El Consejo de Ministros aprobó este martes un decreto-ley que reconoce como víctimas a las familias de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos. La norma, que debe ser convalidada por el Parlamento, amplía además el periodo de reconocimiento y reparación integral hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución Española.
El Gobierno explicó que el marco temporal anterior, establecido por la Ley de Memoria Democrática de 2007, comprendía desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977. Con la modificación aprobada este martes, se extiende este reconocimiento hasta el momento de la instauración de la Constitución, incorporando así a quienes quedaron fuera del periodo inicialmente previsto.
La norma establece el derecho a recibir una indemnización de 250.000 euros por cada víctima fallecida, que podrá ser percibida por hijos, cónyuge o personas que convivieran con la víctima en una relación de afectividad análoga. Según el Gobierno, esta medida busca equiparar las compensaciones a las otorgadas a las víctimas del terrorismo y garantizar la reparación integral de quienes defendieron la democracia.
El decreto reconoce expresamente como víctima del terrorismo y de la represión franquista a Manuel José García Caparrós, joven malagueño de 18 años que murió por un disparo durante una manifestación en apoyo a la autonomía de Andalucía en diciembre de 1977. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, señaló que había contactado con la familia para transmitirle tanto "disculpas" como información sobre la aprobación del decreto.
El cambio de norma
Montero precisó que la familia de García Caparrós inicialmente había solicitado su reconocimiento ante la dirección general encargada de las víctimas del terrorismo, pero la respuesta de los funcionarios fue que "su figura no se correspondía con lo que legalmente se marca como 'víctima del terrorismo', que era más parecido a lo que viene a ser víctima de la memoria histórica o de la memoria democrática".
Ante esta situación, el Gobierno decidió impulsar un decreto-ley urgente que "permita recuperar las indemnizaciones en la Ley de Memoria Democrática que existían antes de la nueva ley y que, además, se asimilarán a las que se dan a las víctimas del terrorismo", explicó la ministra de Hacienda. Montero añadió que la decisión era "la fórmula más adecuada para dar una respuesta justa, necesaria" y que responde a "la dignidad de la figura de José Manuel García Caparrós".