El lunes 17 de mayo hemos sido testigos de la llegada masiva de más de 6.000 ciudadanos marroquíes, entre ellos al menos 1.500 menores de edad, a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Para entrar irregularmente han superado a nado el pequeño espigón situado en la zona de la playa de El Tarajal, que hace las veces de frontera entre España y Marruecos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes 18 de mayo, nuestro Ministro del Interior ha confirmado hasta la saciedad que todos los inmigrantes entrados irregularmente serán devueltos en base a un Acuerdo bilateral entre España y Marruecos de readmisión de extranjeros, firmado en 1992 y en vigor desde 2012. Igualmente, Grande-Marlaska ha indicado que no es posible vincular esta afluencia masiva al hecho de encontrarse en territorio español el líder saharaui Brahim Gali, enfermo de Covid-19. Además, se han reforzado los controles con mayor presencia de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad así como de las Fuerzas Armadas. Estos son, de forma genérica los hechos. Conviene entonces precisar algunas cuestiones y lanzar algunas interrogantes en esta situación de real crisis migratoria, pero igualmente humanitaria y diplomática.
Da la sensación que estos hechos acaecidos desde el pasado lunes 17 de mayo ha cogido por sorpresa a los poderes públicos españoles. Sin embargo, hace ya semanas que el Ministro de exteriores marroquí criticaba la actuación del Gobierno español por acoger al líder saharaui sin informar de ello a las autoridades alauitas. Es más, incluso se avisaba de posibles consecuencias. Y no es la primera vez. Ya en el verano de 2014, la Guardia Civil en un control rutinario en el mar, paró a la embarcación del Rey marroquí… consecuencia, al día siguiente saltaron casi 2.000 inmigrantes las vallas de Ceuta y especialmente Melilla, sin apenas control por parte de la Gendarmería marroquí. Podemos creer que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españoles habrían avisado de posibles reacciones por parte de nuestro país vecino, incluso el CNI, pero las decisiones las toman los políticos que se mueven, por obra y gracia, por motivos, igualmente políticos. Nada se hizo y ahora tenemos una crisis migratoria que en cualquier momento se nos puede ir de las manos.
Pero también hay cuestiones jurídicas. Grande-Marlaska confirma que se devolverán a todos los que han entrado irregularmente y en aplicación del Acuerdo bilateral de 1992 indicado anteriormente, sobre readmisión de extranjeros. Pero hay un pequeño problema, tal y como ha indicado en su momento la experta sobre esta materia, la profesora Inmaculada González. Este Acuerdo internacional, vinculante para España y Marruecos, se aplica únicamente para la devolución de nacionales de terceros Estados que hayan entrado irregularmente en España procedentes de Marruecos (véase por ejemplo inmigrantes subsaharianos). En otras palabras, no es posible aplicar el Acuerdo a ninguno de los más de 6.000 marroquíes que han llegado en apenas 24 horas. No parece que el ministro esté muy bien asesorado. Es más, el procedimiento previsto en dicho Acuerdo no permitiría en ningún caso la devolución en pocas horas de 2.700 inmigrantes como ha señalado Grande-Marlaska. Entonces, ¿qué procedimiento se está utilizando para la devolución? La pregunta no es retórica, pues solo se nos ocurre pensar en un “acuerdo ad hoc” entre los dos países – poco creíble en tan poco tiempo – o en un procedimiento de “devolución en caliente”, tan criticado por las ONGs y que consiste ni más ni menos en la expulsión inmediata de los inmigrantes al territorio de donde proceden y sin que se les aplique las normas básicas en materia de inmigración recogidas en nuestro ordenamiento jurídico.
"El procedimiento previsto en dicho Acuerdo no permitiría en ningún caso la devolución en pocas horas de 2.700 inmigrantes como ha señalado Grande-Marlaska. Entonces, ¿qué procedimiento se está utilizando para la devolución? La pregunta no es retórica"
De esto último podemos sacar algunas ideas. En primer lugar, las devoluciones en caliente se han aplicado durante años en Ceuta y Melilla por parte del Gobierno español, con independencia de su signo político. Tras la crisis de El Tarajal (nuevamente) de 2014, el Gobierno – del Partido Popular - decidió legalizarlo a través de una reforma legislativa. Inmediatamente, la oposición – de izquierdas – la recurrió ante el Tribunal Constitucional; y paralelamente, unas pocas ONGs fueron capaces de llevar la práctica hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 2020 fue un mal año para los Derechos Humanos, pues en febrero este último Tribunal, en una Sentencia muy criticada, validó las devoluciones en caliente, con un efecto dominó sobre nuestro Tribunal Constitucional, el cual tuvo, igualmente, que dar por válida, a final de año, la reforma legislativa de 2014. Y nos encontramos entonces ahora con un Gobierno que las mantiene y las aplica sin visos de reforma o derogación.
En segundo lugar, las devoluciones en caliente no parecen respetuosas con las situaciones personales de los inmigrantes llegados, esto es si alguno de ellos requieren de protección internacional. En la práctica, España solamente está concediendo a cuentagotas la protección internacional – asilo, protección subsidiaria o protección temporal – a nacionales marroquíes por violencia de género, por derivar del conflicto social en la región del Rif, o bien por pertenencia al colectivo LGTBI+. ¿Sabemos a cuántos de los ya devueltos se les ha preguntado de forma individualizada si están siendo perseguidos por determinados motivos en el territorio del cual proceden? ¿Se está realmente respetando la legislación nacional, europea e internacional en materia de derechos humanos? ¿Y con los menores no acompañados (MENAS)? En este último caso, se debe inicialmente localizar a sus familiares para proceder a su devolución. ¿Qué mecanismos de protección a la infancia se están aplicando? Antes hablábamos de crisis migratoria, pero también es una crisis humanitaria.
Crisis migratoria, crisis humanitaria… pero también crisis diplomática. Y es que, si bien las relaciones entre España y Marruecos siempre han sido muy complejas, desde hace meses la situación parece empeorarse: cierre unilateral por parte de Marruecos de las aduanas de Ceuta y Melilla con un impacto económico y social enorme en ambas ciudades y sin respuesta oficial por parte del Gobierno español de turno; cancelación de la Cumbre bilateral sin motivo aparente; delimitación de aguas marroquíes frente a las costas canarias en clara violación del Derecho Internacional del Mar; intensificación de la represión contra el pueblo saharaui;….Y ahora el Gobierno español acoge por razones humanitarias, que quede claro, al líder saharaui que, además, está siendo investigado por la Audiencia Nacional por crímenes de lesa humanidad. Los Estados son soberanos e independientes, pero un principio básico de convivencia en la sociedad internacional es el diálogo y la cooperación, además de la mutua confianza. Y esto va por las dos partes.
Por último, y no menos importante. Da la sensación que Marruecos pretende siempre llevar el asunto al plano bilateral con España. Pero no estamos ante un problema nacional. La frontera de Ceuta con Marruecos no es solo una frontera española, es una frontera exterior europea. Así lo ha recordado la Comisión Europea el mismo martes 18 de mayo. Esta realidad no es baladí. España debe europeizar aún más sus relaciones con Marruecos, especialmente en estos ámbitos de control fronterizo y de flujos migratorios. Pero en particular en el asunto del Sáhara, auténtica bomba de relojería. En mi opinión, solo una acción multilateral, europea y unida puede conllevar una mejora y normalización de la situación hacia una resolución pacífica y concertada de la cuestión saharaui: España debe apoyarse en la UE y la UE debe implicarse aún más en este asunto. Lo contrario puede agravar la crisis actual hasta límites que es mejor no imaginar.
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