Recientemente, la Asamblea de la República portuguesa aprobó en primera lectura, con los votos favorables de los partidos de derecha tres proyectos de ley que, en la práctica, desmantelan el sistema de autodeterminación registral de género vigente desde 2018.
La Ley Nº 38/2018 fue pionera en Europa: permitía a cualquier ciudadano portugués mayor de dieciocho años cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil mediante una simple declaración de voluntad, sin necesidad de diagnóstico médico ni informe psicológico. Para menores de dieciséis y diecisiete años bastaba con el consentimiento parental y un informe que acreditara únicamente la "capacidad de decisión", sin exigir diagnóstico clínico alguno. Era, en términos coloquiales, la llave maestra del cambio de sexo registral en Europa occidental.
Los derechos de las mujeres y menores a examen
Ocho años después, ese modelo ya no convence ni a quienes lo impulsaron. Los tres proyectos aprobados proponen reintroducir la validación médica obligatoria por equipos multidisciplinares para acreditar una incongruencia de género real; prohibir con carácter total los bloqueadores de pubertad y las terapias hormonales en menores de dieciocho años. Y, a efectos de proteger los derechos de las mujeres basados en el sexo, reservar el criterio del sexo biológico para ámbitos especialmente sensibles como el deporte, los centros penitenciarios y los espacios de protección de mujeres víctimas de violencia o por razón de intimidad.
Prohibición de tratamientos hormonales y quirúrgicos a menores
En los últimos tres años, varios países han revisado en profundidad sus políticas de atención a menores con disforia de género. El Reino Unido publicó el informe Cass,, cuyos resultados cuestionaron la solidez de la evidencia científica que sustentaba los tratamientos hormonales en menores. A raíz de estas conclusiones, Suecia, Finlandia, Noruega, Irlanda y Australia adoptaron restricciones similares y Dinamarca ha elevado la edad mínima para acceder al cambio registral. Estados Unidos ha tomado medidas significativas que prohíben la transición de género en menores, tanto a nivel estatal como federal, especialmente tras las acciones de la administración de Donald Trump y decisiones de la Corte Suprema en 2025.
El Informe Cass se basó en el análisis exhaustivo de 113.269 expedientes clínicos de menores y jóvenes en dieciocho países, junto a una amplia revisión de la literatura médica. Su objetivo era identificar las causas de la disforia de género y evaluar la idoneidad de la atención sanitaria que el sistema británico ofrecía a los menores autoidentificados como trans.
Entre sus conclusiones, el informe evidenció que el incremento de casos de disforia de género en menores está estrechamente relacionado con factores psicológicos, sociales y traumáticos. Según los datos evaluados, el 39% de los adolescentes que se autoidentifican como trans ha sufrido abuso físico y el 20% abuso sexual, porcentajes aún mayores en el caso de las niñas. Una parte significativa de estos menores presenta, además, vulnerabilidades previas: condiciones dentro del espectro autista, orientación homosexual o bisexual, o trastornos como depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y otras dificultades de naturaleza psicológica y social.
Por estos motivos, el Informe Cass subraya la importancia de proporcionar intervenciones psicológicas exploratorias que permitan comprender el origen del malestar antes de considerar tratamientos médicos irreversibles. Las conclusiones también llevaron a prohibir el uso de bloqueadores de la pubertad, tras constatarse sus efectos adversos y la falta de evidencia robusta que respalde su eficacia.
El modelo portugués de 2026: sin derechos recortados, con garantías añadidas
Los proyectos pasan ahora a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento portugués para su discusión en detalle. La aprobación no es definitiva pero el sentido del voto parlamentario por la mayoría que lo respalda, indica que Portugal está rectificando por decisión democrática del Parlamento y procederá a la derogación.
Lo que propone Portugal no es eliminar la posibilidad de cambio registral de género, pues en ninguna de las tres iniciativas aprobadas en primera lectura suprime ese derecho. Lo que hacen es condicionar su ejercicio a un proceso de evaluación clínica por profesionales de la salud, un requisito que existe para muchos otros actos jurídicos de consecuencias permanentes a fin de garantizar la seguridad jurídica.
Un diagnóstico de incongruencia de género emitido por un equipo de profesionales de la Medicina y Psicología servirá para acreditar que la decisión responde a una realidad estable y no a una situación circunstancial o, a una estrategia para burlar otras normas.
La encuesta de Amanda en España
Los resultados de la encuesta realizada por la Agrupación Amanda a 476 familias con hijos e hijas que se han identificado como trans muestran varios patrones relevantes. Una parte considerable de estos menores presentaba situaciones de vulnerabilidad previas a manifestar sentirse del sexo opuesto: un 77% había experimentado traumas, un 67% mostraba dificultades de socialización y un 65% presentaba neurodivergencias o trastornos psicológicos.
1. Este es el cartel que presentamos en el último Congreso de @DoFemCo el pasado febrero y con el que ganamos el primer premio. Esta basado en el analisis recogido de los datos de las casi 500familias de Amanda que contestaron a nuestra encuesta. pic.twitter.com/SMvcqz8vwX
— Agrupación AMANDA (@Amanda_DGIR) March 18, 2026
Entre 2021 y 2025, el estudio registra que el 30% de las chicas y el 21% de los chicos desistieron posteriormente y volvieron a identificarse con su sexo. Asimismo, en el 60% de los casos los centros educativos cambiaron el nombre del alumno sin comunicarlo previamente a los progenitores, y en el 70% de los casos este cambio se realizó sin que las familias firmaran autorización alguna. La mitad de las familias participantes señala haber vivido experiencias negativas en el proceso, incluyendo situaciones en las que se percibieron amenazas de activar la intervención de los servicios sociales.
La necesidad de que España derogue la ley trans
Portugal ha decidido rectificar, y lo ha hecho a través de un Parlamento democrático, con debate público, mayoría suficiente y argumentos jurídicos y sanitarios sólidos. Esperamos que España siga la senda portuguesa y derogue la fraudulenta ley trans, afectada de inconstitucionalidad por vulnerar el principio de no discriminación de las mujeres, vaciar la eficacia de las leyes específicas que las protegen y, entre otros motivos esenciales, por situar a los menores vulnerables en un grave riesgo para su salud y dejar a sus familias en una posición de indefensión.
El Partido Popular ha anunciado que derogará la ley trans si accede al Gobierno. Entretanto, podría anticipar su voluntad política impulsando la derogación de las leyes trans autonómicas en las comunidades donde ya gobierna, así como revisando y, en su caso, suprimiendo, los protocolos sanitarios y educativos que validan y fomentan la disforia de género en menores de edad.