La expulsión de nueve de løs diputadøs del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía cobra nueva y mayor importancia a partir de las actas reservadas publicadas hoy mismo por eldiario.es y devuelve a la actualidad el problema de la calidad democrática de nuestra democracia. Sería un error querer evadir el debate solo porque hay elecciones en la Comunidad de Madrid y el conocimiento de lo ocurrido pudiera poner en peligro los resultados de algunas candidaturas madrileñas por lo ocurrido en Sevilla.
De las actas publicadas se deducen varias cosas de importancia. Una es que el Pacto Antitrafuguismo era una Ley a la medida para impedir que a Ciudadanos se le viniera al suelo su sombrajo, y que resulta inadmisible que un pacto que quisiera aportar mayor calidad democrática, ¿lo quería?, recorte derechos fundamentales en el uso pleno de la acción democrática. A saber, discrepar es el primer derecho democrático.
Según las mismas actas se hubiera procedido de un modo sumario y con la imposibilidad, por parte de Teresa Rodríguez y el resto de parlamentarios, expulsados luego, de conocer las acusaciones contra ellos y defenderse adecuadamente. Algo que pondría los pelos de punta a cualquiera que viva la necesidad de un Estado de Derecho como garantía previa a un Estado democrático.
Hay un tercer aspecto que vuelve a situar la luz sobre el verdadero problema de la articulación territorial de España, y la importancia que en Madrid tiene que Andalucía, o Extremadura, sean gobernadas desde ese centralismo antiguo que no cesa. En primer lugar que un diputado llegue a afirmar que su voto, según las actas publicadas, a favor de la expulsión de Rodríguez y sus diputados, fuera por mandato de Madrid y en contra de su conciencia. La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía prohíben, en verdad, que esto pueda ocurrir, garantizando que la actuación de diputados y senadores no actuarán por mandato imperativo alguno. Algo que no solo es una garantía sino que es una obligación.
En segundo lugar, que las decisiones llegaron a Sevilla desde Madrid, lo que naturalmente desate susceptibilidades más que normales, dado que la Organización Territorial del Estado fue concebida por nuestra Constitución para favorecer y patrocinar la mayor descentralización y desconcentración de toda la actividad política y de poder posibles. Cualquier observador verá, en un acto así, la prueba de que Andalucía se gobierna desde Madrid, algo contrario al espíritu autonomista, y desde luego inaceptable para quienes pretender presentarse como federalistas. Que los actos del Parlamento Andaluz se ventilen en Madrid parece una afrenta política que muchøs andaluces están hartos de soportar.
Fue desoído el letrado del Parlamento y ahora se escribe con urgencia un nuevo reglamento que fije y dé esplendor a la decisión que aquel mismo letrado no compartía, abrumado por las dudas de legalidad que incluía. Y ahora vamos a debatir el futuro de las izquierdas de Madrid por lo que hicieron en Sevilla, donde el PP guardó la ropa. Todo a la espera de que el Tribunal Constitucional diga la penúltima palabra.
El grave conflicto nos sitúa, una vez más, ante la realidad negada, que Andalucía necesita poder articularse desde sus adentros y no seguir siendo teledirigida desde Madrid. Al contrario, que desde Andalucía haga política con consecuencias en Madrid es lo esperado para quien haya leído y entendido la Constitución de 1978, tan inspirada en la Alemana de 1949. Precisamente ahora que se está discutiendo la posibilidad de que los Länder puedan perder poder respecto al Gobierno federal, y se va imponiendo la discusión sobre la arquitectura federal como origen y garantía de funcionamiento democrático gracias al control de los territorios sobre el Estado y sus instituciones, y no al revés.
La pandemia ha mostrado que el funcionamiento federal en España funciona, ahora hay que permitir que las instituciones no lo vuelvan a enterrar y que las mentalidades políticas comprendan que democracia es pluralidad, con independencia de los gustos.
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