El pasado 25 de febrero, Amnistía Internacional lanzó un nuevo informe en el que denunciaba que España ha desoído durante 12 años las recomendaciones internacionales para mejorar un sistema de Atención Primaria que garantice el derecho a la salud de la ciudadanía.
Un sistema de Atención Primaria suficientemente dotado de recursos humanos y materiales es fundamental para afrontar los problemas de salud pública de un país, como la pandemia de COVID-19 que actualmente padecemos. Sin embargo, la falta de planificación e inversión ha situado a la atención primaria española entre el abandono y el desmantelamiento, viéndose sobrepasada por la pandemia de COVID-19.
Esta gestión deficiente está teniendo graves consecuencias en el acceso al derecho a la salud en España durante la pandemia, especialmente para las personas más vulnerables, las que padecen enfermedades crónicas o las que requieren una mayor dependencia del sistema sanitario (aquellas con cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otras); las personas mayores, las personas que padecen enfermedades de salud mental, o los inmigrantes.
El Foro de Médicos de atención primaria ya alertó de que, en España, entre los meses de marzo y septiembre, las llamadas se incrementaron en más de un 400% en algunos centros de salud. Las listas de espera se han incrementado llegando a ser, en algunos casos, de hasta dos semanas. La sobrecarga asistencial de los profesionales sanitarios ha llegado a alcanzar en algunos centros cifras de hasta cien pacientes al día. El propio Ministerio de Sanidad ya reconoció en 2018 que más del 41% de las y los médicos de familia tienen cupos excesivos que superan los 1.500 pacientes y que estos cupos suponen que las agendas de médicos con 40, 50 o incluso más pacientes al día son demasiado frecuentes en muchos centros.
España está por debajo de la mayoría de los países de nuestro entorno en una ratio de personal médico en atención primaria y de enfermería por 1.000 habitantes de 0.77 y 0.66 respectivamente. Ratios que no han sufrido prácticamente cambios en los últimos diez años y que, en el caso de la de personal facultativo de atención primaria, están muy alejadas de las de países como Portugal, con mejor ratio de Europa (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria (1,56) y Francia (1,42).
En Andalucía la situación no es mejor que en el resto de nuestro país. Por eso, los y las activistas de Amnistía Internacional, conscientes de la importancia de la atención primaria como garante del acceso a la salud en nuestra Comunidad Autónoma, nos acercamos recientemente a nuestros centros de salud en Málaga, Jerez de la Frontera, Huelva, Orce, Algeciras, Granada, Montilla, Sevilla, Ronda, Rincón de la Victoria o Córdoba, para solidarizarnos con el personal sanitario de atención primaria que, ante una situación de precariedad y abandono, está luchando para que todos y todas podamos ser atendidas en las mejores condiciones.
Y por eso, nos unimos a la reciente acción sobre sanidad de Amnistía Internacional y pedimos a todos los andaluces que nos apoyen exigiendo a nuestras autoridades, nacionales y autonómicas, que hagan una mayor inversión en sanidad a fin de fortalecer la atención primaria, mejorando las condiciones del personal sanitario, reforzando las plantillas para alcanzar la ratio recomendada, e invirtiendo en infraestructuras y equipamiento para evitar el colapso que hemos sufrido con la crisis que ha generado la COVID-19.
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