La gran mayoría de los andaluces no tiene por qué pagar absolutamente nada, ya que tiene herencias inferiores a 250.000 euros.
La polémica suscitada en torno a la campaña creada por el Partido Popular para eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está dando mucho de lo que hablar. Y no siempre lo que se discute está documentado. En la propia página de la Consejería de Hacienda y de Administración Pública de la Junta de Andalucía queda bien claro: de 255.009 autoliquidaciones por sucesiones en 2016 sólo tuvieron que realizar un ingreso 19.136, el 7,5% del total.
La gran mayoría de los andaluces no tiene por qué pagar absolutamente nada, ya que tiene herencias inferiores a 250.000 euros, que es el tope para no pagar impuesto de sucesiones. El volumen de la herencia, además, hay que distribuirla por herederos. Es decir, si una familia con 2 hijos hereda hasta 500.000 euros está exento de pagar impuestos. Por eso es necesario hacer pedagogía con este tema y recordar a los andaluces que lo que está en juego no es su herencia sino los servicios públicos y el gasto social, muy mermado ya a causa de los recortes.
En base a ello y bajo mi punto de vista, cabe hacer varias puntualizaciones. En primer lugar que frente a aquellos que se quejan de que este impuesto debería ser igual en todo el país dando pie al centralismo económico –más si cabe-, hay que hacer hincapié en el concepto de autonomía. Es soberano que la Junta de Andalucía decida qué hacer y cómo legislar esta retribución aunque acarree con ello el dumping fiscal que otras comunidades autónomas como Madrid hacen. El infierno fiscal, tal y como nos lo venden los grupos de presión y de pensamiento neoliberal, no existe para la grandísima mayoría de los andaluces. ¡No mezclen sus pataletas con las de la mayoría! A los andaluces lo que más les preocupa es tener que esperar varias horas en la sala de espera de un centro de salud pública para poder ser atendidos o que lleven meses sin encontrar un puesto de trabajo para llevar el pan a casa. Esa es la realidad.
Por otra parte, es imprescindible recordar la diferencia entre impuestos progresivos e impuestos regresivos y entre impuestos directos e indirectos. Los impuestos progresivos son aquellos que gravan inversamente a la ganancia. Es decir, que paga más quien más ingresa o más tiene. Los impuestos regresivos, por su parte, gravan menos a los que más ingresan y más a los que menos. La Constitución Española es clara en el artículo 31: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto directo, ya que recae directa e inmediatamente sobre la capacidad económica y progresivo, como demuestra el dato de que el 90% de la población andaluza está exenta de pagarlo al estar por debajo del límite de 250.000 euros por heredero. En su defecto, el Impuesto de Valor Añadido (IVA) que grava a todos los productos y servicios –también los básicos, con un tipo reducido o súper reducido- es un impuesto indirecto. El IVA no distingue entre ricos y pobres, siendo habitualmente catalogado como impuesto plano pero que al fin y al cabo efectúa un carácter regresivo: pagas lo mismo por una barra de pan que un millonario.
Entonces, ¿por qué supone tanto problema el impuesto de sucesiones y donaciones y no lo supone el IVA, que ha sufrido nada más y nada menos que una subida del 16% al 18% y luego al 21%? Es fácil: porque no lo pagas tú. Porque tanto las grandes fortunas como el gran poder económico y financiero quiere más y más. Y a las grandes fortunas andaluzas este impuesto les molesta, a diferencia del IVA. Porque a los que dicen ser poseedores de la verdad absoluta, excusados bajo unos falsos e hipócritas criterios mercantilistas, no les basta con la evasión fiscal o con que la mayor parte de las grandes empresas que facturan en España no declaren impuestos en base al carácter progresivo que la propia Constitución Española enuncia. Andalucía no iba a ser menos en una tasa como la del impuesto de sucesiones.
El bombo mediático continuará con el único objetivo de confundirnos. No se hablará ni del IVA, ni de las ventajas fiscales de las que goza en todo el territorio español cierto tipo de perfiles corporativos y financieros. No se hablará, al fin y al cabo, de lo que realmente al pueblo le interesa. Porque hablar de ello explicando sus detalles supondría para el poder una gran pérdida: la de la opinión pública.
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