Cuando Dominique Pelicot fue condenado en diciembre de 2024 por drogar a su esposa Gisèle durante casi una década para que decenas de hombres la violasen, el mundo creyó asistir a un caso monstruosamente excepcional. No lo era. Era el reflejo, amplificado por los focos de un tribunal francés, de una realidad que se extiende en silencio en miles de hogares europeos y que la tecnología digital ha multiplicado con una eficacia cruel y devastadora.
Una investigación de varios meses realizada por CNN, publicada en 2025, documentó la existencia de al menos cuatro grupos cifrados, con decenas de miles de hombres participantes de todo el mundo, en los que hombres comparten fotografías y vídeos de mujeres drogadas e inconscientes, intercambian instrucciones detalladas sobre qué sedantes utilizar para evitar dejar rastro toxicológico y se jactan de haber agredido a sus esposas, hermanas, madres e hijas. La investigación identificó cerca de un millar de hombres activos en estas redes dentro del llamado ecosistema del sleep porn o pornografía del sueño.
El patrón europeo: de Italia a Alemania, pasando por Portugal
Italia fue sacudida en 2025 cuando la Fiscalía de Milán inició diligencias tras desvelarse la existencia del grupo de Facebook "Mia Moglie" ("Mi esposa"), activo desde 2019 con más de 32.000 miembros. En él, hombres de toda la península itálica fotografiaban a sus parejas mientras dormían, en la playa, en su propio hogar, o mientras las violentaban y compartían las imágenes acompañadas de comentarios explícitamente violentos y humillantes. Meta eliminó el grupo después de que una denuncia lo hiciera público, pero los investigadores confirmaron que el material había migrado a otras plataformas con menores controles. En Portugal y otros países de la Europa meridional y central se han detectado redes análogas de hombres que violan a sus esposas y comparten material gráfico de tales actos y ofrecen a sus mujeres a otros hombres para que hagan lo mismo.
La arquitectura del crimen: cómo funcionan estas redes de violadores
Lo que las investigaciones periodísticas y judiciales han permitido documentar no son actos aislados de depravación individual, sino una infraestructura organizada de hombres depredadores de las mujeres de su familia. Los grupos funcionan como fratrías de machos dedicados a la violencia sexual: los participantes se asesoran mutuamente sobre qué sustancias tienen menor detección en análisis de orina, cómo administrarlas de forma disimulada, qué posiciones facilitan la grabación sin que la víctima inconsciente pueda ser identificada por los ángulos utilizados. Existe también un componente transaccional: el intercambio o venta de material gráfico, la petición de acceso físico a las víctimas y la formación de círculos de "intercambio" entre parejas y hasta la consulta a otros hombres sobre qué actos realizar con su mujer.
No es posible analizar este fenómeno sin nombrar el sustrato ideológico que lo alimenta: la denominada “cultura de la violación” y la pornoviolencia. El resultado es una generación de varones perversos que han adquirido sus primeros marcos de referencia sobre la sexualidad a través de materiales que presentan la violación, la crueldad y el sadismo como entretenimiento. No se trata de un argumento moral sino de un problema de salud pública y de derechos humanos: cuando el deseo de los varones se construye sobre la deshumanización de las mujeres, éstas desaparecen como sujeto, y pasan a ser cosas. Y las cosas no pueden ser víctimas, sólo objetos de usar y tirar.
El silencio ya no cabe. Que la vergüenza cambie de lado
Gisèle Pelicot eligió la exposición pública cuando podría haber elegido el anonimato protector que el sistema le ofrecía. Según declaró ante el tribunal de Aviñón, lo hizo para que la vergüenza cambiara de lado. Esa transferencia, de la víctima al agresor, de lo doméstico a lo político, del caso individual al sistema social que lo hace posible, es precisamente la operación que el derecho y la política deben completar ahora con medidas concretas e irreversibles.
Las mujeres tenemos derecho humano a una vida libre de violencia, y ese derecho no se suspende en el umbral del hogar. Al contrario: es ahí donde debe ser más robusto, porque es ahí donde más frecuentemente se viola. Que la cama conyugal se haya convertido para miles de mujeres en el lugar del mayor peligro, que el cuerpo de una mujer narcotizada sea territorio de acceso para quien dice amarla y para los hombres que él convoca, no es sólo una tragedia privada; es un fracaso colectivo de una sociedad cada vez más misógina y cruel con las mujeres y niñas que los ordenamientos jurídicos tienen la obligación de corregir.
¿Durmiendo con el enemigo?
No podemos normalizar que las mujeres tengamos que vivir con miedo no solo en la calle o en el trabajo, sino dentro de nuestro propio hogar, en nuestra propia cama, junto a quien se supone que nos ama. Que el marido o la pareja pueda convertirse en el agresor que nos somete químicamente para violar nuestro cuerpo mientras dormimos no es una amenaza abstracta: es una realidad documentada, en expansión, organizada en red y amparada por la inacción del Estado. Esa inacción tiene nombre: complicidad por omisión.
Los poderes públicos no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras redes de hombres comparten instrucciones para sedar a sus parejas, intercambian víctimas como si fueran mercancía y distribuyen el material gráfico de sus crímenes en plataformas digitales que operan en la práctica impunidad. La vergüenza moral no basta. Hace falta derecho penal con dientes.
Urge endurecer la ley, ya
El endurecimiento del marco legal es urgente e inaplazable. Es necesario penalizar con severidad la tenencia, solicitud, producción y distribución de material que documente violencia sexual, equiparando su tratamiento al del abuso sexual infantil, cuya mera posesión constituye delito grave en toda Europa. Deben cerrarse los refugios digitales donde estas redes operan sin consecuencias, exigiendo responsabilidad penal subsidiaria a las plataformas que no apliquen protocolos eficaces de detección y retirada inmediata. Y debe garantizarse a las víctimas protección real: recursos económicos, anonimato efectivo, asistencia jurídica desde el primer momento y acceso a una justicia que juzgue y condene estas conductas con la contundencia que merecen.
Urge abolir la prostitución y la pornografía
Pero endurecer las penas no es suficiente si no se ataca la raíz. La prostitución y la pornografía son las dos caras de un mismo sistema que convierte a las mujeres en objetos intercambiables, que entrena a los hombres desde la adolescencia en la indiferencia ante el dolor ajeno y en la convicción de que un cuerpo femenino es un bien de consumo disponible de usar y tirar.
La abolición de la industria prostitucional y pornográfica no es ideología: es una exigencia democrática de coherencia con los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños que decimos defender. No se puede proclamar la igualdad y al mismo tiempo tolerar industrias cuyo modelo de negocio es la dominación, la violencia y la humillación femenina.
La vergüenza debe estar, de una vez y para siempre, del lado de quienes agreden, filman, comparten, consumen, miran y callan sabiendo lo que ocurre. Y, también, del lado de quienes tienen la potestad de legislar y todavía no lo han hecho. Las feministas españolas exigimos una ley abolicionista. La exigimos con urgencia. Y la exigimos porque sabemos, como nos enseñó Gisèle Pelicot al renunciar al anonimato, que el silencio nunca ha protegido a ninguna mujer; solo ha protegido a sus agresores.