Lazos amarillos pintados en una calle. FOTO: RTVE.
Lazos amarillos pintados en una calle. FOTO: RTVE.

Hace un mes aproximadamente todos los medios de comunicación se hacían eco de la importancia de retirar de las calles y edificios públicos de Cataluña los lazos amarillos que representan la aspiración a la independencia de esta comunidad. El argumento esgrimido sobre todo por el partido Ciudadanos era el de que no se pueden ocupar los espacios públicos con imágenes que representan sólo a una parte de la población y no a su conjunto, y los principales candidatos de este partido se fotografiaban por doquier tijera en mano retirando los mencionados símbolos y reclamando la neutralidad de las instituciones.

Estamos de acuerdo en el principio de que elementos que publicitan una única ideología no pueden adueñarse de las calles y edificios públicos, pero según este mismo argumento la ocupación de plazas y calles de prácticamente toda nuestra geografía andaluza y casi nacional con la instalación de palcos incluso un mes y medio antes de que empiece la Semana Santa, más todo el tiempo que tardan después en desmontarse, contraviene el mismo principio.

Y no sólo se trata de los palcos que dificultan el paso de los peatones y obligan a cambiar las paradas e itinerarios de los autobuses urbanos y del tráfico rodado en general, con los consiguientes trastornos para la circulación y el desarrollo de la vida diaria, sino de los desfiles procesionales que monopolizan la calle durante más de una semana no sólo en esta ésta época primaveral, sino durante muchos más días del año, especialmente en Jerez.

Es cierto que la Semana Santa es un fenómeno histórico y sociológico singular, que es un reclamo importante para el turismo, que aumenta el trabajo estacional. Es además un espectáculo estéticamente hermoso que atrapa nuestros sentidos y que para los creyentes puede ser un emotivo momento de reflexión y sensibilidad religiosa.

Pero también es cierto que en nuestra Constitución (artículo 16.3) se dice que España es un estado aconfesional, aunque se apostilla que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”.

La realidad es que nuestra actual Constitución data de 1978, y en los más de 40 años transcurridos desde su aprobación nos hemos convertido en un país multicultural y multireligioso. Muchos ciudadanos no son practicantes a pesar de haber sido bautizados por tradición, o bien practican otras religiones o no practican ninguna. No nos parece, pues, de recibo, que las autoridades civiles o militares, como sigue ocurriendo, se decanten por una sola opción presidiendo todavía en más de una localidad los desfiles procesionales: otra cosa es que asistan a ellos de manera particular.

Podemos interpretar por tanto que los poderes públicos están ocupando los espacios que son de todos con elementos que corresponden a una sola ideología, en este caso, religiosa. Por eso, si somos consecuentes y como propugnan asociaciones como Europa Laica, debería cumplirse en la práctica la separación iglesia-estado que existe en muchos otros países de nuestro entorno y que no se cumple en nuestro país. Por ejemplo, las hermandades religiosas católicas siguen teniendo un trato de favor por parte de los ayuntamientos, y ello pagado con el dinero de todos los contribuyentes, independientemente de las creencias que profesen.

¿Y qué decir de la publicidad de toros del metrocentro de Sevilla? La tortura de los toros -por mucho que las corridas se hayan blindado como patrimonio cultural no dejan de ser un acto de crueldad extrema contra los animales- como espectáculo publicitado a lo grande, de forma circular y continua en un transporte público como es el metrocentro sevillano, es el último invento para imponer una determinada ideología. No bastaba con los grandes carteles de la Maestranza de Sevilla como “catedral del toreo” con los que se topan los turistas nada más llegar al aeropuerto de San Pablo o a la estación de Santa Justa de la capital hispalense.

No es lo mismo tunear el metro con el Año Murillo que con la apología de una práctica tan contestada en la sociedad actual por sanguinaria y anacrónica. Lo mismo puede decirse del constante fomento de la tauromaquia en la programación de la RTVA, ya que se trata también de un espacio público, por lo que constituye una abierta manipulación de la ciudadanía.

Es una peculiar campaña electoral antes de las ya muy cercanas elecciones del 28 de abril y es también una ideología concreta la que está detrás. Una petición de retirada de esta publicidad taurina del metrocentro de Sevilla, publicidad que se ha mantenido hasta el 15 de este mes, se inició en Change.org a finales del pasado marzo y recogió 12.000 firmas. Lo más chocante es que sean alcaldes socialistas los que se presten a estas prácticas que poco tienen de democráticas y sí mucho de apoyo a determinados lobbys y sectores económicos, y de búsqueda del voto, aunque sea a costa de mantener a nuestro pueblo en el atraso y la brutalidad y de dar la imagen de un país incivilizado y, en este sentido, fuera de Europa.



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