La delegación municipal de 'La Verdad'

En la amalgama de contenidos que son malintencionados y falsos se corre el riesgo de que se alargue la mano hasta otras piezas periodísticas que no son del agrado del gobierno de turno. ¿Dónde estará el límite? ¿Lo habrá?

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Paco Sánchez Múgica

Periodista, licenciado en Comunicación por la Universidad de Sevilla, máster de Urbanismo en el IPE. Antes en Grupo Joly (2004-2012), Desde 2014 soy socio fundador y director de lavozdelsur.es. Miembro de número de la Cátedra de Flamencología; colaboro en Guía Repsol; y coordino la comunicación de la Asociación de Festivales Flamencos. Socio de la Federación Española de Periodistas (FAPE).

El teniente de alcaldesa del gobierno de Jerez, José Antonio Díaz, con un libro sobre las 'fake news', en una imagen de archivo. FOTO: MANU GARCÍA.
El teniente de alcaldesa del gobierno de Jerez, José Antonio Díaz, con un libro sobre las 'fake news', en una imagen de archivo. FOTO: MANU GARCÍA.

Parecen las administraciones públicas empeñadas en repartir carnés de prensa y en fomentar a nivel interno una labor inquisidora sobre todas aquellas noticias que pululen en las redes sociales que sean sospechosas de ser catalogadas como bulo o fake news. Ahora se lo ha sacado de la manga el Ayuntamiento de Jerez, pero lo hacen unos y otros, de arriba y de más abajo, los mismos que emplean a menudo perfiles falsos y se dedican a difamar contra el adversario político. Y lo defienden quienes incluso llegaron al poder con guerras sucias digitales. Esos, esos precisamente, pretenden dar lecciones de veracidad y rigor periodístico.

En todo caso, en la amalgama de contenidos que son malintencionados y falsos se corre el riesgo de que se alargue la mano hasta otras piezas periodísticas que no son del agrado del gobierno de turno. ¿Dónde estará el límite? ¿Lo habrá? Si ya de por sí es habitual, triste y denunciable que el reparto de la publicidad institucional no fomente el pluralismo informativo, sino que vaya a apuntalar, de la manera más discrecional y opaca posible, la compra de silencios y cariños por interés de, especialmente, los grandes grupos multimedia, o que los políticos se permitan sin respuesta vetar a medios o no conceder entrevistas a esos otros cuyas líneas editoriales no les son afines, el peligro llega ahora con la carrera endiablada a todos los niveles por contar con gabinetes, o delegaciones municipales, o ministerios de La Verdad, que sentencien qué noticia es válida y cuál no lo es.

Entendemos que bajo una vara de medir que tendrá que ver más bien con qué noticias es favorable al que gobierna y cuál no, con cuál es incómoda para el gobernante y cuál le baila el agua, o con aquellas que directamente no tienen nada que ver con la versión oficial pero, hechas las oportunas labores de contraste —imprescindibles en la labor periodística—, podría ser tan veraz como aquella. Hay una línea peligrosa a punto de ser cruzada, pero es lógico que los políticos, tan acostumbrados a mentir y falsear con total impunidad a la ciudadanía, quieran tapar unas cartas que, con las redes sociales en la mano, a menudo se ven más nítidamente marcadas.

Aluden a la “proliferación de medios digitales” como auge del mal de las fake news, cuando eso de la propaganda manipuladora es tan maquiavélico y viejo como las falsas promesas electorales. Es verdad que ahora las noticias llegan a más gente y más rápido, a gente que jamás había consumido prensa. Y es verdad que no todo el mundo hace uso de los soportes digitales de una manera digna y lícita. En el mejor de los casos, puede que mañana todos acabemos llevando matrícula al usar las redes sociales (y eso frene esa relativa impunidad del anonimato). Puede, a lo mejor, que el periodismo de verdad reverdezca y purgue al intruso. Y puede que, a los mejor, los medios empiecen a recuperan lectores (de los de verdad, los orgánicos, los que son capaces de pagar por el buen periodismo) a partir de que los políticos pierdan protagonismo en sus páginas, sean digitales o impresas.

El poder ya tiene sus mecanismos para silenciar medios y asfixiarlos, lo que pasa, como decíamos, por negarles el derecho constitucional a recibir campañas de publicidad institucional, discriminándoles por cuestión ideológica, o vetándoles el acceso a fuentes de primera mano como es un cargo político. Que tiene que dar la cara, ante el medio que así se lo requiera por los cauces establecidos. Lo que esperemos que mañana no ocurra es que también haya un comisario en la administración pública, generalmente un asesor del gobierno de turno, con una guadaña, viendo qué pasa el filtro y qué no, decidiendo qué noticia es publicable y qué fake news porque en ese caso ya se advierte qué puede ocurrir. Si alguien lee que se ha publicado una falsedad manifiesta, una información que injuria y calumnia, lo tiene muy fácil: interponer una demanda en el Juzgado. Allí están los jueces para dictar hasta dónde llegan los límites de la libertad de expresión, no en los gabinetes de los ayuntamientos, en las direcciones generales de Medios de Comunicación Social, o en la Secretaría de Estado de Comunicación. Si de verdad se quiere crear pensamiento crítico, hay que empezar por abajo: educación y formación, y cultura. Me temo que no van por ahí los tiros...

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