Un intolerable atropello sindical del Gobierno de Sánchez

El Ejecutivo de Pedro Sánchez es corresponsable del cierre de la planta en Puerto Real, pero la detención de quienes se revuelven contra ello es además una negación de un derecho amparado por la Constitución

La protesta de los empleados de Airbus de la semana pasada.
La protesta de los empleados de Airbus de la semana pasada. JUAN CARLOS TORO

La detención de dos empleados de Airbus Puerto Real cuando salían de casa, cinco días después de la manifestación, una noticia adelantada por lavozdelsur.es, supone un precedente muy peligroso que ataca los fines mismos del Estado de Derecho. La Constitución protege la protesta sindical, es un derecho fundamental de toda la ciudadanía. En el caso de Airbus, una empresa participada por el Estado, más aún. Y por ser una protesta en esta diezmada y desindustrializada Bahía de Cádiz, todavía con más razones.

Los afectados relatan algo que no es menor: la sorpresa de los propios agentes cuando fueron conducidos esposados a Comisaría. lavozdelsur.es estuvo en la manifestación del pasado miércoles, como no podía ser de otra manera. Y nada de lo que ocurrió conllevaría un arresto por desórdenes públicos. Porque a estas dos personas detenidas no se les imputa nada relacionado con el fuego que se inició en un pinar cercano a la carretera, por si alguno pensara que tuviera relación. No.

La casualidad está en que estos dos detenidos, y un tercero al que fueron a buscar y no encontraron, estaban en un autobús que se dirigía a Getafe el día en que Pedro Sánchez y Felipe VI inauguraban la renovación de la planta de Airbus, mientras la de Puerto Real está condenada y el anuncio del cierre es cuestión de días. Aquello ya fue un atropello que pudo justificarse en una confusión por el cierre perimetral. Pero estas dos detenciones en la mañana del lunes arrojan luz y dejan claro que es una estrategia del Gobierno para acallar a los trabajadores.

Parece que el Gobierno actual de izquierdas en La Moncloa no puede permitirse una barricada en Cádiz. Pero es que el Gobierno español es partícipe por partida doble: como copropietario de Airbus y como Gobierno por no ofrecer una alternativa. La Bahía no puede permitirse otro cierre más, y si lo hace, acallarlo con maneras dictatoriales no hará más que inflar los ánimos. Porque Cádiz es zona catastrófica en lo laboral, y esto terminará de ahogar la poca industria que va quedando, pues se llevará también por delante puestos de trabajo de subcontratas.

El cierre es suficiente razón para el enfado. La persecución sindical es la guinda, la negación del derecho a la protesta. No al cierre de Airbus, y no al intento de acallar a quienes luchan por el empleo.

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