Entre la dictadura y la pobreza

ramon reig

Catedrático de Estructura de la Información, Universidad de Sevilla. Entre 1974 y 1991 ejerció el periodismo en medios y gabinetes de comunicación. De todas las tendencias. Desde 1991 hasta ahora es profesor de periodismo. Ha tenido su faceta de literato. Más de veinte libros publicados sobre Comunicación, Historia, Periodismo y Antropología. Once libros de poemas, tres de narrativa, algunos premios, estancias académicas en el extranjero (América y Europa). Ama la música y el gazpacho. Y cree que el periodismo es imprescindible. 

Imagen del Congreso de los Diputados. Entre la dictadura y la pobreza.
Imagen del Congreso de los Diputados. Entre la dictadura y la pobreza.

Algunas elecciones democráticas ocultan una dictadura. Con los números en la mano, los gobernantes no representan ni al cincuenta por ciento del censo electoral en el que no están los menores de 18 años. En realidad, hay democracias que son puros espejismos como, salvando las distancias, lo era la de la Grecia clásica y lo es la de EEUU. La española es otro buen ejemplo. Si democracia es el gobierno de la gente que está representada por medio de sus partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones de todo tipo, no hay democracia real en España. Todo está subvencionado por el Estado. Ninguna de esas instituciones señaladas vive gracias a las cuotas de sus afiliados, sindicados o socios. Para ese viaje no se necesitan tantas alforjas. 

La democracia es el menos malo de los sistemas porque con el paso del tiempo se convierte en una especie de pan y circo más, en una ilusión necesaria de libertad, en un contrapeso de los poderes políticos y del Poder real controlado desde el propio Poder real. Esto no quiere decir que me incline por una dictadura sino que es evidente que cuando los años van pasando y la democracia es pensada te encuentras con este panorama y, simplemente, lo expresas, sabiendo que el opio del pueblo es el voto también, que ese voto puede cambiar las cosas de forma coyuntural, el personal sigue su vida sin mojarse en nada, con miedo, sumido en sus juegos con los aparatos digitales y en sus otros asuntos cotidianos, esto es, en su microhistoria.  

Ya no hace falta pensar en una revolución comunista que expropie a los ricos en pro de los pobres. Tampoco hace falta gravar tanto con impuestos a los que se tiene por ricos y a los ricos verdaderos, simplemente con racionalizar los gastos del Estado y el que quiera democracia que se la trabaje, es suficiente. ¿Queremos cambiar las cosas por medio de los partidos políticos? Que cada votante se afilie a uno y pague cuotas y donaciones. ¿Queremos igualdad y derechos en el trabajo? A mantener sindicatos. ¿Queremos formar ONGs y otros entes para ayudar al inmigrante o a la conservación de esto o lo otro? A registrar la asociación correspondiente, estatutos, junta directiva y asociados pagando. El dinero del Estado es, sobre todo, para sanidad, educación, investigación y defensa. Y para crear empresas públicas, no para caridades, creación de pseudofuncionarios y votos cautivos. 

Más de 35 millones de españoles son llamados a votar en unas elecciones generales, la inmensa mayoría a unos partidos a los que sólo apoyan una vez cada cuatro años si es que van a votar. En 2023, el gobierno se gastó unos 500 millones para subvenciones a partidos políticos y organización de procesos electorales. Además, según informa Europa Press, en 2023 los partidos políticos han seguido recibiendo subvenciones para su funcionamiento ordinario. Esta partida se mantiene congelada desde 2018 y asciende a 52.704.140 euros. 

Los partidos también reciben dinero para compensar sus gastos en defensa de posibles ataques terroristas. Tres millones de euros por este concepto. Las subvenciones a partidos con representación parlamentaria llegan casi a los 112 millones. Se reparten en función de los escaños y votos obtenidos por cada partido. 

En conclusión, sin ignorar que habrá señorías muy preocupadas por levantar y mejorar España, también les pagamos a quienes España les importa un pito y a quienes no tienen dónde caerse muertos por no contar con más oficio que la política, ejercida dócilmente o como mamporreros. ¿Se comprende ahora por qué nos piden el voto? Casi todo es cuestión de números y de supervivencia, empezando por los llamados progresistas. 

La dictadura también se mide en la estafa que, para España en su conjunto, es el sistema de votación. En estos momentos nos gobiernan partidos que con porcentajes del 2% a nivel nacional pueden obtener 8 diputados (ERC o Junts); con un 1% te dan 6 escaños (Bildu). Maravilloso. El PP y el PSOE abrieron el tarro de las esencias nacionalistas catalano-vascas con licencia para gobernar España y Sánchez ha elevado sus efluvios a perfumes de alto standing. Unos sujetos racistas con nacionalismos inventados por un ignorante supremacista como era Sabino Arana o por otro nacionalismo de condados que obliga a hablar su idioma para dar clases y persigue independizarse para convertirse en una especie de paraíso fiscal, nos dicen a los demás lo que tenemos que hacer y que pensar, con el apoyo del “internacionalismo” obrero socialista.  

Desde 2019 a 2023, el Gobierno PSOE-Podemos-Sumar ha regalado a los sindicatos 56 millones de euros frente a los poco más de 21 millones que les entregó Rajoy. Todo por una filiación sindical que, aunque ha aumentado considerablemente en los últimos años, supone que entre CCOO, UGT, CSIF, USO y CGT suman aproximadamente 2,6 millones de seguidores inscritos de una población activa en España cercana a los 25 millones de personas. Por su parte, en 2012, según publicó Infolibre, la patronal de la CEOE recibió un total de 7,66 millones de euros en subvenciones públicas, el 34% de sus ingresos. En 2020 la organización empresarial se embolsó 15.312.500 euros. 

El portal Infobae informó en 2023, a través de Cristina Doiz, que “el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha elevado las partidas públicas de 2021 y 2022 destinadas a los interlocutores sociales, en gran medida, a cargo de los fondos de recuperación europeos”. El Gobierno habría concedido un total de 82,08 millones de euros en los dos últimos años a las patronales y sindicatos más representativos, un 168% más que en 2018 y 2019. La confederación empresarial liderada por Antonio Garamendi, CEOE, se llevó 34,02 millones y la organización sindical encabezada por Pepe Álvarez, UGT, 31,30 millones. 

En cuanto a más ayudas sociales, y por ofrecer tan sólo pequeños datos, más de la mitad de las ONGs han obtenido al menos el 50% de sus ingresos a través de subvenciones o ayudas públicas. Algunas rondan el 100%. Está claro que hay asociaciones tan minoritarias y necesarias que precisan ayuda oficial, pero también es diáfano que el Estado no puede estar tirando de la hucha pública para “alimentar” a la enorme cantidad de entidades que se crean para miles de fines, un gobierno debe gestionar el dinero público en apoyo de lo urgente y dejar lo importante en un segundo plano y más si se trata de capturar voluntades y votos. 

Yo creo que de estos porcentajes y cifras se desprende que vivo en una dictadura legal que se completa con un hecho: la UE vigila en coalición con los intereses del sector socioeconómico dominante español, de tal manera que un partido realmente transformador de la sociedad sería frenado en sus deseos si fuera votado mayoritariamente. Que se lo pregunten a Grecia. 

En el caso de Andalucía, la dictadura se ejerce sobre la pobreza, entendida como no abandonar los últimos puestos socioeconómicos ni con el progresismo ni, por ahora, con el conservadurismo por más que éste corra a apuntarse a todo lo que se anuncie como algo de Andalucía aunque en realidad sean actividades de capitales madrileños y catalanes. No existe una estructura empresarial andaluza digna de tenerse en cuenta y así nos va.  

Manuel Camas escribía no hace mucho en El Observador: “La modernización de Andalucía desde los años 80 es obvia, no hemos dejado de crecer en números absolutos, pero en términos comparativos no hemos avanzado nada para acercarnos a la media española, de la media europea ni hablamos”. Y añadía unos datos: 1. El Partido Socialista fue responsable de la modernización de Andalucía, pero fracasó en algo que resultaba esencial: lo que llamó la segunda modernización. 2. El presidente de nuestra administración autonómica se ha refugiado en la comodidad de exaltar sentimientos de pertenencia. 3. Las tasas de paro más elevadas a finales de 2023 están en Andalucía (17,60%), superior a Extremadura (16,29%) y Canarias (16,19%). En el otro extremo, las comunidades con menor índice de paro son el País Vasco (6,33%), Cantabria (7,48%) y Aragón (7,85%). La explicación conformista es que las estadísticas del paro son incorrectas, pero qué explicación hay respecto de la comparación entre comunidades autónomas. 

No me gusta este panorama dictatorial y estancado que es más negro visto desde el sur de España. Si lo colocamos en un contexto internacional, hallamos a irresponsables llamando a meter tropas de la OTAN en Ucrania o intensificando el cerco tecnológico contra China. Hay imbéciles enfermos de codicia y quintacolumnistas que creen que con una guerra nuclear se puede arreglar la decadencia de Occidente. El periodismo sigue con su pregón desinformativo compuesto por miedos (sucesos y desgracias a raudales) y entretenimiento (hoy hace frío, mañana menos y pasado calor, más los chismes y especulaciones sobre la política y los políticos en una dinámica lamentable que en periodismo se llama no acontecimiento). 

Encima hay que aguantar el celtiberia show de los dirigentes políticos de la “dictadura democrática”. No me extraña que parte de la ciudadanía deje de consultar los medios de comunicación porque dice que se deprime. Pero, señoras y señores, los medios ofrecen lo que vende y ustedes son los consumidores. A mí me asquea mucho periodismo del que consulto y creo que si existieran colegios profesionales con verdadero poder ejecutivo hay periodistas -de todas las tendencias- que deberían ser llamados al orden muy en serio por falta de rigor. A pesar de mi asco, por el momento sigo aquí, es mi profesión y mi obligación como ciudadano: tragar sapos y hasta pasármelo bien con tanta patochada vestida de progresismo y democracia. 

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