El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha emitido una nueva providencia en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de Covid-19. La causa se inició tras una querella presentada por el PSOE y se centra en la utilización del procedimiento excepcional previsto para situaciones de emergencia sanitaria.
La jueza instructora ha ordenado requerir nueva documentación relacionada con el contrato de obras de emergencia llevado a cabo en el antiguo hospital militar Vigil de Quiñones de Sevilla, actualmente conocido como Doctor Muñoz Cariñanos. Este centro fue habilitado de forma específica para atender la expansión del coronavirus y la documentación solicitada incluye detalles sobre la finalización de las obras.
La resolución, fechada el 21 de mayo y adelantada por El Correo de Andalucía, reclama información al SAS, a su asesoría jurídica, a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios, así como a la Intervención General de la Junta de Andalucía. La investigación judicial tiene como principales investigados a la actual gerente del SAS, Valle García, y a los ex directores del organismo Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.
Entre los documentos requeridos figuran varios informes elaborados por la asesoría jurídica del SAS entre julio de 2021 y agosto de 2022. Todos ellos fueron firmados por una misma letrada de la administración sanitaria y analizan distintos aspectos de las contrataciones de emergencia. Uno de los informes, fechado en diciembre de 2021, abordaba la posibilidad de prorrogar contrataciones para estancias en medicina interna y cuidados intensivos. Otro, de agosto de 2022, trataba sobre la ampliación de contrataciones de servicios sanitarios mientras se resolvían nuevos procesos de licitación.
La petición del juzgado
El juzgado también ha solicitado al SAS que detalle todos los contratos tramitados por procedimiento de emergencia por sus servicios centrales, amparados en el artículo 9 del Decreto-ley 3/2020 del Gobierno andaluz. Esta norma fue aprobada durante el primer estado de alarma para agilizar las actuaciones administrativas ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
La providencia exige además información sobre la capacidad y solvencia de los adjudicatarios, los criterios de fijación de precios, las facturas emitidas, posibles prórrogas, ampliaciones de crédito o plazos, así como los pagos efectuados en cada uno de los contratos. El objetivo es conocer en detalle el desarrollo completo de estos expedientes desde su adjudicación hasta su cierre.
