mujeres llegan a la mitad de su vida sin haber tenido acceso al mercado laboral formal?
En el último boletín del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), correspondiente a febrero de 2026, merece leerse con calma: de las más de 72.000 personas en España que buscan trabajo por primera vez y superan los 44 años, ocho de cada diez son mujeres. No estamos ante una anomalía estadística. Estamos ante el retrato de una generación entera de mujeres fuera del sistema.
Andalucía, y Cádiz en particular, concentran el problema con crudeza
Andalucía agrupa casi el 30% del total nacional de personas que buscan su primer empleo, con más de 67.000 demandantes. Dentro de ese grupo, más de 20.000 tienen más de 44 años. Son los datos de una comunidad que, lejos de ser una excepción, condensa en su territorio todas las contradicciones de un modelo laboral que aún penaliza a las mujeres por el simple hecho de haber sido madres, cuidadoras, esposas o hijas y llevar la carga de los cuidados.
En Cádiz, la situación alcanza una dimensión que ya no admite eufemismos. Con más de 111.000 personas en paro registrado, las mujeres representan el 63 % del total. Entre quienes nunca han tenido un contrato, el 67,4 % son mujeres. Y en el segmento de mayores de 44 años que buscan su primer empleo, el porcentaje sube hasta el 86,4 %: 4.775 mujeres de un total de 5.530 personas.
¿De dónde vienen estas mujeres?
Muchas de ellas no son invisibles por elección. Algunas se vieron obligadas a abandonar su trabajo, o no llegaron a trabajar con contrato formal, o trabajan en la economía familiar sin sueldo ni cotización; otras dedicaron décadas al cuidado de hijas e hijos, de mayores, al sostenimiento silencioso de hogares enteros, en un modelo familiar que la sociedad alentó y que el mercado laboral nunca remuneró ni reconoció. Ahora llegan a los cuarenta y tantos empujadas por una viudedad, una separación o una precariedad económica que ya no pueden sostener. Y se encuentran con un sistema que no sabe qué hacer con ellas: sin historial de cotización, sin experiencia acreditable en papel, con una doble discriminación que se aplica sobre su edad y sobre su sexo de manera simultánea.
El tejido productivo de la provincia tampoco ayuda. El turismo estacional, la agricultura intensiva, los servicios de proximidad y los cuidados, sectores mayoritariamente feminizados, generan empleo precario, temporal, parcial, involuntario y que también propician el empleo informal y la economía sumergida. Una trampa de baja intensidad que atrapa sin hacer ruido.
Esto no es solo un problema social, también es un problema jurídico
Llamarlo "problema social" es una forma de dejarlo sin dueño. Tiene dueño, y lo señala el ordenamiento jurídico con bastante claridad. El artículo 14 de la Constitución garantiza la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad obliga a las administraciones a diseñar políticas activas de empleo con perspectiva de género. El Real Decreto 901/2020 exige que las empresas de más de cincuenta trabajadores cuenten con Planes de Igualdad auditados. Y la Directiva Europea 2019/1158 sobre conciliación impone itinerarios de inserción que integren la corresponsabilidad. Todo esto existe. Lo que no existe, o no funciona, es su aplicación efectiva, porque las mujeres siguen llevando el grueso de la carga de los cuidados y del hogar y este peso las aleja del mercado laboral.
Las consecuencias son también jurídicas en el largo plazo: estas mujeres acumulan lagunas de cotización que las condenan a pensiones mínimas o casi inexistentes, perpetuando una brecha de género en la protección social que actualmente ronda el 28-30 %. La dependencia económica que genera esa situación no es solo una injusticia; la Ley Orgánica 1/2004 la reconoce como una forma de violencia económica y pone a esta mujeres en situación de mayor vulnerabilidad e indefensión frente a la violencia machista. No es un exageración, es una de las causas por las que las mujeres maltratadas sufren en silencio y no suelen denunciar.
¿Qué habría que hacer? y ¿por qué no se está haciendo?
No faltan las propuestas. Falta la voluntad de implementarlas con la urgencia que la situación exige. Desde el ámbito del Derecho Laboral, es necesario articular un programa específico de segunda oportunidad para mujeres mayores de 40 años sin experiencia acreditable, con bonificaciones plenas a la Seguridad Social durante al menos dos años y formación real en competencias digitales y sectores emergentes. Es necesario crear más incentivos fiscales para la contratación en municipios gaditanos con tasas de paro femenino superiores al 20%. Y es necesario fiscalizar con rigor, no con formularios, los Planes de Igualdad en los sectores turístico y agrícola, donde la precariedad femenina es crónica y silenciada.
Andalucía tiene más de 70.000 mujeres mayores de 44 años que nunca han tenido un contrato. No son un grupo vulnerable al margen del mercado. Son una reserva de talento, experiencia vital y capacidad de trabajo a la que el sistema ha negado sistemáticamente la entrada. El coste de seguir ignorándolas no es solo moral. Es económico, es demográfico y, sobre todo, es legal.
Los datos del SEPE de febrero de 2026 sobre desempleo femenino no son un diagnóstico nuevo. Son la confirmación de que llevamos demasiado tiempo mirando sin actuar. La igualdad efectiva no se proclama: se legisla, se presupuesta, se exige y se le dota de mecanismos para hacerla realidad porque, sin libertad económica, las mujeres nunca podrán lograr la igualdad con los hombres.
No olvidemos que faltan 123 años para que haya igualdad salarial real entre mujeres y hombres de forma global, según el Foro Económico Mundial, es decir, en el mejor de los casos lo lograríamos en el año 2149. Y si la variable es la igualdad plena en derechos, oportunidades y condiciones de vida, la proyección de Naciones Unidas es aún más demoledora: a este ritmo, hacen falta trescientos años. Tres siglos para alcanzar la igualdad que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamó como principio fundacional en 1948, es decir, para lograr la igualdad de derechos y deberes entre mujeres y hombres tendríamos que esperar al siglo 24.Es por ser mujeres.