El campo español está empezando a calentarse, después de las movilizaciones de los agricultores y ganaderos franceses. Si una de las reivindicaciones del agro francés para atacar productos españoles en las carreteras es la laxitud de la legislación nacional (e italiana) en cuanto al uso de productos fitosanitarios –con el consiguiente encarecimiento de producción–, lo cierto es que los agricultores de nuestro país vienen demandando distintas medidas, si no iguales, sí en sintonía, respecto a determinados productos agrarios que se importan del norte de África, en especial de Marruecos.
Las organizaciones agrarias españolas han comenzado a pergeñar un calendario de movilizaciones que comenzaría a partir del próximo mes de febrero y que tendría su particular tractorada y 'cerco a Madrid' en mayo, pero, en función de los acontecimientos, todo podría precipitarse.
El tema de fondo, cada uno con sus matices, es que en muchos países hay un claro malestar con la política agraria de la Unión Europea, a la que consideran totalmente entregada en cuanto a prioridades al cumplimiento de la Agenda 2030 en materia medioambiental y no a lo que significa dar de comer a casi 450 millones de ciudadanos y mantener vivo un tejido económico necesario que, además, es el primero que fija población en el mundo rural.
Las reticencias entre países y la supuesta supeditación a la Agenda 2030 de las políticas agrarias y las consecuencias que conlleva, son dos de los principales temas de las movilizaciones, pero hay otra fundamental, como es la escasa rentabilidad de los productos europeos en origen, sobre todo si se compara con el precio que finalmente se encuentra el consumidor cuando va a hacer la compra. Desaparición de explotaciones por falta de rentabilidad, falta de regulación estatal en la cadena de distribución y, sobre todo, permisividad ante determinadas prácticas que en la Unión Europea no se toleran, son algunos de los temas que los agricultores tienen sobre la mesa y sobre los que exigen una respuesta de la Comisión.
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