El viernes se dio a conocer una de esas noticias extrañas, con un punto distópico: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz daba un breve plazo a las operadoras de telefonía para que procedieran de inmediato al bloqueo de Telegram, la mensajería instantánea que, con 8,5 millones de clientes solo en España, ocupa la segunda posición detrás de Whatsapp. Hoy lunes el juez Pedraz decide volver sobre sus pasos al considerar despropocionada su propia requisitoria del viernes.
El juez tomaba esta inusitada decisión tras la demanda presentada por tres de los principales grupos de comunicación audiovisual, Atresmedia, Mediaset y Movistar, que se quejan de la difusión de contenidos que están protegidos por derechos de autor a través de esta red de mensajería. A partir de ahí, lo único que ha quedado claro es la dificultad de poner ‘puertas al campo’ en el mundo digital (las posibilidades de cómo sortear el supuesto bloqueo florecieron en redes sociales); que el juez Pedraz, como los personajes de la comedia de Jardiel Poncela, también tiene freno y marcha atrás, y que nada de lo ocurrido tiene que ver con que Telegram sea una empresa rusa, por la sencilla razón de que no lo es, independientemente de que sus fundadores sí lo sean. Se trata de un grupo con una compleja historia societaria desde su fundación, que actualmente tienen su residencia en Dubái y la matriz en las Islas Vírgenes Británicas.
Durante estos cuatro días de vértigo hemos comprobado que nadie lleva la razón absoluta en el ‘caso Telegram’. Usando el argot de las redes sociales y mensajería instantánea, se ha podido ver al juez Pedraz a punto de bloquearse (a sí mismo) considerando “excesivo y no proporcional” lo que el viernes sí era adecuado y proporcional; se ha enarbolado la bandera de la defensa de la libertad de expresión por parte de los grandes grupos de comunicación, dejando claro el alto coste que tiene la generación de contenidos como para dejar pasar el ‘alojamiento’ gratuito, cuando lo cierto es que esas grandes empresas no suelen tener mayores miramientos cuando necesitan contenidos de pequeñas empresas de ámbito local o provincial…
Y por último, ha quedado claro que Telegram se toma al pie de la letra (incluso en exceso) su lema “recuperando nuestro derecho a la privacidad”, ya que es práctica habitual de la compañía no responder a requisitorias ni de gobiernos ni de jueces, como ha podido comprobar en primera persona el juez Pedraz.
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