En el marco de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Mujer, debemos señalar que hay número que debería interrumpir cualquier conversación sobre igualdad: 123. Es el número de años que, según el Foro Económico Mundial, faltan para que mujeres y hombres del mundo tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas condiciones de vida. Estamos hablando del año 2149. Y el propio organismo que publica ese dato se permite presentarlo como una buena noticia, argumentando que en 2024 la estimación era de 132 años. Las mujeres que hoy sufrimos violencia, discriminación laboral o exclusión jurídica no podemos vivir en diferido. No tenemos 123 años por delante. Tenemos urgencia, máxime si tenemos en cuenta que el pronóstico de la ONU es mucho más pesimista.
Primero, lo más urgente: que no nos maten ni nos violen
En 2023, más de 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o por miembros de su propia familia, según la ONU. Un feminicidio cada diez minutos, las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año. En la mayoría de los casos, sus agresores eran del entorno más cercano de las víctimas; en muchos casos, ellas habían denunciado y, en la inmensa mayoría, el crimen quedó impune.
La ONU estima que una de cada tres mujeres en el mundo sufrirá violencia física o sexual a lo largo de su vida. No en contextos de guerra, no en situaciones excepcionales: en el hogar, en el trabajo, en el espacio público o Internet. La violencia contra las mujeres es la violación de derechos humanos más extendida, más tolerada, más rentable y más impune en el mundo, tanto para sus perpetradores como para los sistemas que lo sostienen.
A las formas de violencia de siempre (feminicidios, agresiones sexuales, trata sexual, prostitución, acoso y explotación laboral, matrimonios forzados, mutilación genital…) se suma hoy un arsenal tecnológico al servicio de la misma lógica de dominación: deepfakes sexuales fabricados sin consentimiento, extorsión digital, pornografía vengativa, doxxing, vigilancia tecnológica ejercida por parejas controladoras, campañas de acoso masivo coordinado en redes. La violencia se actualiza, pero las víctimas siguen siendo las mismas: las mujeres y niñas.
Que esto siga ocurriendo en 2026, con la magnitud y la impunidad con que ocurre, no es un fallo del sistema: es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Cambiarlo requiere voluntad política real, recursos económicos suficientes y una cultura jurídica y social que empiece a tratar la violencia física y sexual contra las mujeres como un asunto de Estado, porque no es un fenómeno privado ni inevitable.
Segundo: que no nos discriminen ni en la escuela, el trabajo ni ante la ley
La desigualdad que padecen las mujeres no es sólo simbólica: es material, es medible y tiene consecuencias directas sobre la calidad y la autonomía de nuestras vidas. El Banco Mundial y la ONU calculan que las mujeres disfrutan apenas cerca del 70% de los derechos jurídicos reconocidos a los hombres. No es una metáfora ni una exageración: es una ratio. Significa que, en muchos países del mundo, las mujeres no pueden firmar contratos en las mismas condiciones, no pueden heredar de la misma manera, no pueden casarse o divorciarse ni tener la custodia de sus hijas e hijos con los mismos mecanismos, ni acceder a la justicia con las mismas garantías, ni tampoco pueden acceder al derecho a la educación de la misma manera. Simplemente, en la mayor parte del mundo las mujeres y niñas son inferiores. Y, lo peor, es que existe un deterioro jurídico global que amenaza nuestros derechos.
En el mercado laboral, la discriminación es tan estructural que ya casi resulta invisible. Las mujeres representan el 70% de la población en situación de pobreza extrema. Asumimos de forma casi exclusiva el trabajo de cuidados no remunerado (crianza, atención a personas dependientes, trabajo doméstico) que hace posible el funcionamiento de la economía global, pero que es remunerado, ni cotiza para prestaciones ni pensión de jubilación, no se reconoce y no se compensa. A ello se añaden brechas salariales persistentes, segregación por sectores, techos de cristal en el acceso a posiciones de responsabilidad, acoso sexual como mecanismo de expulsión y represalias contra quienes denuncian.
La representación política dibuja la misma fotografía. En 113 países ninguna mujer ha ejercido jamás la jefatura del Estado o del Gobierno. En el conjunto del mundo, la presencia femenina en parlamentos apenas alcanza el 27%. No es progreso: es la confirmación de que los mecanismos de exclusión siguen operando con eficacia, aunque ya no se expresen siempre de forma abierta.
Tercero: derechos plenos y consolidados
Existe además una violencia que no ejerce un individuo sino el propio Estado: la que se produce cuando las leyes borran a las mujeres de su categoría jurídica para incluir a varones; cuando las instituciones no protegen a quienes denuncian, cuando los tribunales reproducen estereotipos para favorecer a agresores o adoptan políticas antipunitivistas, cuando las políticas públicas son insuficientes o inexistentes y cuando los organismos internacionales guardan silencio ante violaciones flagrantes, o participan de las mismas de forma activa o pasiva.
Las mujeres iraníes encarceladas y ejecutadas por negarse a cubrirse el cabello o rebelarse contra el régimen. Las mujeres y niñas de todos los países que afrontan conflictos, hambrunas y graves crisis económicas. Las mujeres y niñas afganas a quienes el régimen talibán ha cerrado las aulas, el mercado laboral, el espacio público, las ha recluido en una prisión textil y las ha reducido a la condición de cosas de los hombres, a través de un apartheid por razón de sexo, que las priva de todos sus derechos y dignidad básica, son la versión más extrema de una lógica patriarcal que nos recuerda que los derechos de las mujeres no se consolidan jamás. Como señalaba Simone de Beauvoir, “bastará una crisis política, económica o religiosa, para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos”.
Lo que hay que hacer es actuar ¡ya!
Acabar con la opresión, la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas no exige esperar a 2149. Exige algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más valiente: leyes que se cumplan, políticas públicas que protejan y garanticen derechos, medidas reales de conciliación y corresponsabilidad, sistemas de protección social que no penalicen el cuidado y, sobre todo, una voluntad colectiva de redistribuir el poder entre mujeres y hombres. Y lo cierto es que todo eso podría hacerse mañana mismo si existiera la voluntad política necesaria.
Los derechos de los que hoy disfrutamos las mujeres y las niñas no cayeron del cielo: son fruto de movilizaciones, huelgas, litigios, reformas legislativas y décadas de resistencia feminista sostenida en el tiempo. Como recordaba Lidia Falcón, los derechos que tenemos se los debemos al feminismo. Y, en palabras de Emilia Pardo Bazán, las mujeres no debemos pedir nuestros derechos: debemos ejercerlos. La única respuesta válida a la pregunta de cuándo tendremos derechos plenos es ¡ya!