El panorama político español se ha convertido en una incesante 'telenovela' de corrupción. Cada día, nuevos escándalos emergen eclipsando al anterior, y la respuesta política se reduce, lamentablemente, al “y tú, más". Esta dinámica genera un profundo hartazgo en la ciudadanía, donde la percepción de que "todos los políticos son iguales" se arraiga como un mantra persistente.
Esta recurrencia no es una anomalía, sino un síntoma de un problema estructural, de sistema. La corrupción no es un conjunto de incidentes aislados, sino una "forma de gobernar", que ha sido normalizada a lo largo de décadas, donde el propio aparato anticorrupción es ineficaz, lo que es crucial para comprender la magnitud del desafío.
Las raíces de esta corrupción sistémica están en los pactos de la Transición de 1978. La Ley de Amnistía de 1977, imprescindible para la liberación de presos políticos, también concedió impunidad para crímenes del franquismo, dejando intacto el entramado corruptor. Este enfoque, junto con un consenso entre élites que priorizó la estabilidad sobre la creación de mecanismos institucionales robustos para erradicar y prevenir la corrupción, junto a la inviolabilidad del Rey, facilitaron la permanencia de un poder invisible que no se presenta a elecciones pero que sigue obteniendo cuantitativos favores.
Esta arquitectura funcional del poder implica que el sistema no solo facilita, sino que depende de redes informales y clientelares. Los "operadores sin cargo", aunque no ocupan puestos oficiales, poseen una capacidad real para influir en la legislación y la justicia, sustituyendo los principios de transparencia y legalidad. Los casos emblemáticos son la evidencia de este sistema.
El Caso Koldo, Ábalos y Cerdán ha destapado una trama de mordidas y amaños que involucra a figuras clave del PSOE. El Caso Alberto González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, revela un presunto fraude fiscal y falsedad documental; el caso Montoro, una trama organizada, presuntamente, por el mismo ministro de Hacienda para facilitar leyes favorecedoras para las empresas gasistas a cambio de pagos millonarios a la consultora del propio Montoro, Espacio Económico y, la financiación opaca de VOX.
En Andalucía, los contratos sanitarios de Juanma Moreno han desatado un escándalo por el fraccionamiento irregular de adjudicaciones "a dedo" a clínicas privadas, sumando cientos de millones de euros. Las puertas giratorias, donde altos cargos políticos transitan a puestos lucrativos en empresas privadas, son manifestaciones de esta institucionalización del privilegio.
El coste de esta corrupción es devastador. Anualmente, España pierde más de 90.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 8% del Producto Interior Bruto (PIB). Si este dinero se redistribuyera, a cada persona española le correspondería, 1.949 euros al año. Esta cifra equivale a cuatro veces el presupuesto de desempleo, el doble de lo invertido en educación, o el 90% del presupuesto de sanidad. Es un saqueo directo a los servicios públicos esenciales. Andalucía, como "víctima principal", ha sufrido, además, el emblemático Caso ERE, con un fraude de más de 94 millones de euros, y los recientes contratos sanitarios de Juanma Moreno, que suman 458 millones de euros en presuntas adjudicaciones "a dedo".
La dinámica del "y tu más" entre el bipartidismo, PSOE y PP, no es solo una estrategia retórica; es un síntoma de su incapacidad para gobernar de otra manera. Sin embargo, es crucial rechazar la falacia de que 'todos los políticos son iguales'.
Existen políticos, políticas que no se corrompen, que no se amedrentan, que no se callan ni se venden, que demuestran la valentía necesaria para transformar las cosas en favor de la ciudadanía desde una política progresista y que por ello han sido objetivo de las cloacas del estado, el lawfare judicial y los medios corruptos. La corrupción desmejora la democracia y el estado de derecho, afectando a todos sus pilares esenciales, desde la competitividad de las elecciones hasta la administración imparcial. Menos democracia conduce a más corrupción, creando un círculo vicioso que puede culminar en una "captura del Estado por mafiocracias". Es inadmisible.
Frente al cinismo que percibe la corrupción como una "maldición" inevitable, es imperativo afirmar que este flagelo no es insuperable. Para lograr el cambio, se requiere un enfoque multifacético: fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, ya que una democracia fuerte es, por definición, una democracia transparente. Estableciendo una legislación sancionadora fuerte las empresas corruptoras que las castigue de por vida, ilegalizando a los partidos corrompidos si antes ellos mismos no se disuelven como ocurrió con CiU, protegiendo a los denunciantes; garantizando la independencia judicial y fiscal, aumentando recursos; reduciendo aforamientos, eliminando el clientelismo; y fomentando el respeto por lo público a través de la educación y el compromiso cívico.