La movilización vecinal que se vive desde días en El Cerezo, en el distrito de la Macarena de Sevilla, refleja una preocupación legítima que las instituciones no pueden ignorar: la seguridad cotidiana en los barrios. Conviene no ignorar un movimiento que saca cada noche de sus casas a más de un centenar de residentes que se organizan para recorrer las calles en los llamados “paseos vecinales de vigilancia” —las patrullas vecinales—.
El vandalismo, el deterioro del espacio público o las extorsiones vinculadas al aparcamiento informal en este distrito sevillano están detrás de un hartazgo ciudadano que deriva en esta organización que suple al déficit de agentes que no aportan las Administraciones públicas para que se sientan seguras.
Un ejemplo más del consabido "el pueblo salva al pueblo" que conlleva el riesgo de pensar que es cierto, que poca solución pueden aportar las instituciones competentes, fomentando así el individualismo y acrecentando una sensación de abandono que no trae nada bueno.
La seguridad es uno de los pilares básicos de la convivencia democrática. Garantizar que un ciudadano pueda caminar por su barrio o aparcar su coche sin miedo no es un privilegio, sino un derecho. Y deben garantizarlo las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que deben contar con medios materiales y humanos suficientes.
Cuando una parte de la población siente que ese derecho se debilita, la reacción institucional debe ser inequívoca: reforzar los recursos públicos destinados a prevenir y perseguir conductas delictivas. En el caso de Sevilla, la situación de la Policía Local —con centenares de vacantes y distritos que operan con plantillas muy por debajo de lo previsto— evidencia un problema estructural que requiere soluciones de fondo y no solo operativos puntuales.
La aparición de patrullas vecinales como las de El Cerezo, ante la que el Ayuntamiento se ha reunido con Policía Local, Policía Nacional y Subdelegación del Gobierno, debe derivar en soluciones tangibles, no en parches temporales para acallar un debate público que está copando más titulares de los que les gustaría a la clase política competente.
El debate público que se ha generado alrededor de este fenómeno también obliga a introducir matices importantes. El primero es evitar que la legítima demanda de seguridad derive en discursos simplificadores que identifiquen delincuencia con pobreza o con determinados colectivos sociales. La marginalidad, la exclusión social o la falta de recursos públicos son problemas que requieren respuestas sociales, no solo policiales.
En este punto conviene reconocer que muchos de los vecinos implicados en el movimiento han mostrado una actitud responsable. Han rechazado símbolos políticos, han establecido normas internas para evitar confrontaciones y han insistido en que su iniciativa no se dirige contra personas concretas, sino contra comportamientos que deterioran la vida del barrio.
El caso de El Cerezo pone sobre la mesa una cuestión que trasciende a un barrio concreto. Muchas ciudades españolas afrontan tensiones similares en determinados distritos donde se acumulan problemas de degradación urbana, falta de servicios y percepciones de inseguridad. Ignorarlos o minimizarlos sería un error. Pero también lo sería permitir que se conviertan en terreno fértil para la estigmatización o el miedo.
La respuesta responsable pasa por reforzar los medios policiales, garantizar la presencia institucional en los barrios y, al mismo tiempo, preservar los principios de convivencia que sostienen una sociedad abierta. Seguridad y derechos no son objetivos contrapuestos. Son, en realidad, las dos condiciones indispensables para que la vida urbana funcione.
