Estamos sufriendo el mayor episodio de sequía y alta temperaturas medias en Andalucia de las últimas décadas. Las restricciones de agua derivadas de ello están teniendo graves consecuencias para ciertos de miles de andaluces que ven coartada su actividad, el desarrollo de su trabajo y, en demasiado casos, sufriendo incluso cortes de suministro de agua de boca .Desde la Mesa Social del Agua de Andalucia de la que formamos parte la Fundacion Savia, junto a Aeopas, CCOO Andalucia, UGT Andalucia, COAG Andalucia, Ecologista en Acción Andalucia, Facua Andalucia, Fundacion Nueva Cultura del Agua, Greenpeace, Red Andaluza de la NCA, SEO/BirdLife, UPA Andalucia hemos fijado nuestra posición como Mesa ante la sequía:
Andalucía experimenta una sequía pluviométrica, con precipitaciones por debajo de la medía estadística, que se extiende, con una intensidad y distribución espacial desigual, desde el año hidrológico 2018-2019 hasta la actualidad. Los informes técnicos, tanto de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para toda Andalucía como los de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para esta cuenca, no indican una excepcional intensidad de la secuencia de sequía que estamos atravesando, desde el punto de vista del volumen de precipitaciones. Estos informes sí constatan temperaturas superiores a las medias en los últimos años, salpicadas con olas de calor de frecuencia, longitud temporal e intensidad extraordinarias, que, de acuerdo con la opinión científica más autorizada, pueden considerarse ya manifestaciones del cambio climático. Todo ello ha dado lugar a graves impactos en los cultivos de secano y en la ganadería extensiva y una reducción de las aportaciones a las masas de aguas superficiales y subterráneas, con la consiguiente escasa recarga de acuíferos subterráneos y embalses superficiales, lo que agrava aun más la reducción de dotaciones que el regadío lleva soportando tres años.
Desde el punto de vista de la gestión del agua, además de la reducción de las lluvias unida a las persistentes olas de calor, nos encontramos con un desequilibrio permanente entre las demandas y los recursos disponibles, que se pone en evidencia de manera descarnada en estos episodios de precipitaciones anómalas y temperaturas históricas. Es necesario insistir en esta idea clave: lo que afecta a Andalucía es una gran crisis de escasez, acentuada por una sequía pluviométrica intensificada por unas extraordinarias olas de calor, detrás de las cuales asoman los efectos del cambio climático. La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias espaciales, ha sobrepasado la disponibilidad del recurso. El déficit es estructural, encubierto por la sobreexplotación generalizada de aguas superficiales y subterráneas.
En los habituales listados de infraestructuras que se presentan como solución a la crisis, se ignora los auténticos problemas: la sobreexplotación de los recursos y la presencia de los impactos del cambio climático. Son listados que trasmiten una gran confusión, mezclando medidas de naturaleza y escala espacial y temporal muy distinta. Se presentan como urgentes actuaciones con efectos a medio y largo plazo, que tardarían muchos años en ejecutarse y que nada tienen que ver con la emergencia de sequía. Pretenden generar más recursos hídricos, en ocasiones no para consolidar las actuales demandas insatisfechas, sino para ampliarlas, sobre todo con el desarrollo de nuevos regadíos y macroproyectos urbanísticos. Por el contrario, faltan soluciones para temas más urgentes y realmente producidos por la sequía.
Este es el diagnóstico muy preocupante que hay que explicarle a la ciudadanía y en el cual se basan las propuestas de alternativas que la Mesa Social del Agua propone:
1. La primera víctima de la situación que atravesamos están siendo nuestros ríos, manantiales, fuentes y lagunas, es decir, los ecosistemas acuáticos, el dominio público que pertenece a todos, profundamente deteriorado en cantidad y calidad en la mayor parte del territorio andaluz. Por esto defendemos el respeto a los caudales ecológicos, como una condición imprescindible para el mantenimiento de la vida de ecosistemas. Y junto a ellos, la defensa de los usos humanos más dependientes del buen estado de estos ecosistemas: los abastecimientos de localidades medias y pequeñas y la ganadería extensiva y semiextensiva, así como los regadíos dependientes de los recursos locales.
2. Es necesario definir prioridades (las restricciones que padecen numerosos pequeños municipios andaluces) y evaluar social y económicamente las actuaciones. La mayoría de estos municipios son pueblos menores de 20.000 habitantes que gestionan el agua de forma aislada o esperan inversiones para conectarse a grandes sistemas. Muchos de estos casos podrían haberse evitado si estuvieran integrados en sistemas supramunicipales o si se hubieran construido las obras incluidas en convenios firmados con ese fin desde hace años. Es necesario planificar una relación de actuaciones con un enfoque realmente de obras de emergencia. Consideramos necesario un plan de choque para evitar los cortes de agua en Andalucía en el marco del impulso de la gestión pública a través, cuando sea necesario, de sistemas supramunicipales eficaces y transparentes. En este contexto, ya en su momento consideramos inadecuado la suspensión del cobro del canon autonómico de mejora, un tributo cuyo destino se amplió en 2019 precisamente para sufragar actuaciones correspondientes al conjunto del ciclo urbano del agua.
No se pueden seguir ignorando las causas de estas situaciones, que en muchos casos se deben a la sobrexplotación o contaminación, o a ambas cosas, de los recursos subterráneos locales, generalmente por ganadería intensiva o regadío. La programación de una intervención infraestructural para conectar los sistemas urbanos a embalses de regulación debería ir acompañada de la declaración de riesgo cuantitativo y/o cualitativo de las masas de agua subterráneas en las que las poblaciones afectadas basan su abastecimiento.
3. Otros medidas realmente de emergencia de sequía se refieren al regadío, empezando con la modulación de dotaciones, en la línea de un reparto social del agua, que garantice un mínimo de superficie regada por explotación para asegurar la supervivencia de todas las explotaciones familiares y profesionales. Hay que responder a los impactos sobre los riegos de aguas superficiales que ven intensificados los recortes padecidos desde hace tres años en buena parte de Andalucía. Apoyamos el reparto social de los recursos disponibles y denunciamos la intensificación especulativa e ilegal de cultivos que se produce de manera generalizada en el territorio, incluso incentivada -como el caso del Guadalquivir- por la propia Confederación. El agua para la agricultura debe redistribuirse con criterios sociales, se debe priorizar el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales frente a modelos de producción especulativa basada en cultivos altamente consumidores de agua y otros recursos.
4. Sobre las operaciones de cesión de derechos que se están planteando, denunciamos que, en una situación tan grave como la que atravesamos, no se puede mercadear con un bien público como es el agua. Consideramos que el Organismo de cuenca debe asumir su función de defensa del agua como un bien común y asumir su papel de intermediación en la cesión de derechos, atendiendo en su reparto y asignación a criterios sociales y no solo económicos.
La gestión del agua no puede realizarse desde una lógica de oferta y demanda sino a una lógica de interés general. El agua se debe gestionar de manera trasparente, responsable, eficiente y no a través de dinámicas del mercado puesto que su valor no es ni sustituible ni intercambiable por bienes de capital. Por ello, y dada la urgencia de actuar contra esta situación, es urgente incluir en los diferentes decretos de sequía que se están promulgando, tanto desde Gobierno Central como desde la Junta de Andalucía, la creación de los centros de intercambio de derechos, estableciendo para su funcionamiento criterios transparentes de distribución de los recursos que contemplen un reparto social del agua destinada a regadío, garantizando la supervivencia de las explotaciones familiares y el mantenimiento del empleo que estas generan, respetando en cualquier caso el régimen de caudales ecológicos.
5. En la misma línea de actuaciones de corto plazo realmente centradas en la emergencia de sequía, es necesario dotar de ayudas urgentes a las numerosas explotaciones ganaderas extensivas que podrán verse abocadas al cierre de forma inminente. Es urgente suministrarles agua por medio de las pequeñas infraestructuras que se requieran en cada caso (pantanetas, canales, abrevaderos, balsas) con las que paliar la situación, y allí donde sea necesario, recurrir al abastecimiento mediante camiones cisterna. Es necesario evitar que en los próximos meses se reproduzcan las situaciones dramáticas que se están viviendo en estos momentos.
6. Con esa misma orientación, son urgentes e imprescindibles los apoyos financieros y fiscales habituales en estos casos, pero ajustados a las diferentes situaciones socio-económicas de manera que garanticen las rentas básicas del tejido productivo agrario que consolida población y vida en el territorio. Es preferible que estas ayudas se concedan de forma directa, como compensaciones de rentas, no a través de exención de los costes del agua, que reduce las ya generalmente bajas señales económicas de escasez del recurso. Tampoco se puede perder de vista la situación, inaceptable en casos bien documentados, de los trabajadores del campo, que se pueda agravar aún más por la sequía. Son el eslabón más débil y vulnerable de la cadena de valor. Es necesario reforzar la protección social de estos trabajadores/as agrarios afectados por la sequía articulando medidas concretas desde las administraciones central y autonómica.
7. La reutilización de aguas regeneradas y la desalación deben apoyarse siempre que sea ambientalmente posible, con el objetivo de sustituir las extracciones en los ríos y acuíferos sobreexplotados, nunca para ampliar la demanda de agua. Se debe impedir la “doble contabilidad”, esto es contabilizar como nuevo recurso lo que ya se contabiliza como caudal circulante asignado a usos preexistentes o a caudales ecológicos. Debe garantizarse que el destino de estos recursos no sean concesiones privadas a empresas gestoras sino a proyectos de interés general y gestión pública o comunitaria democrática.
Para el medio y el largo plazo, hacen falta otros planeamientos, sin entremezclarlos desordenadamente con las medidas urgentes de corto plazo. Aunque varias organizaciones miembros de esta Mesa fueron críticas con el Pacto Andaluz por el Agua aprobado en la legislatura autonómica anterior, este incorporó algunos diagnósticos y orientaciones fundamentales importantes, como: la definición de objetivos medioambientales prioritarios, la participación y transparencia, la garantía de los servicios urbanos y mínimo vital, la atención a los déficits estructurales y demandas sostenibles (incluyendo “limitación de la superficie de regadío”), la resiliencia frente a sequías, la adaptación al cambio climático, la recuperación de costes y la financiación sostenibilidad. Una relación de conceptos aprobados por el Parlamento de Andalucía que hay que recuperar como puntos de referencia estratégicos que han desaparecido de los mensajes de la Junta de Andalucía y otros agentes sociales en el actual debate sobre la sequía. Es imprescindible construir un auténtico Pacto Social del Agua, retomando lo que de positivo tuvo la experiencia del Pacto Andaluz, que asuma y promueva un modelo de participación activa, justa, diversa, comprometida y equilibrada, en el que puedan intervenir todos los actores socio-económicos y ciudadanos en igualdad de condiciones y donde la protección del recurso sea la base de una nueva política de aguas. Una participación social apoyada por unas administraciones implicadas, con la dotación adecuada en términos de recursos económicos y humanos.
Comentarios