José Antonio Bustamante, empresario y ciudadano indignado
Es mucho lo que se ha hablado estos días sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la cual se incluyen como nuevos aforados ante el Tribunal Supremo a la Reina y a los Príncipes de Asturias. Al igual que ocurre con los indultos, es difícil explicar en una sociedad moderna y en una democracia que se supone transparente e igualitaria, este tipo de privilegios que algunos disfrutan. Estas situaciones siempre nos llevan irremediablemente a formularnos la misma pregunta: ¿Cuántos son en realidad?
Lamentablemente, como pasa cuando tratamos de averiguar cuántos políticos o funcionarios existen realmente, nos topamos con cifras muy dispares. Parece imposible saber el número de personas que gozan de esta concesión gratuita y eso, de por sí, es otra muestra más de la opacidad que sufrimos en esta supuesta democracia. No logro entender por qué, si este privilegio está amparado por la Constitución y los diferentes Estatutos de Autonomía, no podemos saber exactamente de qué cantidad de personas estamos hablando. El abanico que se abre al intentar llegar a esa cifra es enorme. El número que más se repite es el de 10.000, aunque si incluimos a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que también disfrutan de una consideración especial, el dato se elevaría hasta los 250.000.
Lo que sí sabemos con exactitud, y sin temor a equivocarnos, es el número de aforados en otros países. En esa línea es Francia la que sin duda se lleva la palma con la friolera de diez aforados (presidente de la República, el Primer Ministro y sus ministros). En Portugal e Italia esa cifra se reduce a un solo aforado, el presidente de la República. En Alemania, como pasa en el Reino Unido o en los EEUU, esta figura no existe. El número de aforados es cero. Es decir, en estos países, a excepción de los poquísimos aforados, son todos juzgados como cualquier otro ciudadano. Quizá eso explique que en los demás países los políticos sí dimiten.
Si el aforamiento fuese disciplina olímpica, sin duda no habría forma de robarnos la medalla de oro. Miembros del Gobierno, senadores, diputados, altos cargos, además del Rey y los tres miembros de la realeza incluidos recientemente son algunos ejemplos de aforados que tenemos en España. Por otro lado también tenemos casos más curiosos como los vocales del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, los Presidentes de los TSJ, los Fiscales de Sala del TS y de la Audiencia Nacional, por no hablar del Defensor del Pueblo -incluidos sus adjuntos-, de los Consejeros del Tribunal de Cuentas, de los del Consejo de Estado, los generales del Ejército, los almirantes, el Fiscal Togado, los Defensores del Pueblo autonómicos…. y los miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, policía autonómica y hasta la policía local. Unos aforados al TS, otros a los TSJ y otros a las AP, pero todos con idéntico privilegio. Existe, además, otro asunto por el que se ha pasado de puntillas pero de una vital importancia: con la nueva reforma el aforamiento será un derecho vitalicio. O dicho de otra manera, el aforamiento continuará cuando dejen el cargo si el delito se cometió durante su ejercicio.
Si, según el artículo 114 de la Constitución, todos los españoles somos iguales ante la Ley, alguien debería explicar por qué una serie de personas tienen el privilegio de ser juzgados por los jueces que ellos mismos han elegido a dedo y a poder declarar desde sus propios despachos y por escrito. Porque, que a nadie se le olvide, no son más que nuestros representantes en las instituciones. En cierta medida los podemos considerar nuestros empleados, y una cosa es que paguemos muy bien a nuestros trabajadores, y otra cosa muy distinta es que gocen de unos privilegios procesales-penales que van en contra de la propia esencia de la Constitución y de las más elementales reglas democráticas.
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