La imagen de la Justicia con los ojos vendados simboliza un ideal respetable: la imparcialidad. La independencia judicial es el pilar que sostiene ese ideal, garantizando que las decisiones se tomen únicamente con base en la ley, libres de presiones externas. Sin embargo, existe un malentendido persistente y peligroso: la idea de que democratizar el acceso a la carrera judicial y que los distintos extractos sociales puedan acceder en igualdad de oportunidades es contrario a esa independencia e imparcialidad.
Nada podría estar más lejos de la verdad. En realidad, el sistema actual de acceso, dominado por quienes poseen ventajas económicas y pertenecen a sectores homogéneos, es el que socava profundamente, la verdadera independencia e imparcialidad de la judicatura.
Un poder judicial percibido como un club cerrado, accesible solo para una élite económica y social, carece de la legitimidad democrática esencial para ejercer su autoridad con eficacia. Cuando la ciudadanía no se ve reflejada en quienes la juzgan, cuando percibe que los jueces provienen de un mundo ajeno a sus realidades, la confianza en el sistema se erosiona. Una judicatura que refleje la pluralidad social – en género, origen socioeconómico, cultura, experiencias vitales – gana en legitimidad.
El sistema actual se vende como de méritos. Pero ¿qué mérito hay en un sistema donde la línea de salida está profundamente desnivelada? La capacidad de pagar años de preparación exclusiva en academias privadas, de disponer de redes familiares o sociales dentro del mundo jurídico, o de poseer un capital cultural que encaje perfectamente con el modelo tradicional de juez, no son méritos intrínsecos. Son privilegios socioeconómicos que actúan como filtros excluyentes. Democratizar el acceso significa establecer mecanismos que nivelen el terreno de juego: becas integrales y de excelencia, formación pública de alta calidad accesible a todos, criterios de selección que valoren no solo el conocimiento teórico abstracto, sino también la experiencia vital diversa, el compromiso social y la comprensión profunda de realidades complejas. El objetivo no es "bajar el nivel", sino elevarlo al identificar y captar el mejor talento allí donde se encuentre, independientemente de su origen. Una judicatura compuesta por las personas más capaces, éticas y comprometidas, seleccionadas de un espectro social amplio, será intrínsecamente más fuerte, más competente y, por tanto, más independiente en su ejercicio técnico y ético.
El derecho no opera en el vacío. Se aplica a conflictos humanos, sociales y económicos de enorme complejidad. Una judicatura homogénea, formada en circuitos similares y con experiencias vitales parecidas, tiene una limitación inherente para comprender la totalidad de esa complejidad. Esto empobrece la jurisprudencia. Las interpretaciones legales pueden volverse formalistas, desconectadas de las consecuencias reales sobre vidas diversas. Democratizar el acceso inyecta savia nueva al árbol de la jurisprudencia. Jueces y juezas con orígenes diversos aportan experiencias, sensibilidades y conocimientos distintos a la deliberación judicial. Esto permite una interpretación de la ley más rica, matizada y adaptada a las necesidades cambiantes de la sociedad.
El principio de igualdad ante la ley es la piedra angular de cualquier sistema democrático. Sin embargo, este principio se convierte en una mera declaración retórica si quienes están encargados de aplicarla provienen, mayoritariamente, de un mismo estrato social privilegiado y han accedido a su posición gracias, en buena medida, a las ventajas inherentes a ese estrato. La percepción de que la justicia es "clasista" o "ajena" mina la cohesión social y alimenta la desconfianza. Un sistema de acceso verdaderamente justo es el primer paso para garantizar que la igualdad ante la ley sea material, no solo formal. Implica que quienes juzgan puedan entender, desde diversas perspectivas, las desigualdades que afectan a las partes en conflicto y aplicar la ley con la sensibilidad y el rigor necesarios para corregirlas cuando sea posible. Esta percepción de justicia material fortalece enormemente la independencia del sistema, al reducir el espacio para acusaciones fundadas de parcialidad sistémica y aumentar el respaldo social a sus decisiones.
La defensa del statu quo en el acceso a la judicatura, vestida de defensa de la independencia judicial, constituye, en sí misma, una forma de dependencia ideológica y un obstáculo a la verdadera imparcialidad. Permitir que solo sectores conservadores y económicamente privilegiados monopolicen el acceso a la toga no preserva la independencia; la corrompe desde su base, convirtiendo la judicatura en una institución que, inconscientemente o no, tiende a reproducir y proteger la visión del mundo de quienes la controlan.
Democratizar el acceso – mediante políticas activas de igualdad de oportunidades, apoyo económico real, formación pública de excelencia y criterios de selección que valoren la diversidad, el mérito real y la ampliación del "cuarto turno" incluyendo a la carrera fiscal, enriquece la judicatura con perfiles de experiencia diversa. Es construir una justicia más legítima ante los ojos de la ciudadanía, más rica en su pensamiento jurídico, más competente por aprovechar todo el talento disponible. La independencia judicial no se nutre del aislamiento elitista; se fortalece con las raíces profundas en la democracia plural a la que debe servir.