El sistema de atención primaria en España ha sufrido dos pandemias: la de la covid-19, y la de la gestión sanitaria, que ha adolecido de una falta de planificación e inversión suficiente para afrontar la primera, situando este servicio entre el abandono y el desmantelamiento. Así lo denuncia Amnistía Internacional.
Y añade que las Comunidades Autónomas deben, de manera urgente, incrementar las plantillas de la atención primaria con el fin de alcanzar ratios de profesionales de otros países de la Unión Europea, para hacer frente al aumento del volumen de trabajo y a la campaña de vacunación.
Amnistía Internacional lamenta que esta gestión deficiente haya tenido y tenga todavía graves consecuencias sobre el acceso al derecho a la salud en España durante la pandemia, especialmente para las personas más vulnerables, que padecen enfermedades crónicas o que requieren una mayor dependencia del sistema sanitario (aquellas con cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otras); las personas mayores, las personas que padecen enfermedades de salud mental, o inmigrantes. También las mujeres, que representan la mayoría de las cuidadoras de las personas enfermas, han sufrido de manera desproporcionada el impacto de una atención primaria desbordada y han hecho frente a una sobrecarga de trabajo y cuidados.
A la falta de personal ya existente previo a la pandemia y a la sobrecarga asistencial, así como a las listas de espera en atención primaria, se suma el cierre de más de 60 centros y 449 consultorios en Madrid y Cataluña, así como la modificación de protocolos asistenciales y el cambio del modelo presencial al telefónico, que se ha llevado a cabo sin el refuerzo de medios suficientes y sin la información y formación adecuada para pacientes o personal sanitario.
Esta situación ha generado múltiples barreras en el acceso a la salud y ha tenido un impacto en personas cuyo retraso en la atención sanitaria podría haber agravado su condición de salud o retrasado un diagnóstico. Además, esta merma en la accesibilidad a centros de salud, la falta de medios suficientes y una gestión de la pandemia que no ha integrado de manera adecuada las necesidades especiales de las personas con patologías no-covid en la respuesta a la crisis, ha provocado una discriminación indirecta de éste grupo de personas.
Según una encuesta realizada por la Plataforma de pacientes con enfermedades crónicas sobre el acceso a la atención sanitaria durante la pandemia, al 69% de las personas entrevistadas le cancelaron diversas consultas programadas de manera previa a la crisis por covid-19, entre las que se encontraban las consultas hospitalarias (46,3%), las del hospital de día (3,4%) y de atención primaria (19,3%). Sólo el 25,3% de las personas a las que se les cancelaron las consultas, tuvieron acceso a los centros de atención primaria una vez finalizado el confinamiento.
Se han desoído así recomendaciones de la OMS y mecanismos internacionales que instaban a reforzar la atención primaria desde el inicio de la pandemia para poder garantizar el derecho a la salud de todas las personas, de manera especial las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. De hecho, España está por debajo de la mayoría de los países de nuestro entorno en un ratio de personal médico en atención primaria y de enfermería por 1.000 habitantes de 0.77 y 0.66 respectivamente. Ratios que no han sufrido prácticamente cambios en los últimos diez años y que, en el caso de la de personal facultativo de atención primaria,está muy alejadas de las de países como Portugal, con mejor ratio de Europa (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria (1,56) y Francia (1,42).
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