Cuando está a punto de cumplirse el cuarto aniversario del inicio de la pandemia del covid, la justicia continúa investigando algunas de las prácticas que se llevaron a cabo aquellos días de confusión, en los que el apremio para actuar y la necesidad de tomar decisiones probablemente hizo que se pasaran por alto distintas actuaciones que tiempo después comenzaron a investigarse.
Puede que la justicia sea lenta, pero desde entonces trabaja en arrojar luz sobre distintas actuaciones relacionadas con los momentos más duros de la pandemia, cuando las distintas Administraciones se enzarzaron en una carrera por la compra de mascarillas y otros materiales importantes en la lucha contra el virus, caso de respiradores, guantes, test de covid o los EPI (equipos de protección individual).
La justicia se interesa especialmente tanto por las actuaciones tanto de distintos 'conseguidores' –no cabe darles otro nombre– como de responsables políticos y sus satélites. En este contexto cabe incardinar la detención de Koldo García –asesor por entonces del ministro José Luis Ábalos– en relación con el cobro de comisiones relacionadas con la compra de mascarillas. También están siendo investigados en la presunta trama distintos empresarios. Si bien el juez ha puesto en libertad a García –únicamente le ha retirado el pasaporte–, la Guardia Civil mantiene abierto el llamado 'caso Koldo' y, por supuesto, la oposición trabaja seriamente en este tema, preguntándose hasta que punto Ábalos conocía el tema y en qué medida puede estar relacionado con su caída en desgracia, ya que hay que recordar que era un hombre de plena confianza, como ministro y secretario de Organización de PSOE, del presidente Sánchez.
El PP también tiene su particular caso en el Ayuntamiento de Madrid, en el que uno de los 'conseguidores' era muy mediático, caso de Luis Medina, personaje público al ser hijo del duque de Feria y Nati Abascal. Él y su socio, Alberto Luceño, contactaron con el Ayuntamiento de Madrid vía un primo del propio alcalde Almeida. El juez les acusó de estafa, al embolsarse 6 millones de euros en la operación.
Urge sin duda depurar responsabilidades y llegar hasta el final para aclarar lo ocurrido con todo el dinero público en un momento tan duro en el que miles de ciudadanos perdieron su vida.
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