Un señor mayor en el mercadillo del pasado sábado en La Granja, en Jerez. FOTO: MANU GARCÍA
Un señor mayor en el mercadillo del pasado sábado en La Granja, en Jerez. FOTO: MANU GARCÍA

Quizá la noticia más sonada de estos días ha sido la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, mayormente conocido en la literatura económica como la Renta Básica. La urgencia de la crisis y la difícil situación de muchas familias ha hecho que al ejecutivo no le tiemble la mano con una política progresista de tal calado. Así, el debate sobre la efectividad y la sostenibilidad de esta política resucita.

Puede que lo más importante de la Renta Básica sea su cara humana, basada en cubrir las necesidades de los que menos tienen. Según el INE, en España el 21% de la población se encuentra en situación de riesgo de pobreza. Si nos fijamos en Andalucía, este porcentaje aumenta hasta el 32%. El criterio objetivo de este indicador es una frontera fijada en el 60% de la renta mediana (estadísticamente la renta mediana se define como aquella que es mayor que la mitad de las rentas, y menor que la otra mitad, es decir, el puro centro).

Esa frontera a modo de porcentaje se corresponde con 8.870,90 € al año para alguien que viva solo, 18.628,90 € si tenemos en cuenta una familia de dos adultos y dos menores después de aplicar los baremos de la OCDE. Quien sepa sumar puede ver que esta cifra no deja mucho margen más allá de la alimentación y poder pagar las facturas correspondientes. Si la quinta parte del país se encuentra en esta situación, una política como esta es de pura humanidad, y más cuando hay de ellos muchos se ven empujados a tener que pedir alimentos por necesidad.

En segundo lugar, después de haber ayudado a evitar una tragedia humana, nos podemos preguntar como influye esta ayuda a la economía general. No hay que olvidar que la economía es una herramienta para facilitar la vida a las personas, no una causa en sí misma. Mi opinión como economista simpatizante con las corrientes keynesianas es que esta ayuda es positiva, y más en un escenario donde no existe plena ocupación de los recursos (pleno empleo).

El impacto del Ingreso Mínimo Vital será muy superior a los 3.000 millones de euros presupuestados. Las personas con una renta baja destinan la mayoría de sus ingresos al consumo, siendo generosos, solo ahorran un 20%. Si a su vez el que ofrezca bienes y servicios o a los prestatarios de la ayuda ahorra también el 20%, y esta cadena no se rompiera nunca, los 3.000 millones acaban generando actividad por valor de 15.000 millones de euros. Un proceso parecido al que realizarán los bancos cuando ese dinero sea depositado, que prestarán el 99% de lo que ingresen por ahorros. Si la cadena tampoco se rompe finalmente los recursos y la actividad generada llegará a los 300.000 millones de euros gracias al crédito.

Por lo tanto, el resultado sería una importante expansión de la economía. A su vez, el sacrificio del Estado es menor de lo que parece. Desde el primer momento recuperará el 20% de la ayuda dada la actividad de los impuestos indirectos, principalmente los distintos impuestos al consumo (IVA, Hidrocarburos, Alcohol, Tabaco, etc.). Más tarde, aumentarán los ingresos por el Impuesto de Sociedades y el IRPF. Aparte, el gobierno cuenta con los 140.000 millones de euros de ayuda de la UE, de los cuales 77.000 son a fondo perdido.

El último cabo suelto al respecto es si esto provocará o no inflación por encima de lo deseado. El crecimiento de los precios se mantendrá estable, ya que la Renta Mínima no procede de la nada, es solo un “nuevo reparto”. Tampoco creo que la inyección de la UE provoque inflación descontrolada. No lo hizo en 2012, así que tampoco hay ninguna evidencia de que lo vaya a hacer ahora.

Con una teoría económica consolidada, el último ataque que se le hace a la Renta Básica es el desincentivo del trabajo. Sin embargo, se trata de una presunción de baja moral que atenta contra la dignidad humana. La experiencia al respecto señala que el desincentivo no ocurre en términos generales. El trabajo autorrealiza y dignifica, no hay incentivos para dejar de buscarlo. De hecho, esta renta incluso podría mejorarlo, ya que da una seria ventaja a la hora de reivindicar derechos laborales y lanzarse a la huelga. Puede suponer un paso más en la lucha contra la precariedad.

La llamada despectivamente “paguita” por sus detractores tiene una profundidad mayor de la que parece. Tanto, que incluso se baten en retirada. Los partidarios de la no intervención no están seguros de ir con el caballo ganador. De ser así, electoralmente caerían en desgracia. Con el vago recuerdo de Roosevelt dando una lección de humildad a la derecha americana en los años 30 con el New Deal, se preguntan ¿Y si los rojos tienen razón?

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