La gestión del agua siempre ha implicado responder a la variabilidad climática en la distribución y el saneamiento. Sin embargo, la aceleración del cambio climático introduce nuevas exigencias: ya no basta con ajustar operaciones, es necesario planificar la adaptación de manera explícita. Desde el sector del agua, al estar en primera línea para observar, evaluar y mitigar impactos, podemos también contribuir con soluciones concretas para hacer frente a la emergencia climática.
A pesar de que todo cambio encuentra resistencia, y adaptarse es cambiar, en algunos puntos no hay razón para que no estemos todos de acuerdo. Como profesionales del agua, lamentamos ver como sigue sin colocarse el agua urbana donde corresponde dentro de la agenda climática. No por falta de datos ni de argumentos, sino porque persiste una cierta inercia que hace que las esferas mediáticas y políticas prioricen otros factores, como la energía, mientras los impactos hídricos se agravan ante nuestros ojos: Sequías prolongadas, lluvias torrenciales, olas de calor y degradación de la calidad del recurso ya no son escenarios futuros, sino realidades presentes que afectan directamente a nuestros territorios, pueblos y ciudades.
No obstante, la sociedad española está lista: las encuestas en España muestran un alto consenso en la convicción de que el cambio climático es un problema grave y que está científicamente probado. Un estudio reciente de la Fundación BBVA reveló que el 67% de los españoles atribuye su origen a la actividad humana, y un 81,4% de la población en la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología (EPSCT) 2024 lo considera un problema grave. Existe una demanda generalizada de acciones urgentes y un alto nivel de conciencia sobre sus efectos, que ya son palpables ¿cuál es entonces el problema? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer?
Nunca lo diremos lo suficiente; actuar frente al desarreglo climático es fundamental. Nos está afectando ahora, y nos afectará más aun si cabe en las próximas décadas, por lo que lanzar un pacto de Estado frente a la Emergencia Climática es clave para diseñar una estrategia compartida de futuro, donde los cambios profundos se aborden con la participación de todo el conjunto de los actores implicados ¿Es ambicioso? Sí, en tiempos donde impera la inmediatez y el individualismo, actuar para el largo plazo y para el bien de todos parece hasta ilusorio.
Todos hacemos constataciones obvias: la respuesta institucional sigue siendo fragmentaria, a menudo reactiva y con escasa coordinación entre los diferentes niveles de planificación y de toma de decisión. Y eso, pese al consenso, al amplio reconocimiento del diagnóstico científico y a voluntades políticas innegables. Pese a los ingentes esfuerzos de los que siguen apostando por el futuro, en lugar de tener un proyecto estatal (a espera que se junten otros países), no logramos organizarnos y anticiparnos. Pero no podemos quedarnos en constataciones.
El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática es cada día más necesario. Y como los recursos hídricos son indispensables en cualquier actividad humana, desde enfriar una central nuclear a tomar un vaso de agua, es un factor clave e ineludible para hacer frente al desarreglo climático. El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática debe incluir el agua, sin olvidarse del agua urbana, dándole el lugar central que tiene de hecho.
Por eso llamamos a todas las fuerzas políticas y sociales, al mundo profesional y de la jurisdicción; España necesita que juntos elaboremos el marco normativo que otorgue estabilidad y capacidad de acción coordinada del que tanto carecemos. El Pacto de Estado nos da esta oportunidad.
En el ámbito del agua urbana, observamos cómo en muchos municipios las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento muestran una vulnerabilidad creciente. Las sequías ya no permiten margen de maniobra; la gestión de la escasez debe formar parte de la planificación estructural. La experiencia demuestra que, cuando se actúa con previsión, los resultados son eficaces y socialmente sostenibles.
En el medio rural, las dificultades se agravan: menos recursos, redes obsoletas y menor capacidad técnica e inversora. Pero podemos hacer que la adaptación al cambio climático sea también un importante factor de cohesión territorial, gracias a políticas públicas que garanticen el derecho al agua en todos los territorios, sin excepciones ni atajos.
Hablar de adaptación climática sin considerar el ciclo urbano del agua es, en la práctica, diseñar políticas con una pieza clave fuera del tablero. Por ello se hace indispensable, dentro del Pacto, otorgar un espacio diferenciado a la realidad del cambio climático en los sistemas urbanos y el agua.
Los operadores de agua públicos ponemos a vuestra disposición nuestros conocimientos, diagnósticos y modelos que ya están funcionando. Un buen ejemplo es la Guía para la adaptación de los sistemas de agua urbana al cambio climático, uno de los trabajos más completos sobre el ciclo del agua en las ciudades de nuestro país. Allí se exploran las conexiones entre las decisiones municipales y la gestión del agua, y se propone un marco para afrontar la emergencia climática basado en los mejores conocimientos científicos disponibles y en la participación social. El documento ofrece directrices y orientaciones para hacer un uso más responsable del agua en entornos urbanos y también en las zonas rurales cercanas, junto con experiencias que pueden servir de inspiración a los operadores públicos.
Entre todos, tenemos que dar el paso de integrar estos conocimientos de forma coherente en nuestros instrumentos de planificación climática. Para hacerse realidad, la adaptación de los ciclos del agua tendrá que disponer de estímulos económicos y fiscales, equiparables a los de la transición energética. El Pacto de Estado representa una oportunidad que no podemos desaprovechar.
Adaptarnos al cambio climático no es solo una cuestión técnica, sino una prueba de madurez institucional y social. Y en esa tarea, garantizar sistemas urbanos de agua seguros, resilientes y sostenibles no es un objetivo sectorial, sino una condición básica para cualquier futuro viable.
