Por primera vez, la Junta entiende que Andalucía tiene un problema estructural con el agua fruto del cambio climático. Ya no estamos ante el típico período de sequía cíclica de España y, en general, de los países de la cuenca mediterránea. En principio, Andalucía lleva algo más de tres años con sequía, pero en realidad, no es así. Para los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología, la Aemet, la sequía propiamente dio comienzo en 2016 y, efectivamente, se ha acelerado en los últimos años.
El propio presidente de la Junta lo fía todo a una primavera que sea al menos normal en cuanto a lluvias, ya que, en caso contrario, las restricciones en las grandes ciudades se dan por descontado. Además, de producirse, habrá que tener en cuenta la incidencia que puede tener en el sector turístico, hoy en día fundamental para la economía y el empleo en Andalucía.
Aunque la comunidad está inmersa en un plan que prevé inversiones del orden de 4.000 millones hasta 2007 en infraestructuras hídricas (lo que podría incluir finalmente barcos-cisterna que trasladen agua, procedente del sur de Portugal, a algunos puertos andaluces, por ahora se habla de Málaga y Algeciras) es evidente que este esfuerzo no va a ser suficiente y que, de persistir la sequía, la Junta va tarde, incluso por lo que se refiere a las desalinizadoras.
Por eso, el presidente ha comenzado a hablar de la necesidad de establecer un Pacto del Agua con otras Administraciones, algo que es imprescindible, pues la Junta en solitario no tiene capacidad financiera para acometer las infraestructuras necesarias. Además de al Gobierno central, hace bien la Junta en intentar implicar también a la Unión Europea, que se tenga en cuenta algún tipo de singularidad o excepcionalidad para Andalucía, atendiendo a su latitud, su propio clima y su población, tanto residente como turística.
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