La familia de Sandra Peña, la menor de 14 años fallecida tras un caso de violencia escolar, ha solicitado una reunión con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía para conocer el estado del expediente administrativo abierto tras la muerte de la joven. El objetivo, según trasladan, es obtener información clara y actualizada sobre un procedimiento que consideran clave para esclarecer posibles responsabilidades del centro educativo en el que estudiaba.
Un expediente paralizado a la espera de la Fiscalía
Hace dos semanas, la consejera María del Carmen Castillo explicó públicamente que su departamento se encontraba a la espera de las conclusiones de la Fiscalía sobre el caso de Sandra Peña, alumna del colegio privado concertado Irlandesas Loreto de Sevilla, que se quitó la vida el pasado 14 de octubre. En este sentido, detalló que, cuando un asunto ocurrido en un centro educativo se judicializa, la administración abre un expediente administrativo que queda suspendido hasta que se determine si existen o no hechos delictivos.
La consejera precisó que, una vez la Fiscalía comunique sus conclusiones, el expediente será reabierto para continuar con el análisis del caso. Este procedimiento ha generado inquietud en la familia, que considera fundamental conocer en qué punto se encuentra la investigación administrativa paralela a la judicial.
La familia pide explicaciones y espera una reunión en enero
Sobre esta congelación del expediente se ha pronunciado Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz de la familia, quien explicó en el programa Y ahora Sonsoles que “Nos sorprendió que se congelara, pero entendemos que al estar judicializado el asunto hay que esperar a que Fiscalía se pronuncie. Estamos bastante reconfortados desde el trabajo que se está haciendo desde Fiscalía. Están poniendo todos los medios para aclarar la situación y lo que sucedió con Sandra”.
Villar añadió que “mi hermana y mi cuñado como padres de Sandra han solicitado una cita con la consejera de Educación de la Junta para que nos explique en qué punto se encuentra ese expediente administrativo. Hemos recibido una respuesta pronta por parte de la Junta y nos ha emplazado a los primeros días de enero”. La reunión, prevista para el inicio del nuevo año, se percibe como un paso necesario para avanzar en la búsqueda de respuestas.
El foco del procedimiento administrativo está ahora en determinar si el centro escolar tiene algún grado de responsabilidad en relación con la muerte de Sandra Peña. La familia sostiene que ya había alertado al colegio hasta en dos ocasiones sobre el presunto acoso que sufría la menor, un extremo que deberá ser analizado cuando el expediente sea reactivado oficialmente.
Mientras esperan ese encuentro con la Consejería, los familiares afrontan unas fechas especialmente difíciles. “Desde el 14 de octubre todos los días están siendo complicados y esta fecha todavía más”, señaló Isaac Villar, reflejando el duro día a día de una familia que confía en que las investigaciones, tanto judiciales como administrativas, aporten claridad sobre lo ocurrido.
