Los informes remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Tribunal Supremo describen un circuito de presuntas comisiones ilegales que apunta directamente a la empresa Acciona. Según los investigadores, la compañía habría pagado alrededor de 600.000 euros en sobornos —con pagos aún en investigación— a cambio de contratos de obra pública adjudicados entre 2018 y 2021 por valor de unos 500 millones de euros. A día de hoy, la sede de la empresa no ha sido objeto de registro judicial, lo que ha generado una creciente inquietud entre juristas, periodistas y parte de la opinión pública.
Son hechos documentados: 1) Los dos informes incorporados al sumario; la UCO describe indicios de pagos ilícitos canalizados a través de la red de intermediación vinculada al exasesor del Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama; 2) El nombre de Acciona aparece como presunto beneficiario de contratos públicos obtenidos gracias a esas comisiones, que también salpican a otros adjudicatarios como Soluciones de Gestión y las filiales de ACS; 3) Las adjudicaciones investigadas ascienden, según la documentación remitida al juzgado, a más de 500 millones de euros en obras públicas durante el periodo 2018-2021. Y, 4) Se ha incluido un audio en la investigación, aún pendiente de pericia judicial, sugiere que el entonces ministro José Luis Ábalos se habría reunido en 2018 con el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, en el contexto de estas contrataciones.
Mientras, otras empresas, la sede del PSOE y el Ministerio de Transportes del caso han sido objeto de registro por orden judicial, el edificio corporativo de Acciona en Madrid no ha sido objeto de ninguna actuación judicial visible hasta la fecha. Varios penalistas consultados han manifestado que consideran que esta inacción resulta «anómala» y que podría generar una «percepción de desigualdad de trato» en la aplicación de la ley.
Más aún, la compañía ha puesto en marcha medidas internas —entre ellas el cese de empleados implicados, la ruptura de relaciones con empresas vinculadas al caso y el anuncio de una auditoría independiente— que, sin embargo, siendo una forma de cumplimiento normativo es «insuficiente» para garantizar la transparencia y depuración de responsabilidades.
Acciona no ha realizado declaraciones a los medios sobre las informaciones judiciales que la implican. No obstante, en un comunicado remitido, la empresa ha afirmado que «coopera plenamente con las autoridades» y que «no tolera ningún comportamiento contrario a la legalidad». José Manuel Entrecanales, presidente del grupo, no ha hecho declaraciones públicas hasta el momento y, el bipartidismo no hace mención a esa presunta implicación. Tampoco ha habido respuesta de los exdirectivos Fernando Agustín Merino Vera (director territorial Navarra-La Rioja) o Justo Vicente Pellegrini (director de Construcción para España), citados en el sumario como posibles intermediarios y han sido apartados por Acciona por su presunta implicación. El primero ha sido señalado por la UCO como enlace con Santos Cerdán y Koldo García en varias adjudicaciones públicas y, el segundo, la empresa ha alegado como motivo de su cese la «falta de diligencia» en los procesos de licitación investigados y conexión con la red de comisiones ilegales
La justicia, para ser justa, debe parecerlo. Cuando una investigación penal apunta a una trama de sobornos millonarios y la empresa presuntamente favorecida ni siquiera es registrada, el procedimiento queda comprometido. ¿Por qué se ha actuado con contundencia contra otras sociedades menores y no contra uno de los gigantes del IBEX 35? ¿Por qué pesa más el temor a la empresa clave del “caso Koldo” que la obligación constitucional de que todos seamos iguales ante la ley?
La cuestión no es más que exigir que la investigación sea tan rigurosa con los grandes actores económicos y políticos como lo ha sido con los intermediarios menores. El descrédito de las instituciones no lo genera la publicación de los hechos, sino su ocultación o el trato desigual en la instrucción. La igualdad ante la ley no admite excepciones silenciosas.